Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre del año disminuyeron un 6,5 % con respecto al mismo periodo de 2021, descenso que experimentaron tanto los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que bajaron un 2 %, como los lanzamientos consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, que mostraron una reducción interanual del 16,6%.

Según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, el 72,8% de los 10.816 lanzamientos practicados en dicho trimestre fueron consecuencia del impago del alquiler.

Cataluña –con 2.414, el 22,3% – ha sido la comunidad autónoma con el mayor número. Le siguieron Andalucía, con 1.922; Comunidad Valenciana, con 1.524; y Madrid, con 999.

Los concursos se incrementan en un 15,6% y los despidos un 2%

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción ascendió a un total de 5.798, un 15,6% más que el mismo trimestre de 2021. De ellos, 2.927 correspondieron a personas físicas no empresarios presentados en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción y los 2.871 restantes se interpusieron ante los Juzgados de lo Mercantil.

Por otra parte, en ese periodo se presentaron 28.753 demandas por despido, un 2% más. Cataluña, con 5.583, encabeza el listado, seguida de Madrid, con 5.100; Andalucía, con 4.555, y Comunidad Valenciana, con 3.171.

“Te intimidan hasta tal punto de agotarte psicológicamente para que pagues”. Le sucedió al abogado valenciano Francisco Javier Galán, que recibía decenas de llamadas diarias de una compañía telefónica y sus contratas de recobros, reclamándole una deuda que no existía.

Tras dos años de lucha, Galán consiguió la primera sentencia en España que impone una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación contra estas compañías en 2017. Ahora ha recogido en un pequeño manual “El acoso telefónico y la orden de alejamiento” su triunfo judicial frente a este acoso y en él da consejos para poner coto a los abusos de estas compañías.

“Este hostigamiento puede darse entre personas desconocidas, como es el caso, que no tienen nuestro consentimiento para ello y que alteran el desarrollo de la vida cotidiana”, relata el abogado.

En 2015, decidió cambiar de compañía, realizando una portabilidad, que le aseguraron, no conllevaba ningún gasto por cancelación. “Ya no era la cantidad que me reclamaban: unos 80 euros, sino los 80 euros que pretendían obtener de todos los clientes. Hay en torno a 90.000 afectados en el país. Estas empresas recurren a compañías de recobro además para hostigar hasta que los afectados acaban pagando, únicamente para que no se les moleste más”, explica.

A partir de que se le inscribiera en un registro de morosos, Galán comenzó a recibir continuas llamadas y mensajes tanto a su teléfono como al de su hija menor de edad. “Mi objetivo era que me dejaran de llamar. Lo primero que hice fue una reclamación en el Ministerio de Industria. Mucha gente no sabe que esa acción se puede hacer y acuden a asociaciones de consumidores. Hay mucho desconocimiento en este país”.

Paralelamente, interpuso una denuncia de acoso y estafa en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia, que le dio la razón. Sin embargo, el acoso telefónico no cesó y solicitó la prohibición de llamadas a la Audiencia Provincial. “Ante la imposición de una medida cautelar, que en caso de incumplimiento acarreaba pena de cárcel, automáticamente las llamadas pararon”, explica.

Una de las conclusiones del manual, a su parecer, es que luchar merece la pena. “Pero hay que saber pelearlo e informarse es fundamental para conseguir ganar”, agrega.

El letrado ahora ha abierto otra pelea y es conseguir que se incluyan las llamadas de compañías telefónicas como delitos que cometen las empresas. “Son mucho más importantes que otras porque, no solo se apoderan de tu dinero, sino que manchan tu honor, al incluirte en un registro de deudores”, afirma.

Galán agrega que en un informe emitido por la Fiscalía en 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en cuanto a determinados delitos no se encuentra el de acoso de este tipo. “Por eso los fiscales no ejercen la acusación”.

Un juzgado de Vigo ha dado la razón a un matrimonio víctima de phising en el año 2015 y condena al Banco Santander a devolverles los más de 47.000 euros estafados.

