Un juzgado de Vigo ha condenado a Caixa Bank a devolver a un cliente los 2.559 euros que le fueron sustraídos en una operación fraudulenta con su tarjeta, que tenía un límite de 2.500 euros.

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 ha estimado que la entidad bancaria incumplió lo estipulado en el contrato, al permitir extraer 59 euros más que el límite que el cliente había establecido.

Sergio Silva, abogado defensor y experto en Derecho financiero, afirma que es la primera vez que le dan la razón en primera instancia en este tipo de litigios, “algo que no me ha ocurrido en otros casos”.

El cliente recibió en 2021 un correo electrónico “supuestamente” enviado por la entidad bancaria en el que le instaban a actualizar su tarjeta. “Aparentemente tenía los mismos colores y el logotipo y el afectado pinchó en el enlace y dio los datos de su tarjeta”, describe Silva.

Ese mismo día recibió un SMS en el que le informaban de que se había realizado una operación de 2.559 euros, lo que le llevó a interponer varias quejas en el banco y varias denuncias en comisaría. El servicio de atención al cliente siempre le aseguró que el cargo no se iba a realizar, pero se hizo efectivo tres meses después.

Pero el abogado afirma que, aunque el banco alegó que el cliente fue objeto de un fraude conocido como phising, la sentencia judicial entiende que no ha quedado probado dicho fraude, al no aportar copia del correo electrónico, ni del SMS que recibió.

“No pudimos adjuntar el SMS que le llegó del supuesto banco porque lo había borrado”. Por eso, el abogado recuerda la importancia de no eliminar nunca las comunicaciones que se reciban, porque los otros indicios no fueron suficientes para el juzgado.

Esta sentencia, contra la que no cabe recurso, impone además al banco los intereses legales desde la primera reclamación y las costas.

El Ministerio de Justicia ha completado la implantación, en todo el territorio nacional de su competencia, de ACCEDA-JUSTICIA, un sistema que permite la tramitación digital de documentos que excedan el límite de capacidad de 30 MB del sistema LexNET.

Está disponible en la ACCEDA-JUSTICIA (https://acceda.justicia.es/)y amplía y mejora los servicios digitales para los operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de LexNET. Estos profesionales ya no tendrán que dirigirse físicamente al órgano judicial para aportar la documentación que exceda de 30 MB, sino que podrá solucionarlo por vía telemática.

Para utilizar el servicio hay que disponer de una identificación mediante certificado digital o con el sistema cl@ve. El procedimiento para adjuntar la documentación que exceda de los 30 MB se realiza tras la habitual presentación del documento principal a través de LexNET.

Hasta este momento, ya se han remitido más de 4.300 expedientes a través de este sistema, alcanzándose un tamaño de 4 GB. Cada mes se aumenta en un 20% su uso, llegando a casi 1.000 envíos en el mes de junio. Esto es especialmente útil en el caso de material de audio y vídeo, que por tener mayor tamaño obligaba a ser llevado en mano.

A la vez, se sigue avanzando en la implantación de esta tramitación fuera del territorio Ministerio: desde abril el sistema está disponible en los tres partidos judiciales de la Rioja y en junio se han iniciado las pruebas para un proyecto piloto en Galicia.

Hablar de dinero con los clientes puede ser incómodo y los abogados muchas veces se muestran reacios a hacerlo. A esto se une que la venta de servicios es algo intangible y hay cierta dificultad para trasladar su coste. Pero el abogado Alfredo Sánchez Rubio se muestra tajante: “Desde el primer momento hay que hablar del tema económico”, ha asegurado en la Conferencia de los lunes sobre ‘Fórmulas de facturación y el control de costes en los despachos de abogados’.

Como ha explicado Sánchez Rubio, igual que “tenemos la obligación de formarnos en materias jurídicas, también debemos tener una estrategia de despacho como operador económico”, para lo que es importante saber cómo hay que facturar.

