Las consecuencias económicas de la larga pandemia causada por el Covid-19 van mucho más allá de los ERTEs en empresas, ya que en muchos casos los negocios se han visto obligados a echar el cierre en sucesivas ocasiones según han ido evolucionando las sucesivas olas de contagios desde que comenzó el primer estado de alarma el pasado mes de marzo. Bares, restaurantes, gimnasios, salas de cine, centros comerciales, hoteles, agencias de viaje… muchos han visto aumentar exponencialmente sus pérdidas o se han arruinado por los continuos cierres o restricciones de aforo y horarios que se han ido produciendo, primero a nivel estatal, ahora a nivel autonómico, desde que se declaró el segundo estado de alarma.

Por ello, el auto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió el pasado martes, en el que establecía de forma cautelar la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta tasa de incidencia del Covid-19, ha abierto una puerta a la esperanza especialmente para la restauración. En su respuesta al recurso presentado, el TSJ vasco considera que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad, y recuerda que tras la “relajación” de las medidas en las fechas navideñas los epidemiólogos atribuyen el 80% de los contagios a los encuentros familiares y entre amigos.

Leire Lertxundi Beristain, abogada de Sunion Abogados, despacho socio de la firma Hispajuris en San Sebastián que llevó el caso ante el TSJ, recuerda que la normativa exige que las medidas a adoptar por el Gobierno Vasco deben estar justificadas y ser proporcionadas a la finalidad que persiguen, siendo “quien adopta la medida quien debe justificar esta proporcionalidad”. En este caso concreto, apunta que solo se recurrió “el cierre de la hostelería en municipios denominados en ‘zona roja’”, y no las otras medidas relativas a horarios, aforos, uso de mascarilla, distancia o ventilación…”. Finalmente, “la conjugación de los intereses en conflicto hace que la sala entienda que la apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”, por lo que se accedió a la medida cautelar, si bien el propio auto señala que estas medidas pueden ser modificadas o revocadas en función de las circunstancias.

UN ALICIENTE PARA OTRAS CCAA

Tras esta decisión, y aunque previsiblemente será recurrida, se espera que muchas Comunidades Autónomas sigan la estela de la hostelería vasca y hagan lo mismo ante sus TSJ. Por el momento, están pendientes de decisión en Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana, donde ya se han presentado recursos para la reapertura. En Andalucía y Asturias varias asociaciones ya han anunciado su intención de seguir la misma estela. Sin embargo, otras iniciativas similares anteriores no han tenido éxito y se han desestimado, caso de Aragón, Cantabria o Navarra. ¿Cuál es entonces la clave que hace decantarse a los tribunales por estimar las pretensiones de los sectores afectados? En el caso del País Vasco, el recurso se basó en datos, según explica Leire Lertxundi: “para acreditar la desproporción de la medida en relación con la finalidad que se persigue se aportaron gráficos realizados a partir de los datos del propio Gobierno Vasco que demuestran que la apertura de la hostelería con las medidas que no han sido recurridas no supuso un incremento de contagios. Por el contrario, la tasa de incidencia acumulada en el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca bajó durante los primeros quince días desde la adopción de estas medidas que supusieron la reapertura de la hostelería”.

En este mismo sentido apunta Vanessa Fernández Ferré, socia del despacho HispaColex y directora del departamento de Derecho Administrativo de este despacho, miembro igualmente de Hispajuris en Málaga: “el principal fundamento jurídico de la concesión de la medida cautelar del TSJPV se encuentra en que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”. Por ello, considera que este auto “resulta de vital importancia para el conjunto del sector de la hostelería y restauración de todo el país, sentando un importante precedente en aquellas Comunidades Autónomas donde no aparezca suficientemente motivada o justificada la medida de cierre de establecimientos de hostelería en relación con el incremento de casos positivos por Covid-19”.

TRAS LOS HOSTELEROS, OTROS SECTORES

Los hosteleros han sido los profesionales que más se han movilizado en los últimos tiempos, al considerar que se les ha estigmatizado por considerarlos un foco de alto riesgo de infección a pesar de cumplir la normativa sanitaria. Los continuos cierres que se han producido a lo largo de éste año –que para muchos han sido definitivos- han motivado protestas y manifestaciones que finalmente han derivado en recursos antes la justicia. Pero no han sido los únicos. Los gimnasios, otros de los grandes señalados durante los peores momentos de la pandemia y que también han sufrido cierres y restricciones, se han movilizado contra estas restricciones y posiblemente serán los siguientes. Vanessa Fernández señala que los argumentos esgrimidos en el auto del TSJPV “resultarían extrapolables al resto de sectores, ya que todos ellos se encuentran sometidos en las distintas Comunidades Autónomas a importantes medidas regulatorias de aforo, distancias mínimas, uso obligatorio de mascarilla, uso de gel…, lo que sumado a que no constan estudios exhaustivos que determinen donde se encuentran las principales causas o focos de contagio, lleva a considerar la imposibilidad de decretar cierres indiscriminados de los establecimientos comerciales abiertos al público”.

INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS: EL SIGUIENTE PASO

Tras la petición de apertura de negocios, el siguiente paso que se plantea es el de las demandas por daños y perjuicios causados por los cierres. La asociación Hostelería de España, a través del despacho Écija, han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional, mientras que la Plataforma LaHosteleríaDeTodos.org –que acumula ya más de 1.500 bares y restaurantes adheridos- tiene la intención de presentar demandas en grupos de 50 ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas de manos de Cremades & Calvo Sotelo. A nivel autonómico, tras el auto del TSJPV, Sunion Abogados también está preparando reclamaciones patrimoniales en vía administrativa de las tres Asociaciones de Hostelería del País Vasco que instaron la medida cautelar. Los gimnasios, por su parte, harán lo propio con el despacho Broseta, a través de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNIC).

En el caso de reclamaciones de indemnizaciones, Vanessa Fernández señala que “deben ser objeto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados a aquellas empresas que han sufrido un sacrificio especial frente al resto de los ciudadanos en aras del interés general”, ya que “dentro del marco de estado de alarma en el que nos encontramos, puede entenderse que se activa un mecanismo de compensación del extraordinario sacrificio que se impone a los titulares de establecimientos que se ven obligados a su cierre”.

ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO

Sin embargo, no todos lo tienen tan claro. Algunos como los centros comerciales, los hoteles, las agencias de viajes o las salas de cine y conciertos prefieren esperar o negociar ayudas porque no ven excesivo recorrido a las demandas. Este temor no es en vano, ya que no resulta del todo fácil demostrar que los cierres han perjudicado a determinados negocios de una manera concreta. Además, se trata de una situación totalmente inédita en nuestro país, así que no existen precedentes a los que se pueda acudir para aventurar de qué manera se pronunciarán los tribunales, unido a que a nivel autonómico, cada Comunidad tiene su propio ordenamiento y diferentes criterios.

Para poder reclamar indemnizaciones con ciertas garantías, “resultará necesario acreditar la existencia de un daño efectivo y tangible, individualizado (en el titular del establecimiento), económicamente evaluable por pericia especializada y antijurídico (no existencia del deber jurídico de soportarlo)”, recuerda Vanessa Fernández. Se trataría por tanto de daños “que resultan evaluables económicamente, en virtud de los beneficios dejados de obtener o lucro cesante del periodo de tiempo en que la actividad empresarial se vea sometida a medidas de cierre, decretadas bien por el gobierno central o gobiernos autonómicos, lo cual será de vital importancia poder acreditar a través de una prueba pericial”.

A tal efecto, “puede resultar interesante aportar comparativas entre las cifras de contagios obtenidas con las medidas correctoras adoptadas para cada sector y las medidas de cierre de establecimientos comerciales, a fin de acreditar la ineficacia de las medidas de cierre, quedando suficientemente garantizada la salud pública con las medidas correctoras, sin necesidad de exigir su cierre o prohibir el desarrollo de la actividad empresarial”, añade.

En cuanto a la manera de reclamar, Fernández recomienda plantear en primer lugar reclamaciones “por parte de las empresas que se vieron obligadas a su cierre durante el primer estado de alarma, ante el gobierno central, en el plazo de un año desde que se permitió la reapertura de los establecimientos de cada uno de los sectores afectados”. En todo caso, también “se pueden plantear reclamaciones como consecuencia de las restricciones impuestas en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, bajo el amparo legal del segundo estado de alarma”.

En los últimos años las acciones judiciales encaminadas a solicitar la nulidad de las cláusulas contractuales que imponían al prestatario de un préstamo con garantía hipotecaria el pago de la práctica totalidad de los gastos e impuestos devengados, tanto por la constitución, como por la cancelación del préstamo hipotecario y la consiguiente solicitud de devolución de lo indebidamente cobrado por tales conceptos, ha generado una importante litigiosidad, fijando la Sala 1ª del TS doctrina sobre la materia en sus sentencias de 23 de enero de 2019, doctrina que dio lugar al planteamiento de varias cuestiones prejudiciales planteadas por diversos tribunales españoles, dictando el TJUE la sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 (ECLI:EU:C:2020:578).

El TS en sus sentencias de 23 de enero de 2019 (Roj: STS 101/2019; Roj: STS 103/2019; Roj: STS 104/2019 y Roj: STS 105/2019) fijó doctrina sobre la distribución de los gastos de constitución y cancelación en los contratos de préstamo hipotecario con consumidores y estimó que:
1.La normativa notarial (el art. 63 Reglamento Notarial, que remite a la norma sexta del Anexo II del RD 1426/1989, de 17 de noviembre) habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la garantía hipotecaria-, es razonable distribuir por mitad el pago de los gastos que genera su otorgamiento.
2.El mismo criterio resulta de aplicación a la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación.
3.En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, como el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, a él le corresponde este gasto. Y por lo que respecta a las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.
4.Por tanto, de acuerdo con las normas de Derecho nacional aplicables en defecto de cláusula, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario debían repartirse por mitad, razón por la cual el banco demandado sólo podía ser condenado a reintegrar la mitad.

El TJUE nos recuerda en el apartado 55 de la sentencia de 16 de julio de 2020 (ECLI:EU:C:2020:578), que el juez nacional no puede negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarada nula por abusiva, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de dicha cláusula (que no ha existido por ser nula) impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

El TS en sus sentencias de 24 de julio de 2020 (Roj: STS 2495/2020) y 21 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2935/2020), ha resuelto de nuevo sobre la cuestión, analizando la sentencia del TJUE de 16 de julio de 20290, estableciendo en el apartado 8 del fundamento de derecho tercero de la sentencia de 24 de julio de 2020, que se reitera en su doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia de 23 de enero de 2019 resolviendo al respecto que “En conclusión, la jurisprudencia de esta sala distinguió, en cuanto a los gastos que son objeto de este procedimiento, entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, y condenó al banco a pagar estos últimos al consumidor. Doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por la STJUE de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19”.

No obstante, el TS en su sentencia de 26 de octubre de 2020 (Roj: STS 3453/2020), matiza la doctrina respecto de los gastos derivados de los servicios de un gestor, ya que había establecido que debía ser sufragado por mitad, y a fin de adecuar ese criterio a la doctrina contenida en la sentencia del TS de 16 de julio de 2020 (en base a que con anterioridad a la Ley 5/2019 de CCI no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos de gestoría), resuelve que procede la devolución al prestatario de las cantidades abonadas por dicho concepto.

Y ahora en la sentencia dictada de 27 de enero de 2021, se reitera en la doctrina fijada en las sentencias de 24 de julio de 2020 y 26 de octubre de 2020 y matiza su doctrina respecto de los gastos de tasación, a fin de ajustarse a la doctrina fijada por el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2020.

En los apartados 7 y 8 del fundamento de derecho segundo de la sentencia de 27 de enero de 2021, el TS nos dice que los gastos de tasación son el coste de la tasación de la finca sobre la que se pretende constituir la hipoteca y aunque la tasación no constituye propiamente un requisito de validez de la hipoteca, si es un requisito procesal previsto en el artículo 682, 2-1 de la LECivil para la ejecución directa de la hipoteca, además de ser un requisito previo para la emisión de valores garantizados. Si bien ni el RD 775/1997 de 30 de mayo sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, ni la orden ECO/805/2003 de 27 de mayo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles, contienen disposición normativa alguna, por lo que de acuerdo con la STJUE de 16 de julio de 2016, el TS resuelve que ante la falta de una norma aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o una parte de esos gastos, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.

No obstante, el TS nos aclara que cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, conforme lo previsto en el apartado 1) de su artículo 14.1.e), los gastos de tasación corresponderán al prestatario.