El matrimonio, que reside en Venezuela – él es gallego y emigró allí-, tenía una cuenta bancaria abierta en dólares. Los ciberestafadores se pusieron en contacto con el banco a través de un correo electrónico muy similar al del cliente, cambiando una letra. A través de mensajería los ciberdelincuentes confirmaron la transferencia con la sucursal y llamaron a la oficina suplantando la identidad de la víctima usando acento venezolano.

El abogado que ha llevado el caso, Carlos Pérez Parga, CEO de Cum Laude, critica la actuación de la directora y subdirectora del banco al creer firmemente de que se trataba del cliente: “estaban convencidas de que hablaban con la persona correcta, a pesar de que viene a España una vez al año en verano, ¿cómo pueden asegurar que hablaban con él por tener acento venezolano?”.

Este tipo de estafas, que tienen como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios, son cada vez más comunes. Los clientes que son víctimas de estos delitos suelen ganar los litigios contra las sucursales bancarias.

“Es muy difícil que esto salga mal a un cliente porque el banco tiene que probar que han actuado con todas las medidas de seguridad”, afirma Carlos Pérez, quien considera que se trata de un error de los proveedores de los servicios al no cumplir con los protocolos de seguridad. El juez ha dictaminado la sentencia responsabilizando a la entidad bancaria apoyándose en la ‘Ley de Servicios de Pago’.

Una vez que se ejecutaron las tres transferencias y se materializó la estafa en un periodo de 7 a 10 días, el cliente recibió una llamada de la directora para confirmarlas. El abogado considera que el caso es muy llamativo debido a que “en 7-10 días se transfieren los 50.000 dólares. Además, con transferencias muy sospechosas a Panamá, a Chile”.

El matrimonio creyó que la razón de la llamada era una operación reciente de 150 euros que sí habían realizado. Debido a la imposibilidad de realizar los trámites desde Venezuela, una tía del cliente, que tiene un poder para gestiones varias, fue quién se dirigió a la oficina para confirmar el gasto.

Un juzgado de Córdoba ha condenado a una entidad financiera a reintegrar a dos de sus clientes el importe total abonado en concepto de cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario.

En una sentencia del 7 de septiembre de 2022, el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 condena a Caja Rural del Sur a devolver a la demandante 4.700 euros, correspondiente a lo abonado indebidamente por esas cláusulas abusivas, desde la suscripción del préstamo hipotecario en 2005 hasta 2013.

Se trata de la primera sentencia tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2022, que aplica su dictamen para recuperar también lo cobrado por el banco con anterioridad a mayo de 2013.

“Se aprecia cosa juzgada sobre aplicación desde la apertura del préstamo hipotecario hasta 2013. Procede condenar a la entidad demandada a la devolución dineraria, como restitución de prestaciones indebidas”, dice la sentencia.

Fuensanta Cabrera Salinas, abogada del despacho Cabrera Abogados , que ha conseguido el caso, considera la visión de los magistrados “ajustada al derecho de la UE y muy beneficiosa para los consumidores afectados por la cláusula suelo, un triunfo más para los clientes financieros”.

Este procedimiento se inició en 2014. Sus clientes consiguieron un fallo del juzgado de lo mercantil que condenaba a la devolución de cantidades que se hubieran cobrado en virtud de la cláusula suelo declarada nula, pero limitando los efectos de recuperación a mayo de 2013.

“Estaba en vigor el criterio que había establecido el Supremo entonces, y solo se podía reclamar la devolución de lo que había pagado de más desde la fecha de la sentencia del alto tribunal. Mientras se sustancia el procedimiento, en 2022 el TJUE obligó a devolver la cantidad íntegra, sin límite temporal. Volvimos demandar y ocho años después nos han dado la razón”, explica Cabrera.

Los magistrados condenan también al “reembolso, previo cálculo, de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de la cláusula suelo declarada nula en la sentencia de 2.016, dictada por el Juzgado de lo Mercantil, así como a los intereses legales devengados desde la fecha de cada abono, y hasta su efectiva restitución”, explica la letrada.

