El Colegio de Abogados de Cartagena denuncia las precarias condiciones y medios con los que los abogados del turno de oficio adscritos a Extranjería están prestando sus servicios en las instalaciones que Delegación de Gobierno ha establecido para la llegada de inmigrantes en pateras

La Junta de Gobierno ha insistido a través de un comunicado que los letrados carecen de cualquier espacio para poder llevar a cabo las labores propias del turno de oficio en defensa de los intereses de los inmigrantes recién llegados. “Dicha precaria situación, insisten, va más allá de las meras condiciones humanitarias, y puede debilitar  y precarizar el derecho de defensa que ampara a estos inmigrantes, como personas privadas de libertad que son”.

Por eso la entidad colegial quiere poner de manifiesto que “carecen de un espacio mínimamente digno para poder realizar la entrevista, en unas condiciones de seguridad y salubridad que hoy por hoy no se dan” y exigen “una urgente dignificación de las instalaciones en que tienen lugar estas asistencias”.

De forma aún más grave, reiteran, que hay una manifiesta carencia en el servicio de interpretación para las entrevistas reservadas con los inmigrantes, que se deben producir, en un primer momento, en las tres horas siguientes al aviso policial, y que se puede producir a cualquier hora del día y de la noche. “Reclamamos para ello tanto a la empresa concesionaria del servicio, como a la Delegación del Gobierno como responsable último, que ponga todos los medios necesarios para que estas personas cuenten con el derecho a intérprete con que la Ley les ampara”.

El órgano de Gobierno colegial a la vez muestra su solidaridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad en la denuncia de falta de seguridad e higiene en las instalaciones de Escombreras, y solicita, del mismo modo, “una mayor coordinación entre los cuerpos de seguridad de distintos territorios (recordemos que las pateras llegan desde Águilas o Mazarrón), dando lugar a equívocos en las designaciones a letrados o a no llevar a cabo los avisos con eficacia y en cumplimiento de los protocolos que este Colegio les ha hecho llegar”.

Desde el Colegio, por último, subrayan que cada uno de los letrados seguirán velando por el cumplimiento estricto de la legalidad, así como por los derechos de las personas, que llegan a las costas “en unas circunstancias muchas veces penosas y extremas”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido que no existe amparo normativo en las restricciones impuestas a abogados y procuradores en la entrada y salida a las dependencias de los órganos judiciales.

José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha celebrado está resolución: “Ha sido una cuestión que nos preocupaba enormemente en tanto que se estaba impidiendo a los profesionales de la abogacía realizar su labor de forma digna cuando acudían diariamente a las oficinas judiciales ”

Este acuerdo es resultado de las reiteradas solicitudes y conversaciones que Alonso y el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM han tenido durante meses con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el objetivo de terminar con las medidas de limitación y restricción de acceso a las dependencias judiciales que vienen sufriendo los letrados y letradas en el ejercicio de su profesión, señala el ICAM.

El acuerdo adoptado en la sala de Gobierno del TSJM considera que esa limitación de acceso, en vigor desde el inicio de la pandemia, “ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 “. Tampoco está presente en la tercera actualización de la ‘Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional’ de 2021 adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Y por eso el TSJM “solicita la notificación de este acuerdo a todos los órganos judiciales del territorio”.

Para el ICAM esa limitación de acceso, denunciada por numerosos letrados a través de las redes sociales con fotos de los carteles que les prohibían el acceso, “afecta gravemente a la dignidad de la profesión y al ejercicio del derecho de defensa”.

La muerte de tres trabajadores en Madrid ha despertado la duda de si el calor está contemplado en nuestro país como un riesgo laboral. O si un trabajador puede negarse a trabajar a partir de cierta temperatura.

¿Qué dice la ley? El Real Decreto 486 de 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo pide que se eviten las “temperaturas extremas”. Y detalla cuál debe ser la temperatura para trabajar en lugares cerrados (entre 17 y 27 grados para trabajos sedentarios, y entre 14 y 25 para trabajos ligeros). Pero no dice nada sobre la que se puede soportar en el exterior, tan solo que “deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo”.