Por último, la sentencia de 27 de enero de 2021 impone las costas de primera instancia a la entidad bancaria. Recordemos que en los apartados 98 y 99 de la sentencia de 16 de julio de 2020, el TJUE nos recuerda que condicionar el resultado del ejercicio de una acción declarativa del carácter abusivo de una cláusula contractual predispuesta en un procedimiento de esta índole, únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena, puede disuadir al consumidor de ejercer el derecho que le ampara, debido a los costes que implica una acción judicial de este tipo, siendo contrario al principio de efectividad y a los artículos 6,1 y 7,1 de la Directiva 93/13, un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales, en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas, a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, ya que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho conferido por la Directiva 93/13, a un control efectivo del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contractuales.

De esa declaración del TJUE ya se ha había eco la Sala 1ª del TS en sus sentencias de 15 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2852/2020), 17 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2838/2020) y 6 de octubre de 2020 (Roj: STS 3130/2020), estableciendo la sentencia de 15 de septiembre de 2020, en su fundamento de derecho segundo, apartado 6º: “La tesis de la sala sobre las costas viene avalada por la reciente STJUE de 16 de julio de 2020, que declara que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales”.

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario

Una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores. Así, el alto tribunal dictamina que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

En una nota hecha pública ayer por el Tribunal Supremo, la Sala Tercera considera que “con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario”.

Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores

Las relaciones vecinales y la convivencia en una comunidad de propietarios son siempre caldo de cultivo de problemas y conflictos en condiciones normales, de manera que si a los problemas habituales le añadimos los derivados de confinamientos domiciliarios y restricciones que afectan al ámbito privado, la situación se agrava todavía más. Es lo que ha ocurrido desde que en marzo del año pasado se decretara el primer estado de alarma, que en sus diferentes fases ha tenido un gran impacto en cuestiones de comunidades de vecinos. Del “Resistiré” y los “DJ´s caseros” que intentaban animar a los vecinos durante el confinamiento pero que al final causaban molestias a muchos y los “policías de balcón” de los primeros meses, se ha pasado a problemas más serios como infracciones de normativas anti-Covid o impagos de cuotas.

Uno de los principales problemas es la imposibilidad de celebrar juntas de vecinos debido a las restricciones para realizar reuniones numerosas. Esto “hace que la llevanza de la comunidad sea muy problemática”, a juicio de Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que además apunta a que “la Ley de Propiedad Horizontal, aunque ha sufrido reformas, está muy obsoleta y en la pandemia se ha hecho evidente con la imposibilidad de celebrar juntas telemáticas, con la forma de realización de comunicaciones, etc. Actualmente la Ley está muy matizada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en muchos aspectos, por lo que “sin duda es absolutamente necesario una nueva ley que se adecúe a la realidad social”. Por su parte, Antonio Salas Carceller, ex magistrado del Tribunal Supremo, señala que la imposibilidad de celebrar juntas de vecinos “ha obligado a que en determinados casos deba asumir el presidente la responsabilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones o bien, en casos extremos, a someter por escrito la votación sobre determinados asuntos”, tensando en muchos casos las relaciones vecinales, que ya de por si suelen ser complicadas.

Tanto Antonio Navarro como Antonio Salas participarán en las próximas “Conferencias de los lunes” que se celebrarán los días 1 y 8 de febrero, dedicadas a la incidencia de la pandemia del Covid-19 en las comunidades de vecinos, un tema de especial interés y que además abordará cómo se aplica actualmente la Ley de Propiedad Horizontal, que el año pasado cumplió 60 años y que, como señalaba Navarro, en la situación actual se ha demostrado obsoleta.

MISMAS QUEJAS, DIFERENTE ESCENARIO

¿Han cambiado los motivos principales de queja de las comunidades de vecinos? En realidad siguen siendo los mismos, solo que en distinto escenario. Es decir: ahora las molestias están más influidas por la situación sanitaria. “La mayor parte de las quejas de los vecinos se centran en una mala utilización de las zonas comunes en la situación sanitaria actual, como ascensores o escaleras. También han aumentado las quejas por actividades molestas por ruidos y una nueva situación creada en las relaciones vecinales como es la de quejas por la celebración en las viviendas de reuniones privadas que no respetan las medidas sanitarias”, explica Navarro Selfa. En este último caso, el comportamiento va más allá de la simple molestia por ruidos excesivos o a deshoras, sino que se está incumpliendo con una normativa. Por ello, Salas Carceller es tajante: “desde el momento en que se pueda estar incumpliendo en determinadas viviendas o locales la normativa vigente anti-Covid en la zona de que se trate, cualquier vecino no solo puede, sino que debe, denunciarlo así a las autoridades para que procedan contra los infractores”.

MAYOR MOROSIDAD Y MÁS IMPAGOS DE CUOTAS

Los efectos del Covid-19 en la economía están empezando a hacer crecer la morosidad y esto hace que aumenten también los impagos de cuotas de comunidad. En este sentido, el decano del Colegio de Cartagena señala que normalmente “se aplazan las deudas cuando existe buena voluntad por ambas partes. En caso contrario hay que acudir a la vía judicial, pero la imposibilidad de celebrar juntas complica esta cuestión”.

Las disputas vecinales suelen ser un tipo de conflictos que se intentan resolver mayoritariamente de manera extrajudicial, pero no siempre es así. Antonio Navarro destaca que “la solución extrajudicial del conflicto es fundamental en esta materia; y por ello la labor de los administradores de fincas también resulta muy importante a la hora de llegar a este tipo de soluciones”. Pero el acuerdo no es siempre posible, por lo que muchos casos sí que llegan a juicio. Antonio Salas apunta que “singularmente suelen judicializarse los que se refieren a la fijación y distribución de cuotas, la realización de obras no consentidas y, últimamente, por las consecuencias de los cambios de destino realizados unilateralmente por los propietarios convirtiendo una vivienda en bajo en local de negocio o viceversa”.

Algunas cuestiones incluso llegan al Tribunal Supremo, “fundamentalmente los procesos sobre impugnación de acuerdos de la comunidad por parte de algún propietario, por disconformidad con la imputación de determinados gastos por obras que no se consideran necesarias, desacuerdo en cuanto a la convocatoria de la junta, acuerdos sobre asuntos que no figuran en el orden del día, autorización o no a los propietarios a realizar determinadas obras…”, explica Salas.