Y por ello anima a los miles de afectados a presentar los recursos correspondientes. “Hay muchos criterios dispares en temas de consumidores en cada juzgado y audiencia provincial. No hay otra forma de recuperar el dinero que no sea demandando. La banca pierde en un 90 % de los casos”, afirma la abogada.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

“La primera toga”, documental que recupera la memoria de la primera mujer abogada de España, Ascensión Chirivella, ha obtenido el premio como mejor largometraje documental en el II Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, Cre@tei.

Chirivella fue la primera mujer en licenciarse en Derecho en España, en inscribirse en un colegio de abogados -el Colegio de la Abogacía de Valencia- y ejercer su profesión en nuestro país.

Nacida en Valencia en 1893, fue una adelantada a su tiempo. Estudió tres carreras (Filosofía y Letras, Magisterio y Derecho), fue una pionera en la lucha de las mujeres por la igualdad, pero el olvido se cebó con su recuerdo, como con el de tantas otras, hasta borrarla prácticamente de la historia.

Este certamen nació con el objetivo de reconocer las mejores obras del mundo audiovisual en los 23 países que componen la región iberoamericana, ofreciendo la posibilidad de que sus trabajos puedan ser vistos por más de 600 millones de personas a través de la red multiplataforma de ATEI.

La primera toga, creada por Comunitínere Producciones y EOC Producciones y dirigida por Almudena Verdés y José Maria Villagrasa, fue un proyecto en el que también muchas instituciones quisieron reparar la injusticia que supone el olvido de esta figura. Entre ellas, estuvo el ICAV, con su decana, Auxiliadora Borja y su vicedecana, Ángela Coquillat, al frente.

La II Edición del Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica CRE@tei tuvo lugar el pasado mes de julio en Bucaramanga, Colombia.

Las empresas de entre tres y nueve trabajadores ya pueden solicitar las ayudas del Kit Digital, una iniciativa del Gobierno para subvencionar la implantación de soluciones digitales por pymes y autónomos de todos los sectores. Las pymes de entre 10 y 49 trabajadores ya podían solicitar las ayudas desde marzo.

El proyecto del Kit Digital está dotado con 3.000 millones de euros en total, provenientes del plan de recuperación europeo. La convocatoria para empresas de entre 3 y 9 trabajadores cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y el importe máximo por beneficiario será de 6.000 euros.

Las ayudas concedidas deberán emplearse en la contratación de una o varias soluciones de digitalización a través de los agentes digitalizadores adheridos. Las soluciones se engloban en diez campos: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, inteligencia artificial y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad. Toda la tramitación se realiza a través de la web acelerapyme.

Las solicitudes, hasta el 2 de septiembre de 2023, deberán ser presentadas por el solicitante, su representante legal o un representante voluntario que cuente con su autorización únicamente a través del formulario automatizado.

La reforma concursal, que entrará en vigor el 26 de septiembre, fue objeto de un detallado análisis en la conferencia de los lunes organizada por el Consejo General de la Abogacía, en la que se pusieron de manifiesto las nuevas oportunidades que se abren para la abogacía.

Tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados a finales de agosto y su publicación en el BOE el 6 de septiembre, esta reforma entrará en vigor el 26 de septiembre.

De izq. a dcha: Miguel Angel Salazar, Yvonne Pavía, José María Puelles y José Antonio Perales, del Consejo General de la Abogacía.
“Supone un cambio de paradigma tan absoluto que toda la abogacía y otros colectivos nos rebelamos en su momento. Hay que verla desde un lado positivo y tirar para adelante”, afirmó Yvonne Pavía, abogada especialista en materia concursal.

Pavía analizó la figura del administrador concursal. Y destacó que la nueva ley ha incluido finalmente la preceptividad de la abogacía en todos los procedimientos. “Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y contentos”.

El economista Miguel Angel Salazar analizó la figura del plan de reestructuración: “Es una herramienta de trabajo que ha de permitir saber cuándo una actividad da síntomas de ser reestructurada y si es necesaria judicializar esa reestructuración”.