¿Se deberían incluir las altas temperaturas como un riesgo laboral? Para Víctor Canalda, abogado de Tarragona, “éstas ya están consideradas actualmente un riesgo laboral en ese Real Decreto 486 de 1997, que establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

“Se podría concretar en otro real decreto qué temperatura se considera de riesgo, pero al aire libre es más difícil afinar y el riesgo no es solo la temperatura sino el tiempo de exposición”, señala Alberto Novoa, socio de laboral de Ceca Magán, quien agrega que “no es lo mismo estar todo el día a 30 º que solo un rato cuando te bajas de la furgoneta”.

Los laboralistas consultados coinciden en que deben ser las empresas las que detallen en sus planes de prevención de riesgos laborales, que son obligatorios, cuáles son los riesgos por calor extremo y las medidas para enfrentarlo.

“La labor preventiva de las empresas claramente no es suficiente. Éstas deberían tener contemplado el riesgo por calor o choque térmico en su plan de prevención de riesgos laborales. Y cumplir esos planes. Porque está claro que hay empresas que no lo están cumpliendo”, señala Novoa.

Carlos Bonachía, abogado de Madrid, cree que la exposición a altas temperaturas debería incluirse como un apartado más dentro de la actividad preventiva de todas las compañías, sobre todo de aquellas que, por su actividad, “desarrollan trabajos mecánicos y en los que no se pueda ofrecer un sistema de refrigeración por las propias condiciones del local, o directamente se desarrollen al aire libre”.

Y eso sí, los expertos aconsejan que se denuncie cualquier situación de desamparo en las condiciones de trabajo: “Hacer una queja directa a la empresa (por escrito), denunciar a la Inspección de trabajo, y en los casos más graves, incluso presentar denuncia en comisaría, ya que podría ser constitutivo de un delito por faltas de medidas de seguridad e higiene, contemplado en el Código Penal”, recomienda Canalda.

Salvador Navarro, abogado de Sevilla, explica que en Andalucía no existe una normativa legal específica relativa a los riesgos derivados de la exposición a las altas temperaturas climáticas. “Hasta ahora se ha venido tratando a través de la negociación colectiva en sectores concretos como la construcción o el agrario. En estos sectores los convenios provinciales acuden al mecanismo de la jornada intensiva en los meses de verano, junto con el de la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, para evitar o limitar la exposición al calor en las horas de máximas temperaturas”.

El sindicato CCOO reclamó en los últimos días que el calor se contemple como un riesgo laboral específico. Su secretaria de Salud Laboral , Ana Belén Casado, expresó la “gran preocupación e inquietud” del sindicato ante esta situación, “ante la posibilidad de que la exposición al riesgo por calor pueda conllevar la muerte” e indica que se trata de “otro riesgo más, ignorado en los centros de trabajo”.

Los abogados de oficio que tengan antecedentes penales por violencia de género no podrán formar parte del turno de oficio especializado que atiende a las víctimas de maltrato, según la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobada por el Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con esta modificación que tiene como objetivo “garantizar a las víctimas de violencia de género que son asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio, especializados en esta área, un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados que hayan sido condenados por violencia de género”.

La motivación de este real decreto tiene su origen en una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio, a raíz de una queja formulada por una federación de asociaciones de mujeres.

Además esta norma se hace extensible a otros casos,  explicó la ministra de Justicia Pilar Llop en rueda de prensa,  de forma que “que abogados y procuradores del turno de oficio no podrán ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Medidas de Eficiencia Digital que quiere avanzar en la modernización y digitalización de la justicia, fomentando el acceso digital y la interoperabilidad de los sistemas procesales.

“Es un paso crucial para construir esos cimientos fuertes sólidos del edificio de la Justicia del futuro, una justicia 5.0 “, afirmó en rueda de prensa la ministra de Justicia, Pilar Llop. Esta ley forma parte del proyecto Justicia 2030, junto con las leyes de Eficiencia Procesal y Eficiencia Organizativa, que están en tramitación parlamentaria.

Este proyecto modernizador, destacó la ministra, cuenta con recursos económicos suficientes  gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La nueva ley quiere fomentar la inmediación digital para la celebración de juicios y vistas telemáticas. Con ese fin, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros. “La posibilidad de poder declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez, implica una reducción de los tiempos de la Justicia”, afirmó la ministra, quien destacó que desde el inicio de la pandemia se han celebrado cerca de un millón de juicios telemáticos, “con gran éxito” y gran ahorro de tiempo, desplazamientos y emisiones de CO2. “Estamos mejorando las vidas de las personas porque se podrá conciliar mejor la vida personal y profesional y estamos cuidando el medioambiente”, aseguró Llop.

El proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas. Junto a estos medios de acceso, se incorpora un sistema de identificación segura que permite acceder a la denominada Carpeta de Justicia, y que posibilitará a cada persona consultar sus asuntos, sus expedientes, sus actos de comunicación y pedir cita previa.

La nueva ley regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia.

Pero, al mismo tiempo, señaló la ministra, en todos los municipios habrá una oficina judicial para “evitar la brecha digital y proporcionar cohesión social”.

La ley fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.  Para ello se va a potenciar el expediente judicial electrónico.  De igual forma, la preferencia por las comunicaciones judiciales telemáticas tendrá orientación al dato, previéndose mecanismos para la transmisión de comunicaciones masivas.

La ley pretende también automatizar muchos servicios. Como ejemplo, Llop señaló que en los juicios por desahucio se automatizará la notificación a los servicios sociales.  “Así no habrá olvidos y se protegerá a los más vulnerables”, añadió.

La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Protocolo de conducción de detenidos al Juzgado de Guardia de Córdoba, aprobado y suscrito el 27 de junio de 2019 por representantes de la judicatura, la fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad, al estimar un recurso de Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba que consideraba que, al establecer dos turnos diarios preestablecidos para dichos traslados, se producía una dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad judicial que era contraria al artículo 17 de la Constitución. También se anula el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de noviembre de 2019, que desestimó el recurso de alzada contra dicho Protocolo.

El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Arias, valora de forma muy positiva esta sentencia, ya que confirma el planteamiento de la Abogacía Cordobesa. “La sentencia impone la lógica y confirma que la previsión de un traslado a una hora predeterminada establecida en un protocolo no es compatible con la garantía constitucional de la libertad, bastando el estricto cumplimiento de lo regulado al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referente al plazo máximo relativo de detención, así como lo establecido por el Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 17.2 de la Constitución”, asegura Carlos Arias.

El decano y la Junta de Gobierno de la Abogacía de Córdoba consideran que, a priori, no es necesaria la existencia de un protocolo específico para el traslado de detenidos, sino que bastaría con el estricto cumplimiento de la Ley. No obstante, se muestran favorables a participar de cualquier iniciativa en orden a una adecuada organización de los traslados de detenidos para su puesta a disposición judicial, tanto en Córdoba capital como en los juzgados de la provincia.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Protocolo señalaba que “las conducciones de detenidos para su puesta a disposición ante el Juzgado de guardia se efectuarán en dos turnos. El primero de ellos a las 10:30 horas y el segundo a las 18:30 horas. Todo ello, sin perjuicio de que las circunstancias del caso o el respeto a la legalidad, aconsejen o impongan la presentación de los detenidos, a disposición del Juzgado de Guardia, fuera de las horas antes mencionadas y sin ajustarse a los turnos establecidos. En estos supuestos, se establecerá un cauce de comunicación directa, entre la Fuerza Actuante y el Juzgado de Guardia, para coordinar el orden y el momento de las presentaciones.»

El Supremo destaca que una previsión organizativa pensada para organizar los traslados diarios de detenidos al juzgado de guardia y que conlleva, o puede hacerlo, una prolongación de la detención gubernativa más allá de dicho límite relativo, no es compatible con la garantía constitucional de la libertad. “La previsión de un traslado a una hora predeterminada no es razón que pueda justificar la prolongación de la detención más allá de lo expresamente previsto por la Constitución, el tiempo imprescindible para las averiguaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, señala la sentencia.

Agrega que el protocolo prevé que el traslado en turnos preestablecidos se ha de aplicar salvo que «las circunstancias del caso» o «el respeto a la legalidad» aconsejen o impongan la presentación de los detenidos a disposición del Juzgado de Guardia fuera de las horas antes mencionadas.