OCUPACIÓN ILEGAL EN TIEMPOS DE COVID

Otro de los problemas asociados a las comunidades de vecinos y que se ha agravado desde el inicio de la pandemia es la ocupación ilegal de viviendas. Según Antonio Navarro, “por lo que se percibe en el ejercicio diario de la abogacía y por lo que se extrae de los medios de comunicación, es evidente que sí ha habido un aumento de este fenómeno, derivado de la crisis económica”. Y ante una ocupación en la comunidad, ¿cómo pueden actuar los vecinos? “Las comunidades de propietarios se ven desamparadas ante esta situación ya que les está vetado el ejercicio de la mayoría de las acciones judiciales contra la ocupación, quedando a su alcance únicamente el procedimiento civil ordinario por actividades molestas del artículo 7 con medidas cautelares”, denuncia. “En dicho sentido se hace nuevamente patente la obsolescencia de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 y la necesidad de una nueva legislación adecuada a la realidad social del momento”.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia de la Covid19.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

ACUERDOS DE MEJORA

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto “mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19” y que impliquen “alteraciones de la normalidad” y también “especial vulnerabilidad” de las víctimas.

Junto a los ‘populares’, PSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las muejeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

MUJERES DOBLEMENTE DISCRIMINADAS

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació “en la primera ola de la pandemia” y con el objetivo de ser “una mano tendida hacia las miles de mujeres” que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora “de forma permanente”; y por otro el “clima de colaboración” vivido estos meses para sacar el texto adelante.

EL “ESPÍRITU” DEL PACTO DE ESTADO

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PP, Margarita Prohéns, que lo ha calificado como el “espíritu del Pacto de Estado” aprobado en 2017. La ‘popular’ ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en “lo importante”, y dejar los debates que manienen entre ellos sobre “quién presenta qué iniciativa” que, a su juicio, “desvían el foco”.

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en “todas las violencias” que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes “quieren dar pasos hacia atrás” en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son “de otro mundo” y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley “atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley” y busca “blindar” económicamente los “chiringuitos” del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de protección de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.

En los últimos días varios políticos han pedido que “por higiene democrática”, los Ministerios de Sanidad y Defensa deberían publicar la lista íntegra de los cargos públicos que se han “beneficiado” de su puesto para acceder a la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 “saltándose el protocolo” e incluso algunos han solicitado a la Agencia de Protección de Datos que les autoricen a publicar la lista de vacunados, alegando que lo consideran un “ejercicio de transparencia”. ¿Es legal publicar la lista de los vacunados? ¿En qué casos específicos se podrían hacer públicos? En caso negativo, ¿qué reformas habría que llevar a cabo para hacerlo? ¿Dónde está el límite entre la protección de datos y la libertad de información? Varios expertos en la materia nos dan las respuestas sobre este tema de actualidad, en la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos.

Publicar una lista de personas implica un tratamiento de datos relativos a la salud para una finalidad distinta para la que fueron recabados y por lo tanto, no está dentro de la legalidad. Para Verónica Alarcón, abogada especializada en Derecho de las Nuevas Tecnologías y protección de datos, “la publicación de los datos de los vacunados es un tratamiento de datos personales, y como tal debe respetar la normativa de protección de datos, que en este caso es doble: por un lado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y por otro la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”. Además, aclara que “la normativa europea de protección de datos parte de una prohibición del tratamiento de los datos relativos a la salud (artículo 9.1 del RGPD), con la única excepción del consentimiento del interesado”.

Tampoco cabe invocar el derecho a la transparencia derivado de la Ley 19/2013, de acceso a la información pública y buen gobierno, “primero por una cuestión formal, se debe acudir al procedimiento legalmente establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, y segundo porque esta eventual solicitud de acceso vendrá limitada por el artículo 15 de esta Ley, donde se establece que el acceso a este tipo de datos solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso”, puntualiza.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA Y SANITARIA

Alarcón aclara que si no tenemos el consentimiento, habría que modificar la normativa de protección de datos, pero no solo la nacional, sino la europea y sanitaria “para poder comunicar esos datos con fines de inspección sobre el uso y destino de los recursos o bien crear una Ley Orgánica nueva que permita la publicación de estos datos, si es que dicha Ley es capaz de superar los cánones de constitucionalidad, ya que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental”.

De la misma opinión es Leandro Núñez, socio de Audens y abogado especializado en Derecho Digital. “Para que una Administración Pública pueda tratar datos o publicarlos necesita una habilitación legal y debe ser una norma con rango de ley y específica. Esta ley, para aprobarse, tendría que pasar por los principios de ponderación que marca el Tribunal Constitucional, con los juicios de idoneidad y equilibrio necesarios para cumplir los fines que se persiguen. De cara, es un tratamiento que se antoja difícil”, añade.

“La ley de transparencia no te permita acceder a datos tan sensibles como pueden ser la vacunación de una persona, y que –denuncia- puede dar lugar a una discriminación de la misma, que pueda perder su trabajo o no entrar a una entrevista personal por estar vacunada”.

PROTECCIÓN DE DATOS/ LIBERTAD DE INFORMACIÓN

En el caso de que se haya publicado en medios algunos nombres, explica que aquí se ha ponderado la libertad de información frente a la protección de datos. “Cuando se produce una colisión entre derechos, lo que se trata es de establecer un equilibrio entre ambos y si se trata de una noticia que puede ser de interés público, por mucho que sea personal, puede ser publicada. Eso no significa que se publique una lista de todos los altos cargos que se han vacunado”.

Ignacio Suárez, abogado experto en Protección de Datos, Derecho Internet y Nuevas Tecnologías, expone que “se podría alegar interés público esencial (artículo 9.2 RGPD) de los ciudadanos en conocer ese listado de personas vacunadas o el derecho a la información- artículo 20 Constitución- sobre el derecho a la protección de datos- artículo 18.4 Constitución-, pero es una decisión que debería decidir el Tribunal Constitucional al chocar dos derechos constitucionales”. Y va más allá, aclarando que “lo que habría que cambiar sería la Constitución Española, ya que existe un conflicto legal al colisionar esos dos derechos”.