Salazar analizó los síntomas que indican la necesidad de una reestructuración (que van desde la reducción de ventas hasta la falta de puntualidad en entregas) y habló de las actividades necesarias para poner en marcha la reestructuración.

También explicó que el plan de reestructuración se puede pedir cuando la persona física o jurídica se encuentra en insolvencia inminente, en insolvencia actual o tiene probabilidad de insolvencia, es decir, que prevé incumplir obligaciones en dos años.

“Es un gran reto para la abogacía”, señaló. “Los abogados tienen un nuevo espacio”.

El abogado Jose María Puelles explicó cómo funciona la mecánica de la segunda oportunidad con la reforma concursal. “La valoración no es positiva porque la nueva norma es más restrictiva, con más requisitos , se incrementa el número de créditos exonerables” .

“Se complica el acceso a la segunda oportunidad, y además hay una aplicación retroactiva a los procedimientos en marcha en los que no se haya solicitado la exoneración y eso puede ser inconstitucional”, añadió.

La Justicia Gratuita es un servicio esencial que prestan más de 45.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en toda España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Es un servicio público esencial y necesita mejoras con urgencias. Así lo reclama con firmeza la Abogacía Española. “La defensa de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio está y estará siempre en nuestra agenda de prioridades”, afirma Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. “También debería estarlo en la de la política y el legislador, y así lo exigimos”.

Agilidad y prontitud en los pagos.
Se han conseguido garantías legales importantes para asegurar agilidad en los pagos, como los pagos mensuales, garantizados en el Reglamento de Justicia Gratuita que se aprobó en marzo. Pero se siguen produciendo disfunciones, incumplimientos y retrasos que no deberían producirse. Y la Abogacía exige que se page con puntualidad y sin retrasos.

Más recursos: incremento y equiparación al alza de los baremos.
Los baremos que se utilizan para retribuir los servicios del Turno de Oficio siguen estando “muy lejos del valor real de los servicios que se prestan”, indica Ortega, por lo que “debe avanzarse en una profunda revisión que suponga un verdadero salto adelante para aproximar las indemnizaciones que se perciben con el coste real de los servicios”, afirma en su Manifiesto la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española.

Desde la Abogacía se viene demandando que se preste e indemnice por igual en toda España, porque “no tiene ningún sentido que, por el mismo servicio, un abogado o abogada de la misma cualificación y experiencia perciba cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje”, expresa Ortega.

Urge la reforma de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita
Es necesaria la reforma de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la vigente tras 25 años para adecuarla la situación actual y mejorar su eficiencia. “La mayor deuda pendiente se encuentra en esa nueva Ley, tantas veces demandada desde la abogacía. Hemos reiterado en numerosas ocasiones los valores del sistema diseñado a través de la Ley 1/1996 es bueno; pero el paso del tiempo y los cambios sociales imponen una urgente revisión”, demanda Antonio Morán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

SMI/IPREM: nadie sin acceso a Justicia Gratuita
Una de las carencias del nuevo Reglamento, en relación con los requisitos necesarios desde el punto de vista económico para acceder al beneficio de justicia gratuita, es la necesidad de revisar si, por la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) efectuada correspondería modificar el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Al elevarse el SMI se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita, en concreto determinadas familias que estaban sujetas al SMI.

Pago de todos los servicios prestados por el Turno de Oficio
La Abogacía reclama garantizar el pago sin dilaciones y por todos los servicios prestados. Así lo subraya el Comité de Expertos que analiza del XV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita lamentando que “no se haya aprovechado el nuevo reglamento para habilitar un procedimiento que garantice el cobro del trabajo ya desarrollado por los abogados en los supuestos de denegación del beneficio de justicia gratuita” por causas imputables al justiciable o en los casos en los que la actuación realizada no está incluida en el baremo de retribución del servicio.

Los abogados de oficio son los protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en “condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita”, recalca Ortega.