“Pues bien –indica el Supremo–, como ya se ha anticipado, lo que ocurre precisamente es que existe una imperativa razón de legalidad constitucional que impone la presentación de los detenidos al órgano judicial tan pronto como han acabado «las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos», puesto que la detención no puede durar más tiempo que el necesario para realizarlas. Por tanto, el texto del protocolo no pasa de ser una ficción terminológica para permitir lo que la Constitución excluye, y es que la detención dure más que el tiempo citado. O dicho en breve, la Constitución impone una razón que obliga a no esperar a un turno preestablecido de reparto para proceder a la entrega al órgano judicial de los detenidos respecto a los que las fuerzas de seguridad no tienen ya que practicar ninguna diligencia de investigación, de forma que la posibilidad de que eventualmente se produzca un traslado fuera de los turnos no evita que lo que el protocolo determina como regla ordinaria, en contra de la expresa garantía constitucional, es la espera a tales turnos”.

Por otra parte, añade que “no se puede desconocer que tales protocolos conllevan inevitablemente la práctica de una aplicación pura y simple de los traslados preestablecidos, y que sólo en casos excepcionales se producen entregas de detenidos a los juzgados de guardia fuera de ellos”.

La Justicia tiene pendientes más de 230.000 demandas por cláusulas abusivas de la banca desde hace cuatro años, y cada vez hay más consenso en señalar al principal responsable de esta situación: la insistencia de las entidades bancarias en recurrir hasta las últimas instancias casos que probablemente perderán, pero que les sale rentable alargar.

Por eso muchos piden una solución para desatascar esta situación en la que el que más pierde es el ciudadano que quiere reclamar sus gastos cobrados indebidamente.

A pesar de que en 2017 se crearon tribunales específicos, la carga de casos pendientes –preferentes, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, hipotecas con IRPH, hipotecas multidivisa, tarjetas revolving o swaps- se ha estancado en torno a los 240.000:  “Estos juzgados no han servido para resolver el problema, sólo han conseguido encapsular en un reducido número de juzgados estos pleitos civiles”, denuncia Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía  en la comisión de seguimiento del arbitraje de cláusulas suelo. La Abogacía recurrió en 2017 la puesta en marcha de éstos juzgados, aunque fue desestimada.

Ante las quejas, el Ministerio de Justicia ha tomado cartas en el asunto y en los anteproyectos de las Leyes de Eficiencia Procesal y Organizativa-se han incluido medidas para desatascar estos juzgados especializados: juicios verbales –independientemente de la cuantía, por su mayor agilidad-, pleitos testigo –tomar un solo proceso como referencia y que tras obtener sentencia el resto de procesos puedan beneficiarse de sus mismos efectos si los casos son iguales- o la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial previo.

Interés moratorio para desincentivar los pleitos

Sin embargo, puede que tampoco sea suficiente. “Son viejas ideas que no guardan relación con el problema”, insiste Pascual, para quien la resolución del problema pasa por “incentivar a la banca a abandonar la morosidad y cumplir puntualmente sus obligaciones. Esas reclamaciones no deben entrar en los tribunales, porque la banca debe cumplir a iniciativa propia sus obligaciones con los consumidores, debidamente incentivada por unos intereses moratorios relevantes”.

Esa propuesta la realizó el propio Pascual hace años en la comisión de la que forma parte, en nombre de la Abogacía, pero por el momento no se ha implementado, a pesar de que, como señala el letrado, “tienen la capacidad disuasoria idónea para evitar centenares de miles de pleitos”.  “No se comprende por qué no se aplica a la banca el mismo incentivo que se aplica, por ejemplo, a las aseguradoras para cumplir sus obligaciones”, añade.

En una reciente jornada celebrada por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), el magistrado de Las Palmas Juan Avello abogó también por esta idea de la tasa moratoria, y consideró que “la única solución posible es que a las entidades financieras no les resulten rentable la litigiosidad”.

Efecto disuasorio para los consumidores

Aunque las sentencias en estos casos son en más de un 97% favorables al consumidor, la estrategia de dilatar todo lo posible los procesos tiene otro efecto: que los clientes, si la cantidad a reclamar no es muy elevada, desistan de ir a los tribunales porque no les merece la pena.

Según cifras de ASUFIN, el tiempo de espera para que se resuelva un caso de este tipo es de cuatro años de media.

Además, los sistemas de solución extrajudicial establecidos benefician también solo a la banca, según denuncia Pascual. “No podemos estar satisfechos con sistemas que exigen la reclamación de cada cliente, y que solo puedan recibir lo que les corresponde los que lo hagan”. Por ello, considera que “la banca puede y debe pagar a iniciativa propia y devolver lo cobrado indebidamente, igual que todos los meses cobra sus cuotas de préstamo a sus clientes”.