Con el marco normativo actual, si se hacen públicos los datos de los vacunados, los afectados podrán iniciar acciones legales por vulneración de su derecho a la protección de datos y de intimidad. En el caso que se publicaran con el riesgo legal expuesto, los ciudadanos se pueden defender con el principio de legalidad. “Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD) y podrían interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por su parte, el futuro titular de la lista de vacunación puede acudir a la vía judicial -Tribunal Constitucional- para que decidiera sobre el conflicto entre dos derechos aquí planteados”, expone Suárez. .

Todos inciden asimismo en que entre las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos no está autorizar la publicación de esos datos, como así lo han entendido algunos políticos. “En caso de duda sobre si esa divulgación es ajustada o no al Derecho, el ciudadano podrá elevar consulta previa, con base en el artículo 36 del RGPD, a la Agencia, que emitirá únicamente un informe jurídico, pero nunca una autorización”, señalan.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado la necesidad de trabajar conjuntamente y con el mayor consenso con abogados, jueces y fiscales para que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se convierta en una Ley robusta. “Responde a una necesidad histórica, constitucional y también europea, y es un Anteproyecto de todos. El ministerio ha puesto la primera palabra, pero la última la tenemos que poner entre todos porque, tiene que ser un modelo para todos”, ha subrayado. En este sentido, ha señalado que “estamos hablando de garantías y la Abogacía es quien capitanea fundamentalmente la lucha por las garantías, es el instrumento más cercano al ciudadano en defensa de esos derechos y garantías, de sus derechos fundamentales”. Además, ha recordado que “se está trabajando paralelamente en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que sin duda tiene un ensamblaje enorme con el Anteproyecto de LECrim”.

Campo ha participado en una mesa redonda que inaugura el ciclo Formativo “Hacia un Nuevo Proceso Penal”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el que se analizará el texto del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella han intervenido también los anteriores ministros del ramo, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, moderados por la periodista de TVE Cristina Blach. Todos ellos han sido protagonistas de este nuevo proceso penal, ya que esta nueva LECrim es un producto de las contribuciones que se han realizado bajo sus respectivos mandatos ante la necesidad de dotar a la jurisdicción penal de una Ley adaptada a la sociedad del siglo XXI y con perspectiva de futuro.

Necesidad de modernización de la norma

Según Campo, es necesaria una modernización integral de este ámbito de la Justicia, sumamente relevante en la consolidación del Estado de Derecho y que “vertebra la vida de los ciudadanos”.

El ministro ha explicado que la ley que actualmente regula el proceso penal data de 1882 y ha experimentado 77 modificaciones, 54 posteriores a la aprobación de la Constitución. Por tanto, “por razones de eficiencia y modernización, la reforma del proceso penal es una cuestión de urgente necesidad”.

El ministro de Justicia ha resaltado también que el Anteproyecto potencia la función constitucional del juez, introduciendo la figura del juez de garantías y del juez de la audiencia preliminar; así como la del fiscal, dándole la instrucción. En este sentido, los participantes han destacado la coincidencia de todos los modelos en la distribución de funciones entre el fiscal investigador y el juez de garantías.

El cambio, además, se ve reforzado ahora por la necesidad impuesta por la Unión Europea de introducir la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico. Según Campo, esta obligación comunitaria constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español.

“Sacar adelante la nueva LECrim supone un ejercicio de coherencia, tanto con nuestro texto constitucional, como con Europa”, ha exhortado el ministro de Justicia.

Por su parte, los exministros Ruiz-Gallardón y Catalá han coincidido en ensalzar el nuevo Anteproyecto de la LECrim, un texto que parte de una base muy sólida y que se ha ido enriqueciendo con las reformas que ha ido experimentando, sin importar el color político.

Según Ruiz-Gallardón, el nuevo modelo procesal penal tiene su “apoyo incondicional” y “permitirá superar una provisionalidad que ha durado más 140 años”. “Este nuevo proceso penal beneficia a todos los actores que participan en él; es un paso definitivo para que la Justicia española sea homologable a Europa y se den las máximas garantías para el justiciable”, ha dicho.

Para el exministro Catalá, la reforma tiene tres retos por delante: el consenso político entre, al menos, los dos grandes partidos, PP y PSOE; consenso profesional en el entorno de jueces, fiscales y abogados; consenso social, haciendo pedagogía para los ciudadanos confíen en la Justicia.

Ambos exministros han puesto en valor la oportunidad que ha ofrecido este foro para poder debatir una norma crucial para garantizar derechos y dar una respuesta ágil en los procesos penales.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha inaugurado esta mañana el acto conmemorativo del Día Europeo de la Mediación con la conferencia: El ser humano en el centro del sistema de Justicia. En su intervención, vía telemática, Campo ha asegurado que “una Justicia que no es útil no sirve” y ha mostrado su compromiso con los nuevos modelos de Justicia que abogan por resolver los conflictos antes de llegar al litigio.

El ministro de Justicia ha celebrado que mañana, 21 de enero, se inicie del trámite de información y audiencia pública del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que dedica buena parte de la regulación a la mediación y a otros métodos de solución de controversias: “Con esta ley potenciamos de manera decidida los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), con un doble objetivo: aumentar la sostenibilidad y promover la cohesión social. Más negociación y menos litigiosidad”.

En ese sentido, Campo ha recordado que durante la presentación del anteproyecto señaló que, “si logramos resolver por esta vía uno de cada cuatro conflictos, podemos obtener una reasignación de recursos estimada en 380 millones de euros. Eso es eficiencia. Eficiencia cuantificada”.

Mediación familiar

Del mismo modo, Campo ha indicado que este nuevo modelo de Justicia, que privilegia el acuerdo sobre el conflicto, entronca con la aprobación de la Recomendación R (98)1 del Consejo de Europa sobre Mediación Familiar, de 1998, que alerta de las consecuencias perjudiciales de los conflictos familiares y hace referencia a la protección del interés superior del menor y de su bienestar.

El ministro de Justicia ha explicado que las experiencias y normativas que posteriormente se desarrollaron, no solo en materia familiar, sino también en mediación general, han seguido las pautas y principios contenidos sobre Mediación Familiar en 1998.

No obstante, en cuanto a la mediación actual, Campo ha advertido: “No podemos permitir que algunos profesionales intenten utilizar los MASC para introducir planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental”.

En este sentido, en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia se incluye un artículo en el que los poderes públicos velarán porque este tipo de planteamientos no puedan ser tomados en consideración.