A lo largo de toda la geografía española, diversas ciudades muestran su reconocimiento a los Abogados de Oficio mediante la dedicatoria de una calle, plaza o avenida. Esta decisión supone un reconocimiento a la labor de los letrados que garantizan a los ciudadanos con menos recursos que su acceso a la Justicia se produzca en condiciones de igualdad, con independencia de sus posibilidades económicas. Ya son más de 40 ciudades y Colegios que han llevado a cabo esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reconoció el trabajo de los Abogados de Oficio. En el pleno del 19 de septiembre de 2017 aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos el nombramiento de la “Glorieta Abogados de Oficio” a la rotonda sita entre las calles Ronda Fiscal y Gran Canal. Este punto del orden del día fue incluido en el mismo tras la presentación conjunta de dicha propuesta por parte de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y de su Agrupación de Jóvenes Abogados.

Previamente, Murcia instaló el 12 de julio de 2016 -coincidiendo con la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio-  el Jardín de los Abogados de Oficio, situado en la Avenida de la Justicia, en la que también se ha instalado un monumento conmemorativo “La escultura al Abogado de Oficio”, donado al Ayuntamiento de la ciudad.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Cádiz se sumó también en 2016 al reconocimiento de los abogados del Turno de Oficio inaugurando, el 9 de marzo de ese año, la calle “Abogados de Oficio” en la zona de la Ermita en Algeciras. Al acto acudieron el alcalde, José Ignacio Landaluce, junto a la totalidad del equipo de gobierno y una amplia representación del Colegio de Abogados de la provincia de Cádiz, encabezado por el decano, Pascual Valiente y el delegado en Algeciras, Alberto Ibars.

En Málaga capital, una avenida recuerda desde 2018 la labor del Abogado de Oficio. También el Ayuntamiento de Benalmádena, a petición expresa de la delegación del Colegio de Abogados de Málaga en Torremolinos, ha decidido que una plaza de esta localidad malagueña lleve el nombre de “Plazuela Abogados de Oficio”. Vélez-Málaga instaló una plaza del Abogado de Oficio en el 2015.  También Mijas quiso dedicar una avenida a los abogados de oficio. Coín y Marbella cuentan ya con una rotonda de los Abogados de Oficio, mientras que Torrox instaló un pasaje del abogado del Turno de Oficio. Por su parte, un bulevar de Estepona está dedicado a este colectivo. Por su parte, Ronda cuenta con una glorieta Abogado de Oficio. Además, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, inauguró el 11 de julio  la rotonda ‘Abogados de oficio’, ubicada en la avenida Andalucía – nuevo bulevar de La Loma de Fuengirola, en un acto presidido por la alcaldesa de la localidad, Ana Mula. Córdoba instaló, por su parte, una calle dedicada a la labor del abogado del turno.

En julio de 2016 se inauguró también en El Ejido la calle “Abogado de Oficio” de la delegación del Colegio de Abogados de Almería.

En Jaén, la calle dedicada al Turno de Oficio se inauguró en Abril del 2016. La vía se ubica en la prolongación de la calle Federico Mayor Zaragoza, en la zona del Bulevar, justo en la ubicación de la futura ciudad de la Justicia.

En el mismo sentido, el 14 de julio de 2020, el Colegio de Abogados de Granada y el Ayuntamiento de la ciudad van a proceder al descubrimiento de una placa dedicada a la Abogacía de Oficio en el exterior del edificio judicial de La Caleta como reconocimiento a la labor de este colectivo profesional.

Desde el 12 de julio de 2021, con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, Almería dispone de la calle “ABOGADO DE OFICIO”, que tiene entrada por la calle “José Manuel Morales Abad” y salida por calle “La Marina”, ubicada en el terreno de
lo que era “el Toblerone”.

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) instauró en 2013 el nombre de Abogados del Turno de Oficio a una plaza, a petición del Colegio de Abogados de Las Palmas. También Sabadell tiene una rotonda de la Abogacía del Turno de Oficio en la confluencia entre la vía Alexandra/Avda. Andreu Nin/Avda. Lluis Companys.