Estas elevadas cifras de litigiosidad generan preocupación incluso en el Banco de España. Su subgobernadora, Margarita Delgado, manifestó recientemente en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Málaga que esta situación “es mala para todos, al sobrecargar nuestro sistema judicial, implicar un gran coste económico y reputacional para las entidades y limitar o encarecer el acceso al crédito”.

Además de las medidas propuestas, Pascual considera necesario acabar con el sistema actual de juzgados y “descentralizar la justicia en sus partidos judiciales, acercarla a los ciudadanos en lugar de centralizarla en las capitales de provincia”, tal y como advirtió la Abogacía en su día.

El sábado 5 de junio se ha celebrado la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado correspondiente a 2021. Un total de de 6.417 aspirantes se presentan a este examen que servirá para comprobar si cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

El examen se realiza online, de forma sincronizada, a través de la plataforma AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, en la que habrá que responder a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes. En la primera parte habrá 50 preguntas relativas a materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte estará compuesta por 25 preguntas acerca de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo, y laboral.

El lunes 7 de junio estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la página web del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia informará a través de su web y de los cauces habituales de los resultados de la prueba.

Retrasos en los pagos, procedimientos que se eternizan sin que aumente la factura del letrado, denegaciones de la justicia gratuita que obligan al abogado a perseguir por su cuenta al cliente para cobrar, diferentes criterios en cada comunidad autónoma para conceder la asistencia jurídica, actuaciones letradas que no se retribuyen …

Esta es la realidad cotidiana en 2022 de este servicio esencial para el Estado de Derecho. La aprobación el año pasado de un nuevo Reglamento de Justicia Gratuita dio respuesta a una de las principales reivindicaciones de la abogacía, al garantizar el pago mensual. Sin embargo, otros muchos problemas quedaron pendientes. Para resolverlos la Abogacía reclama una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -la actual es de 1996- para incluir estas modificaciones:

– Actualización del baremo. Y no solo desde un punto de vista cuantitativo, que también, para que el servicio esté “digna y suficientemente remunerado”, como prevé la Ley, sino para que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita.  “Desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al Colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, deben generarse automáticamente sus honorarios. Ningún abogado ni abogada debe trabajar gratis”, así de claro lo expresó el decano de Madrid Jose María Alonso en el Congreso de los Diputados. Y es que hay una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están cubiertos por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas vía administrativa.

“Hay actuaciones que los abogados tienen obligación de hacer y no vienen recogidos en el baremo, que se está quedando muy desfasado tanto por la cantidad como por el hecho de que no refleja nuevas actuaciones letradas”, aclara Marisol Cuevas, directora de Servicios a la Ciudadanía del Colegio de Madrid, que añade que “el recurso de revisión o el recurso de queja tampoco están incluidos en la Ley”.

La abogacía institucional reclama que, para garantizar la tutela judicial efectiva, se pague también la intervención letrada en los procesos de mediación, de segunda oportunidad o cuando se ejerce la acusación particular.

Pago del trabajo realizado por el letrado en el caso de que se deniegue posteriormente el beneficio de la justicia gratuita. En el último Observatorio de la Justicia Gratuita el comité de expertos recomienda que el trabajo de los abogados sea debidamente remunerado, con independencia del reconocimiento o no de la asistencia jurídica gratuita. Y asegura que la administración debe pagar los servicios y, en su caso, repercutir el coste al ciudadano que no acredite su carencia de circunstancias económicas. Actualmente es el propio letrado el que tiene que perseguir al cliente para conseguir cobrar ese trabajo realizado.

“Si las leyes procesales establecen la obligatoriedad de la abogacía, ¿qué pasa cuando los abogados tienen que prestar servicios y no hay un reconocimiento posterior de justicia gratuita? Hay que compensar, aunque sea mínimamente, ese esfuerzo profesional que se realiza”, reclamó en el Congreso de los Diputados Antonio Morán, presidente de la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía.

Homologación de los baremos y los criterios para conceder el beneficio de la justicia gratuita en las diferentes comunidades autónomas. “Están estructurados de manera distinta en cada comunidad, y eso puede hacer que en una comunidad los abogados cobren determinadas actuaciones y en otras no. Si te pagan por fases en vez de por procedimiento puede que cobres más, y algunas comunidades pagan así”, explica Cuevas.