Finalmente, el ministro de Justicia ha concluido que “apostar por la mediación en todos los ámbitos, potenciar la cultura del pacto y del diálogo y crear incentivos para la mediación no es solo un reto de la Justicia sino de toda la sociedad”.

Mesas redondas

A continuación, la primera mesa de debate online, Qué Justicia queremos para el futuro, moderada por el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, ha contado con la participación de Victoria Ortega, presidenta de la Unión Profesional; Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial; y Esmeralda Rasillo, fiscal de la Sala de Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Los participantes han valorado positivamente la reforma del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

En la segunda mesa redonda, dedicada a Administraciones Públicas y MASC, moderada por la asesora del Gabinete de la Secretaría de Justicia, Mª José Costa, han participado Eugenio Artetxe, director de Justicia de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya; José García, director de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Comunitat Valenciana; y Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, del Ministerio de Justicia.

Igualmente, los participantes en esta mesa han acogido de manera positiva el anteproyecto de la reforma y han manifestado la necesidad de impulsar estas medidas desde el marco de la cogobernanza.

Para finalizar, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha clausurado el acto.

El 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación sobre Mediación Familiar, aprobada por el Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.

Como cada año, el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados organizan diferentes actividades y eventos con el objetivo de promover y dar a conocer este método alternativo de resolución de conflictos:

El Colegio de Abogados de Salamanca ha preparado una jornada para promover y formar sobre este asunto el día 21 de enero, vía telemática. El evento consta de un desayuno de trabajo con el tema “La mediación concursal en tiempo de crisis”. A continuación tendrá lugar un café coloquio con las autoras del libro “¿Qué dice la liebre al soldadito de Plomo? o la gestión de los conflictos en el ocio, el deporte y el tiempo libre”. Y por último, habrá una mesa redonda con el título “Mediación desde una perspectiva integradora: aportaciones desde el ámbito psicológico”.

El Grupo Especializado de Mediación del Colegio de Abogados de Granada ha organizado para el día 21, de 11:00 a 13:00 horas una mesa informativa en la sede judicial de La Caleta en la que informará a los ciudadanos interesados sobre la mediación y repartirá folletos informativos entre quienes accedan a este edificio judicial. Asimismo, ofrecerá una sesión informativa gratuita in situ a todas aquellas personas que lo soliciten. Más tarde, a las 17:00 horas celebrará online unas Jornadas de debate sobre la Mediación, en colaboración con Unión Profesional, que contarán con ponencia de Raquel Alastruey Gracia, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, seguida de una mesa redonda sobre experiencias prácticas de diferentes colectivos en el proceso de mediación.

Por su parte, El Colegio de Abogados de Las Palmas ha organizado unas jornadas sobre “Mediación, presente y futuro” los días 20 y 22 enero de 9:30 a 20:00h

El Colegio de Abogados de Pamplona es uno de los organizadores de la Semana de la Mediación, que comenzó el lunes 18 de enero, con una recepción institucional por parte del Ayuntamiento de la ciudad a los actores locales y regionales que trabajan por el fomento de la mediación. Este jueves 21, de 11:00 a 14:30 horas en el Archivo de Navarra, se celebrará la jornada “La justicia restaurativa, más allá de la mediación”. La semana será clausurada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona se ha sumado a las II Jornadas Europeas De Mediación con dos mesas redondas. La primera sobre “La futura regulación de la Mediación Post Covid-19 en colaboración con la Abogacía” que tendrá lugar el 21 de enero a las 10:00h vía zoom. La segunda será en torno al tema “El rol de la abogacía en los procesos de Mediación en Derecho Comparado – experiencias prácticas internacionales” ese mismo días a las 15:30h.

El Colegio de Abogados de Elche también quiso conmemorar esta fecha con una tertulia-coloquio el día 18 de enero sobre “Solucionando situaciones de alta conflictividad”, y el martes 19 una mesa redonda a celebrar a través de la plataforma TEAMS, bajo el título “Nueva normalidad, nueva sociedad, hacía un nuevo modelo de justicia”.

El Colegio de Abogados de Burgos también se ha unido al día de la mediación con una charla impartida por María Jose Renedo Juarez, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. La conferencia tendrá lugar el 21 de enero a las 17:00h.

El Colegio de Abogados de Madrid tiene su semana de la mediación que ha comenzado el 18 de enero con la jornada de “El futuro de la justicia o la justicia del futuro” y una entrevista a Alejandro Nató sobre “las instituciones públicas en la gestión de los conflictos”. El día 19 han realizado tres actos: un webinar sobre “Abogacía y ADRs“; la presentación del libro “Hijos ingratos. Claves para entenderlos conflictos entre padres e hijos adultos”, de Pascual Ortuño; y una tribuna de mediación con el título “Los conflictos derivados de las migraciones y el traslado despoblación”. El día 20 de enero habrá un coloquio a las 10:00h sobre “La mediación en el contexto judicial: Luces y sombras”; y un webinar bajo el tema “La mediación puede ayudarte a resolver esos problemas que te incomodan” a las 12:00h. El día 21 de enero se ha organizado una conferencia: “Aportes de la mediación al trabajo profesional de la abogacía. La experiencia argentina y cómo puede aplicarse a España”; y por último, el día 22 de enero se podrá disfrutar de un Cine Fórum de conflictos: “De tal padre, tal hijo”, de Hirokazu Koreeda, con un posterior coloquio.

El Colegio de Abogados de Málaga través de una mesa institucional y una técnica tratará de destacar el papel importante y fundamental que la mediación tiene para la resolución de conflictos jurídicos de diversa índole, y los avances legislativos y retos referidos a esta materia. El acto tendrá lugar el 21 de enero a las 12:00h. Durante la misma, el Grupo de Trabajo Mediación Málaga nombrará Miembro de Honor a Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en reconocimiento a su labor para defender e impulsar los métodos alternativos de resolución de conflictos.

El Colegio de Abogados de Valencia ha organizado una jornada el jueves, 21 de enero en su salón de actos. El objetivo es abordar diversas cuestiones en torno al presente y futuro de la mediación y fomentar el debate y la interacción entre los distintos actores relacionados con la mediación.

El Colegio de Abogados de Mataró ha organizado una sesión de formación bajo el tema: “De la obligatoriedad de información a los clientes sobre formas extrajudicials de resolución de conflictes y de la implementación de la obligatoried de la sesión prèvia” que tendrá lugar el jueves 21 de enero de 15:50 h a 18:00 h.