La pregunta muchas veces es, ¿cuánto cobrar a nuestros clientes? ¿Y cómo hacerlo? Sánchez Rubio propone hacer en primer lugar un ejercicio de autoconocimiento, porque no todos los despachos son iguales ni tienen las mismas necesidades. Para ello, hay que responder a preguntas del tipo: ¿soy un abogado de clientes o de asuntos?; ¿debo cobrar la primera consulta? (para esto no una respuesta fija, “cobrar o no la primera consulta depende de la estrategia de despacho. Creo que tan válido es cobrar la primera consulta como no cobrarla”, ha destacado); Y algunas de las cuestiones más importantes: ¿Sé cuántas horas trabajo en el año? ¿Las cobro todas? ¿Sé cuánto debería cobrar por cada hora para que sea considerado rentable? ¿Sé con qué clientes pierdo dinero?

Tras responder a estas preguntas, es hora de calcular los costes internos: a través de una hoja de Excel, podemos saber el precio de cada hora que trabajamos. Se trata de una cifra orientativa, ha aclarado, pero es importante conocerla para ver qué asuntos nos resultan rentable y cuáles no, ya que “nuestra materia prima es el tiempo y hay que darle el valor que tiene. Muchas veces lo regalamos”.

Una propuesta de honorarios no tiene por qué ser un documento extenso, incluso se pueden encontrar modelos en internet, pero sí es importante prever cuáles son las actuaciones incluidas, pero también las que se excluyen. Y también es muy significativo incluir la cláusula sobre modificación de condiciones. Además, recomienda establecer una serie de hitos a lo largo del proceso para ir cobrando de forma paulatina, sin esperar a que termine todo el procedimiento. “Para el dictado de sentencia normalmente ya tengo todos los hitos cobrados”, ha afirmado.

Por último, ha enumerado tres tipos de propuestas para facturar, todas con ventajas e inconvenientes en función del tipo de despacho y del tipo de procedimiento: propuesta cerrada, propuesta por horas; y propuesta a éxito. En su opinión, la propuesta ideal participaría de las características de las tres.

El servicio de Expediente de Nacionalidad ha incluido modificaciones en su formulario de solicitud con el objetivo de mejorar y agilizar su tramitación.

Entre los cambios, se incluye una nueva pestaña de “Datos de inscripción”, que permitirá especificar los datos con los que se inscribirá al interesado en el Registro Civil. Otros cambios relevantes son:

En el “Motivo representación”, cuando el interesado tenga un representante legal, además del representante voluntario (abogado), se deberá indicar el motivo por el que se requiere esta representación.
Respecto a los consentimientos, se elimina la casilla para el consentimiento de consulta al Registro de Penados y se añade una nueva casilla para el consentimiento de consulta de titulaciones académicas que eximan del DELE o CCSE
A partir de ahora, “Refugiado” y “Apátrida” serán dos situaciones diferentes. Hasta ahora se agrupaban como una misma situación.
Desde su puesta en marcha, este Expediente ha desarrollado diversas mejoras, como la incorporación del formulario de jura, que permite agilizar los trámites y evitar una personación del declarante.

El servicio de Expediente de Nacionalidad por residencia permite a los abogados gestionar la nacionalidad por residencia de sus clientes. Este servicio surge de un Convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia. Los Colegios de Abogados deberán adherirse al Convenio para que sus colegiados puedan utilizar esta plataforma. Hasta el momento, 40 Colegios se han adherido al mismo, de los que 27 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. En total, se han gestionado ya 10.000 expedientes a través de esta plataforma.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife dedicará el 1% de su presupuesto para ayudar a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma. La donación asciende a 20.512,93€.

Cada año, la institución reserva el 1% del presupuesto colegial para donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro que destinen dichos fondos a fines sociales. Este año, y ante la dramática situación que están viviendo los habitantes de La Palma, se ha acordado hacer uso de este fondo para ayudar a las personas que han sufrido pérdidas económicas importantes por la erupción volcánica del pasado 19 de septiembre.