Los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria asesoran a los presos en diferentes materias jurídicas. La Abogacía reclama financiación para que lleguen a todos los centros penitenciarios.

Un día a la semana, siempre el mismo y a la misma hora, un letrado del Colegio de la Abogacía de Madrid visita la prisión de Soto del Real para asesorar a los presos en diferentes materias jurídicas. Otro hace lo propio en Alcalá-Meco. Y así, hasta completar el resto de centros penitenciarios madrileños. Durante seis meses, los internos tienen de referencia al mismo letrado, que cambia pasado ese tiempo.

Estos abogados forman del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOJP) de los Colegios de la Abogacía, que realizan una labor imprescindible de asesoramiento y defensa a los más de 55.000 internos (el 93% hombres) que hay en los 69 centros penitenciarios de España.

La mayoría de las consultas que reciben son de índole penitenciaria, pero también aparecen otras cuestiones. “Los presos también se separan, reciben herencias o les desahucian porque dejan de pagar el alquiler”, explica Carlos García Castaño, letrado coordinador del SOJP del Colegio de la Abogacía de Madrid. “Si quieren un abogado de oficio para cualquier cosa, se les asesora y se les gestiona la designación en el Colegio correspondiente”, añade. “Se trata de no dejarlos en desamparo”, resume María Luisa Díaz Quintero, coordinadora del servicio en el Colegio de Sevilla.

En materia penitenciaria la intervención del letrado solo es obligatoria en el recurso de apelación, no en las fases administrativas previas, aunque los abogados de estos servicios también ayudan a los reclusos en estas cuestiones. Desde la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española se reclama “la preceptividad de la asistencia letrada en todos los trámites, quejas, incidentes y recursos que se planteen por los internos ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria”, señala Blanca Ramos, presidenta de esta Subcomisión y decana del Colegio de Abogados de Pamplona.

En cuanto a la forma de organizar los SOJP, “no tienen un formato único ni se puede decir que haya un formato ideal”, indica García Castaño, que también es vocal de la Subcomisión del Consejo. Esto depende de cada corporación: hay Colegios que diferencian entre el SOJP y el Turno de Oficio para las apelaciones en vía penitenciaria, como ocurre en el Colegio de Madrid. En otros existe el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria pero las designaciones, para los recursos de apelación se realizan a través del turno penal general. Y también hay algunos Colegios que carecen de servicios especializados y realizan las designaciones a través del turno general. Aproximadamente la mitad de los Colegios de España cuentan con SOPJ. Por eso, una de las reivindicaciones de la Subcomisión de Derecho Penitenciario es “la constitución de SOJP en todos los Colegios donde haya un centro penitenciario en el ámbito de su demarcación”, explica Ramos.

Una excepción a la organización de este servicio por parte de los Colegios la encontramos en Cataluña, donde el servicio “lo centraliza y coordina el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña”, explica Ángeles Montoya, gerente.

La financiación es otro de los problemas con los que se encuentra este servicio. Existen diferentes situaciones: hay Colegios que carecen de financiación pública y los gastos del servicio los asumen ellos; otros -la mayoría- funcionan con convenios con la correspondiente administración; y hay comunidades que lo tienen incluido en la ley, igual que el resto de las actuaciones del turno de oficio, como ocurre en Navarra. Desde la Subcomisión de Penitenciario se reclama “que la asistencia penitenciaria se incluya dentro de las prestaciones que se llevan a cabo a través del turno de oficio”, señala Ramos.

En Andalucía funcionan con un convenio firmado con la Junta. El problema de este tipo de acuerdos es la incertidumbre. Por ejemplo, entre 2012 y 2015 la Junta decidió no renovarlo. “Y cuando lo volvieron a firmar -después de movilizaciones de los letrados-, la dotación económica se redujo drásticamente”, lamenta Díaz Quintero.

Para formar parte de estos servicios cada Colegio tiene sus propias normas. Tener un mínimo de tres años de colegiación suele ser una de ellas, junto a otras como realizar un curso, pasar un examen e incluso realizar prácticas en prisión con un tutor.

Además, para mejorar la atención a los presos, se está trabajando con Instituciones Penitenciarias en establecer un sistema de videoconferencias para realizar las asistencias letradas.00