El Colegio de Abogados de Oviedo también celebrará el día 21 a las 16:30 horas una Jornada online que llevará como título “Novedades legislativas en materia de mediación en el ámbito civil, y la implantación en los juzgados de la mediación penal y la Justicia Restaurativa” a cargo de las ponentes María Elena González Álvarez, magistrada titular del Juzgado de lo Penal, nº 2 de Oviedo, y Lucía Iglesias Gil, directora del Instituto para la Administración de la Mediación del ICA Oviedo, mediadora y abogada del ICA Oviedo.

La Comisión de Mediación y de ADR del Consejo de la Abogacía Catalana ha organizado un webinar con el título “La abogacía, el pilar de la mediación”, homologado por el Centro de Mediación de Cataluña, que tendrá lugar el viernes 22 de enero a las 12:00h.

El comienzo del año 2021 trae consigo una batería de nuevas medidas impositivas aprobadas por el Gobierno o en vías de tramitación, reflejadas en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, como respuesta a la situación de pandemia y la crisis económica que vivimos. Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, solo este año se espera que la recaudación de estas medidas suponga más de 5.500 millones a las arcas públicas.

A tal efecto, desde Unión Profesional se ofrece un recopilatorio de las principales medidas fiscales que serán aplicadas, y un breve apunte de aproximación sobre cómo podría impactar en la actividad económica.

IMPACTO GENERAL SOBRE LAS PROFESIONES

En el caso de las profesiones, cualquiera que sea el modo de ejercicio, la entrada en vigor de estas medidas afectará, en mayor o menor grado según su ámbito y recursos disponibles, a la gestión interna de su actividad, e incluso al volumen de la demanda de sus servicios. Especialmente y, a priori, en el ámbito jurídico y económico por razón de la materia. Si bien, el subsector de servicios profesionales no presenta capítulos de impacto genuino significativo, sino más general, como el resto de sectores económicos.

Con todo, no sería descartable un ligero incremento de la demanda de servicios jurídicos y económicos a corto plazo ante la confusión y necesidad de gestión que pueda surgir en las empresas y los hogares ante los cambios, y un relativo ajuste posterior para todos los ámbitos de actividad del subsector en función de la adaptación de los agentes socioeconómicos al nuevo escenario fiscal y la evolución de la pandemia.

En cualquier caso, aún quedan otras muchas variables por despejar sobre el alcance de este impacto que podrían amortiguarlo o incentivar la actividad o transformación sectorial de la economía, y que tendrían ver, fundamentalmente, con la distribución y aplicación de los fondos europeos para la recuperación.

Si seguimos un orden de exposición de lo específico a lo general podemos referir lo siguiente:

> NUEVAS FIGURAS IMPOSITIVAS: TASA GOOGLE Y TASA TOBIN

El 16 de enero entrará en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la denominada Tasa Google, que se aplicará sobre las compañías cuyo volumen de facturación en un año natural supere los 750 millones de euros a nivel mundial, y además el importe de los ingresos que obtengan por la prestación de servicios digitales sujetas al impuesto esté por encima de los 3 de millones de euros en España. Así, se les gravará con el 3% los servicios de transmisión de datos de usuarios, la intermediación en línea entre usuarios que facilite la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, y los servicios de publicidad en línea. Un impuesto que prevé recaudar 968 millones de euros en el 2021.

Aunque parezca lejano, uno de los posibles efectos se derivaría de cómo asuman estas compañías este incremento fiscal puesto que podría afectar a su ocupación directa y vinculada si se tambalea el equilibrio de costes en dichas compañías. Y tampoco sería descartable un incremento de la factura de servicios digitales de las empresas y los hogares a medio y largo plazo.

Otro de los nuevos impuestos que también entrará en vigor el 16 de enero es el Impuesto sobre Transacciones financieras, la conocida Tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de aquellas empresas españolas que superen la capitalización bursátil de 1.000 millones. Una medida que espera recaudar 850 millones. Aunque su impacto es más impredecible, no sería descartable un cierto traslado a costes hacia los usuarios de las empresas que soporten este impuesto.

> FISCALIDAD VERDE: IMPUESTOS SOBRE LOS RESIDUOS Y LOS ENVASES PLÁSTICOS

Tampoco se ha de olvidar que el Gobierno, dentro del nuevo marco de la fiscalidad verde, perfila un Impuesto sobre Residuos para penalizar la gestión de los menos sostenibles, y un Impuesto sobre Envases de Plástico (no reutilizables). Entre ambos recaudarían 861 y 491 millones de euros, respectivamente.

Por ello, las empresas de todo el tejido nacional acusarían estos nuevos tributos y, quizás, les obligue a replantearse su política de utilización de determinados materiales en el desempeño de su actividad de fabricación de bienes o prestación de servicios.

> CRECE LA EXTENSIÓN DEL IMPUESTO DE MATRICULACIÓN

Por otro lado, aunque finalmente no se subió el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos al diésel, sí lo hará el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el conocido Impuesto de Matriculación, en virtud de la adaptación del ordenamiento español a la normativa europea de emisiones Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) que se aplica a cada vehículo según su tasa de emisiones por kilómetro recorrido. Así, crecen las horquillas de emisión y ahora se pagará el 4,75% del precio de fábrica del vehículo en aquellos que emitan entre 144 y 192 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado. Los que emitan entre 192 y 240 gramos de CO2 por kilómetro pagarán el 9,75% y aquellos que emitan más de 240 gramos, un 14,5%.

Todo ello, podría dar lugar, como ha referido Faconauto, la patronal que integra asociaciones de concesionarios oficiales, a que el precio de los automóviles se encarezca alrededor de un 5% y que afecte, aproximadamente, al 50% de los vehículos actuales del mercado.

> EL IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO SUBE DEL 6% AL 8%

Otra de las subidas más relevantes es la que experimenta el Impuesto sobre las Primas de Seguro que pasa del 6% al 8%, la primera subida desde el año 1998 con la que se espera recaudar 507 millones de euros más entre el 2021 y el 2022.