Además, pone a disposición del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma todos los recursos profesionales que puedan necesitar.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por mayoría la prisión permanente revisable tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE contra la medida aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La prisión permanente revisable fue introducida en la modificación del Código Penal en 2015, cuando Alberto Ruiz-Gallardón ocupaba el Ministerio de Justicia. Varios grupos de la oposición presentaron entonces un recurso de inconstitucionalidad contra la misma por considerarla “inhumana”.

“El Tribunal Constitucional ha declarado en el día de hoy que la modificación del Código Penal efectuada en el 2015 y que introdujo la prisión permanente revisable es conforme a la Constitución”, afirmó el TC en un comunicado.

Esta pena, que salió adelante sólo con los votos del PP, se ha aplicado en casos de gran relevancia social y mediática como el del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos para posteriormente descuartizar los cadáveres; o el del asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’. Ambas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación.

Según Europa Press, el Constitucional ha acordado por siete votos a favor y tres en contra validar la medida privativa de libertad, tal y como proponía la ponente de la sentencia, la magistrada Encarnación Roca.

Jornadas laborales interminables, interrupciones, sobrecarga de trabajo, multitarea… Así es la vida diaria de las abogadas y abogados con hijos.

A Rosa Manrubia, abogada en Cartagena, hubo un acuerdo que le costó muchísimo cerrar. Y no porque las posturas fueran irreconciliables, sino porque mientras hablaba por teléfono con su colega estaba también pendiente de su hijo de 21 meses, que jugaba a su lado. “Y mi colega también estaba con su hija, así que teníamos que cortar la llamada continuamente”, cuenta. Manrubia, de 40 años, está al frente de su propio despacho y no se puede permitir rechazar ningún caso: “Aquí el cliente que entra con el despido, luego te da el divorcio”.

Esa escena de la llamada ejemplifica perfectamente las dificultades a las que se están enfrentando muchas abogadas y, en menor medida, abogados para seguir trabajando durante la pandemia, con confinamientos, cuarentenas y niños en casa sin ir al colegio.

Rosa, al ser autónoma, no ha notado diferencia en materia de conciliación laboral con la nueva ley del teletrabajo, y no cree que la solución sea trabajar desde casa mientras cuida de su hijo. Lo mismo opina Cristina Díaz – Malnero, presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, madre de dos hijas de 10 y 9 años, que compagina su faceta institucional con los casos en el despacho y la atención a su hogar: “El teletrabajo es un engaño, no se puede trabajar con los niños en casa, sin hablar de que la mayor carga de trabajo recae sobre la mujer”.

Ella misma confiesa que, aunque comparta las labores de la casa con su marido –también abogado-, cuando tiene que viajar, deja todo preparado: “Coloco la ropa de los niños por días con etiquetas y dejo horarios de clases y extraescolares por escrito”.

Y es que la organización familiar y el cuidado de los hijos sigue recayendo en gran medida sobre las mujeres, algo que se ha acentuado incluso con la pandemia. Según una encuesta de la asociación Yo no Renuncio, “cuando un niño o niña está obligado a mantener cuarentena preventiva, son las mujeres las que se encargan de cuidarlos en el 80% de los casos”. Y la corresponsabilidad no solo no ha mejorado (según esa misma encuesta, se ha mantenido igual en el 73% de los casos), sino que incluso ha empeorado (en el 11%), con lo cual sigue siendo una asignatura pendiente. Muchas veces no tanto por la falta de voluntad de los padres, sino por la presión social, como nos cuenta el abogado penalista de Barcelona Pol Olivet, padre de dos hijos de 10 años y de seis meses: “Se pretende que el padre abogado, tras el parto, se desatienda del progenitor y vuelva cuanto antes al juzgado”. Por ello, como dice Cristina Díaz – Malnero, “El cambio debe pasar por una toma de conciencia de nuestra sociedad”.

Para fomentar la corresponsabilidad y facilitar la conciliación, los abogados entrevistados para este reportaje reclaman una reforma de la normativa que permita, como señala Olivet, “parar los plazos procesales ante causas personales”. “Colegios y Ministerios de Justicia nos tienen que ayudar en materia de suspensión de plazos”, afirma Rosa Manrubia.

De esas reivindicaciones sabe mucho Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que ha ejercido la abogacía durante 44 años. “Los hombres me daban envidia porque llegaban frescos a los juzgados, mientras que nosotras llegábamos sofocadas porque antes de la vista habíamos tenido que dejar atendidos a los niños, con el desayuno encima de la mesa o en la puerta del colegio”, recuerda. Y aunque reconoce que se ha avanzado mucho, afirma que “la sociedad tiene que estar con las mujeres para que ejerzan su profesión”.

La dificultad de trabajar con niños pequeños en casa hace que muchas madres y padres se vean obligados a hacerlo cuando sus hijos duermen, a altas horas de la noche o de madrugada. “Con el teletrabajo se está fomentando la hiperconectividad”, advierte Olivet, quien también señala que se corre el riesgo de “convertir la total disponibilidad en la abogacía en una rutina”.

Con la pandemia Ana Garnelo ha visto reducidas considerablemente sus horas de sueño. Madre de dos hijos de cuatro años y de 17 meses y al frente de un despacho propio en Ponferrada, estira las 24 horas del día todo lo que puede. “Priorizo mucho pasar tiempo con mis hijos y duermo menos porque trabajo cuando se acuestan”. Su situación es aún más complicada, ya que asume la total carga de sus cuidados, al vivir su pareja en otra ciudad. A pesar de que Ana ha conseguido, como ella misma califica, “ir sobreviviendo” día a día, se ha visto cuestionada por el simple hecho de tener hijos. “Que una madre no atienda a tiempo completo a sus hijos está mal visto y percibo que las abogadas que somos madres estamos un poco denostadas, se piensa que no podemos trabajar al mismo nivel que los que no tienen hijos” lamenta.

La abogada murciana Rocío Arregui, tres hijos de 10, siete y dos años, también se ha enfrentado a esos prejuicios: “Llevo años protestando contra la falta de conciliación familiar, máxime cuando eres mujer y madre y cuando optas por la lactancia materna y decides disfrutar un permiso de maternidad”.

Y durante esta pandemia está ‘sobreviviendo’ lo mejor que puede: “La conciliación, tras la crisis sanitaria, ha quedado relegada a un quinto plano. En Murcia hay un día a la semana en el que los niños no van al colegio, lo que te obliga ese día a teletrabajar y ejercer de madre y profesora. En casa hemos intentado que las mañanas cundieran mucho y sacar ratos por las tardes o por las noches a turnos para conciliar” explica.

Y coincide con sus otras colegas en las dificultades para ejercer su profesión: “Ser madre abogada y teletrabajar conlleva muchas interrupciones y te amplía la jornada laboral, aunque mi pareja y yo nos corresponsabilizamos en los cuidados, las madres tenemos un papel principal, que no tienen los padres y nos ocasiona una carga mental muy grande”.

Tecnos y Pirámide, editoriales del grupo Anaya, ya forman parte del catálogo de la Bibilioteca Digital Abogacía. Se trata de uno de los grandes proyectos del Consejo General de la Abogacía que camina en el entorno digital y que pretende convertirse en el buscador jurídico de referencia de la profesión.

En sus casi dos años de vida ha incorporado los contenidos de instituciones como el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Trabajo y Economía Social y se ha adherido, recientemente, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE). La Biblioteca Digital también ofrece el contenido de las editoriales Jurídicas como Aranzadi – Thomson Reuters, Tirant Lo Blanch, Iustel, Dykinson, Trotta o Colex.

La firma de estos acuerdos enriquece el catálogo de la Biblioteca y permite ofrecer contenidos de calidad e interés para los abogados. Entre los documentos disponibles hay libros, revistas, artículos, ensayos y otros contenidos que engloban todas las grandes áreas de conocimiento del Derecho, con la comodidad de poder acceder desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador o mediante aplicación en tablet o móvil, disponible para Android e iOS.

La Biblioteca sigue el funcionamiento de una biblioteca tradicional, con parte de sus contenidos disponibles en préstamo durante un periodo de tiempo determinado.