En este sentido, la asociación empresarial del seguro, Unespa, ya señaló que esta subida podría resultar en una disminución de las protecciones que contratan las personas y las empresas. Una situación que podría tensionar más su actividad e incluso llevar a reducir coberturas en algunas o el conjunto pólizas que afecten a su desempeño económico y cotidiano. Especialmente, si su economía o volumen de actividad ha sufrido más por la crisis actual, pues se trata de un aumento cuyo carácter es regresivo y podría profundizar en el fenómeno de la precarización.

> AUTONÓMOS: SUBE LA COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CESE DE ACTIVIDAD

En cuanto a la cuota de autónomos, en el 2021 volverá a subir el tipo de cotización por contingencias profesionales al 0,9% y el tipo de cotización por cese de actividad al 1,3%. Un alza que se añade a la que se aplicó en octubre del 2020 del 0,7% al 0,8% por contingencias profesionales, y del 0,9% al 1,1% por cese de actividad, y que debía haber entrado en vigor en enero del 2020. Si bien, debido a la pandemia se decidió retrasarlo.

Hay que recordar que estos incrementos estaban previstos en el Real Decreto Ley del 28 de diciembre de 2018 para la revalorización de las pensiones públicas, y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con subidas entre el 2019 y el 2021. De este modo, durante este año los autónomos experimentarán un incremento de entre 3 y 12 euros al mes en función de si el autónomo cotiza por la base mínima o máxima. A ello habría que añadir el pago de la deuda pendiente derivada de los meses del 2020 en los que no se aplicó la subida establecida y que dependerá de la fórmula aplicada por el Gobierno.

En consecuencia, ello reduciría en un cierto porcentaje la liquidez con la que cuentan también los autónomos sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el año, y que se une a las posibles caídas de actividad que hayan experimentado, las inversiones realizadas para adaptar su espacio de trabajo, o la subida del volumen de deuda si han solicitado algún préstamo o crédito adicional, entre otras cuestiones.

ALGUNAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Otra línea de aplicación es el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocido en octubre, y cuya tramitación se pretende culminar en el 2021 con objeto de recaudar 828 millones de euros. Entre los cambios que introduce, destaca la aplicación de un nuevo valor de referencia que será establecido por la Dirección General del Catastro para los bienes inmuebles, cuyo cálculo será «resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas» y publicado anualmente. Esto es, el valor mínimo al que se tendrían que declarar estos bienes independientemente de su estado, precio de adquisición o valor catastral.

En otras palabras, es el valor aproximado por el cual podría venderse en el mercado. De este modo, será tomado para el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En consecuencia, este cambio podría desincentivar, por el momento, ciertas operaciones puesto que el contribuyente tendría que tributar más en muchos casos y recaerá en él la carga de la prueba para demostrar que el valor de mercado real es inferior a este valor de referencia.

Otro cambio de interés que recoge es la limitación de los pagos que se realicen en efectivo en una transacción cuando una de las partes sea profesional o empresario que se reducirá de los 2.500 euros a los 1.000 euros y que estará sujeto a sanción en caso de incumplimiento. Un cambio que modifica la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

En cuanto al resto de medidas contempladas de lucha contra el fraude se encuentra la reducción a 600.000 euros del importe de deudas y sanciones tributarias con Hacienda cuya superación se traducirá en la inclusión en los listados de deudores, o morosos, cuando antes era un millón de euros. También mayor control sobre las monedas virtuales y lo que impliquen otros avances tecnológicos en materia de fraude, o mayor identificación de los paraísos fiscales.

SUBIDAS DE IMPACTO GENERAL: EN IRPF, SOCIEDADES, PATRIMONIO, IVA Y OTROS

En las siguientes medidas, el carácter de su impacto es aún más general sobre los agentes socioeconómicos. Por ello, no es posible calibrar con precisión cuál sería el resultado sobre la actividad sectorial específica.

Entre las medidas más generales y conocidas se encuentra la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de dos puntos porcentuales cuando los ingresos anuales superen los 300.000 euros. Si bien, el impacto sobre los contribuyentes, alrededor del 0,7% del total, dependerá en buena medida de los distintos tipos autonómicos actuales. Mientras, las rentas del capital por venta de vivienda o acciones, las plusvalías, que se obtengan a partir de los 200.000 euros se gravarán al 26% frente al 23% anterior en la base del ahorro. Unas modificaciones que juntas reportarían 490 millones más de ingresos al Estado.

Igualmente, la reducción aplicable en la base imponible del IRPF por aportaciones y contribuciones individuales a los sistemas de previsión social, o lo que es lo mismo, los planes de pensiones privados, se limita de 8.000 a 2.000 euros. No obstante, se favorecen las contribuciones empresariales para el ahorro de los trabajadores cuyo límite se amplía de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, se recaudarán 580 millones de euros más.

Otro aspecto que no ha de olvidarse en relación con el IRPF es que aquellos que hayan recibido prestaciones vinculadas a estar en situación de ERTE computarán como rentas del trabajo y, en la práctica, no tienen retención. En este sentido, cabe recordar que esta prestación es considerada proveniente de un segundo pagador, por lo que si los ingresos de este segundo o resto de pagadores no superan los 1.500 euros y la suma total de nuestros ingresos permanece por debajo de los 22.000 euros anuales no estaremos obligados a presentar declaración.

No obstante, si dicha cuantía supera los 1.500 euros, el límite para no presentar declaración se reduce a percibir menos de 14.000 euros anuales.

En el Impuesto sobre Sociedades se reduce del 100% al 95% la exención de los dividendos y las plusvalías de las participaciones de las empresas españolas en filiales en cualquier país. Sin embargo, excluye durante tres años a las empresas que facturen menos de 40 millones de euros para no desincentivar sus procesos de internacionalización. Con todo, esta exención no será aplicable cuando la participación en la empresa filial no sea de, al menos, un 5%. Con estas medidas se espera ingresar 1.520 millones de euros más.

El Impuesto sobre el Patrimonio vuelve para subir un punto porcentual, del 2,5% al 3,5%, a las fortunas de más de 10 millones de euros. Si se aplicara a todos los patrimonios superiores a 10 millones de euros, la recaudación estimada ascendería a 339 de millones de euros.

Mientras, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), experimentará un alza del 10% al 21% en las bebidas edulcoradas y azucaradas que se vendan en comercio, aunque no en hostelería. Ello daría lugar a 400 millones de euros más en la recaudación.

En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) se pretende gravar al 15% los beneficios no distribuidos, y en relación con las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) se exigirá una participación mínima de 2.500 euros para tener beneficios fiscales.