El nuevo contrato aporta al colectivo profesional unas condiciones más ventajosas tanto en las primas y franquicias, como en los límites de siniestros

El Colegio de Abogados de Granada ha firmado una nueva póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional con la compañía Seguros Catalana Occidente S.A., de la mano del corredor Mediterránea Broker S.L., que permitirá en gran medida conseguir un considerable ahorro en primas, sin dejar de lado las coberturas y garantía con las que la Corporación ya contaba anteriormente.

“Hemos optado por esta propuesta porque, tras un análisis profundo y riguroso de las diferentes condiciones presentadas por la Junta de Gobierno, consideramos que se trata de la más ventajosa y adecuada tanto para los colegiados, como para el propio Colegio”, ha comentado el decano, Leandro Cabrera, durante el acto de rúbrica del nuevo condicionado, en el que ha estado acompañado por el vicedecano, Antonio Mir; el tesorero, José Miguel Zurita; y el secretario, Guillermo Padilla, por parte del Colegio; así como el supervisor de zona de Catalana Occidente Canal Corredores, Francisco Javier Duratti, y el gerente de Mediterránea Broker, Carlos Maldonado, quienes han agradecido la confianza depositada por el Colegio de Abogados de Granada y han mostrado su disposición a prestar el máximo servicio a la Corporación y sus integrantes.

En concreto, la póliza –que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2021- contempla una prima neta anual para 2021 que supone un 26,19% de ahorro anual respecto a la anterior póliza y eleva el límite máximo por siniestro y asegurado hasta los 1.100.000 euros, con unas condiciones de franquicia también más ventajosas para los colegiados. En cuanto al acuerdo de larga duración (LTA), para garantizar el sostenimiento de la póliza en el tiempo se han aceptado condiciones de renovación para los ejercicios 2022 y 2023, estando la prima en estos casos condicionada a la siniestralidad de los ejercicios 2021 y 2022. Por ello, el decano ha aprovechado la firma de la nueva póliza para hacer un llamamiento a la responsabilidad y buen uso de este servicio por parte de los colegiados.

¿Con qué recursos jurídicos cuentan las empresas para hacer frente a los daños provocados por una intervención administrativa en la economía? ¿Qué modalidades de intervención pública existen? ¿Cómo se evalúan los daños que se pueden causar, según sean como consecuencia de una norma, de una ayuda o subvención o de una intervención económica?

Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en la próxima Conferencia de los Lunes, organizada por el Consejo General de la Abogacía, que se celebra el próximo 21 de septiembre en formato online, a cargo de Darío Canterla Muñoz, jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. La jornada se desarrollará de 16:30 a 18:00 horas.

Bajo el título “Remedios ante los daños producidos por la intervención administrativa en la economía: algunos problemas y soluciones” el ponente analizará las dificultades para hacer frente a los daños que se pueden producir ante actuaciones de la administración, con especial atención a los provocados por la regulación normativa de una actividad económica, el otorgamiento de ayudas o la realización de una actividad económica de carácter empresarial por parte de la Administración directamente o través de sus entes personificados.

Además, en cuanto a las vías para resarcir ese daño, el ponente tratará sobre los problemas para reaccionar eficazmente, por ejemplo, como competidores de una empresa ayudada, contra esas acciones. Y en este sentido hará referencia al posible control por la CNMC, por la Comisión Europea, a los procesos de recuperación de subvenciones, y a las acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa que en todo caso constituyen un “camino estrecho y sembrado de dificultades”, según explica Darío Canterla.

También hará mención de los problemas de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando estamos ante violación de normas de derecho europeo y la compleja solución de estos daños que se encuentra con la doctrina del “riesgo regulatorio”. Y finalmente, el ponente también tratará el recurso al arbitraje internacional en materia de protección de inversiones y la problemática que suscitan estas vías, completando así el paisaje “desolador o cuanto menos preocupante” con el que se enfrenta una empresa cuando pretende reaccionar frente a los daños producidos por la intervención regulatoria del Estado.

A la Conferencia se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita a través del siguiente enlace https://www.formacionabogacia.es/course/view.php?id=526

La retransmisión se realizará a través de Microsoft Teams