En 2012, la alcaldesa de Ciudad Real dedicó un paseo del Abogado del Turno de Oficio, un colectivo al que el Ayuntamiento quiso reconocer por la labor social tan importante que desempeñan al garantizar el Derecho a la Justicia gratuita, que viene reconocido en la Constitución Española, de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Por su parte, el 12 de julio de 2019, en el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, los abogados y abogadas de Talavera de la Reina dedicaron una calle en reconocimiento a su labor, la calle Adalid Meneses. El acto de dedicatoria contó con la asistencia del alcalde Jaime Ramos, acompañado por la decana del Colegio profesional, Margarita Cerro.

Por su parte, el pasado 13 de julio en Cangas de Onís (Oviedo) se inauguró una escultura como homenaje a los Letrados/as del Turno de Oficio, acto en el que estará presente la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y una delegación colegial encabezada por su Junta de Gobierno.

Cáceres cuenta también con varias calles dedicadas al Abogado de Oficio.

En 2014, se inauguró en la ciudad de A Coruña la calle “Abogacía” como homenaje de la ciudad al trabajo que ha realizado la profesión en beneficio de la sociedad.

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, junto al entonces decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Fernando Dávila, inauguraron en 2017 en la capital salmantina la plazuela de la Abogacía.

El Colegio de Abogados de  Valladolid anunció el  4 de octubre de 2017 que se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento renombrar una calle de la localidad con el nombre “Abogados del Turno de Oficio. Así, desde el 11 de septiembre de 2018 la calle Isidro Rodríguez Zarracina pasó a a llamarse “calle de la Abogacía del Turno de Oficio”, en homenaje y reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por todos los abogados y abogadas implicados en un servicio tan importante para la consecución plena y real del derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas como lo es el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.

Ponferrada, inauguró el 12 de julio de 2017 -coincidiendo con la celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio- la Plaza al Abogado de Oficio en reconocimiento a los letrados que ejercen su labor en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. La petición la realizó la delegación del Colegio de Abogados de León en Ponferrada.

Además, Palencia ya cuenta con una calle de la ‘Abogacía del Turno de Oficio’. Ante la solicitud del Colegio de Abogados de Palencia, el Ayuntamiento de la ciudad concedió el pasado mes de noviembre esta distinción en nombre de calle, que estará ubicada en una vía del barrio de Los tres Pasos. En Palencia actualmente son 130 los abogados adscritos al turno de oficio y al de violencia de género, ascendiendo a 1.231 los asuntos que han requerido su intervención durante los nueve primeros meses del año. Una labor fundamentalmente social y que se desarrolla durante las 24 horas de los 365 días al año.

El Colegio de Abogados de León inauguró en 2020 la Calle de la Abogacía del Turno de Oficio, situada entre los edificios de Bomberos y Juzgados de la Ciudad de León. El acto contó con la intervención de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el alcalde de León, José Antonio Díez y el decano del Colegio de Abogados de León, Fernando Rodríguez Santocildes.

El Colegio de Abogados de Melilla inauguró en junio de 2018 una plaza que lleva por nombre Abogados del Turno de Oficio. Ésta se sitúa junto a la sede del Colegio de Abogados, en la calle Querol, 44.

El mismo día, en reconocimiento a la función social y al trabajo de los letrados adscritos al turno, el Ayuntamiento de Sueca ha dedicado un árbol que han bautizado como “El Árbol de la Abogacía del Turno de Oficio”. La alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, fueron las encargadas de descubrir la placa instalada a los pies del imponente ficus que está ubicado ante los juzgados, en la Placeta del Convent.

SOLICITADAS Y CONCEDIDAS, PENDIENTES DE INSTALAR

El Gobierno de Zaragoza, a propuesta del Colegio de Abogados de Zaragoza, ha aprobado denominar a una calle de la ciudad “Abogados del Turno de Oficio” en reconocimiento a la labor que llevan estos profesionales de Zaragoza en el Turno de oficio. Estará ubicada en el entorno a la Ciudad de la Justicia paralela a la avenida de José Atarés. De hecho, la entrada a la vía estará ubicada en dicha avenida, mientras que la salida será por el andador Berta Cáceres Flores.

El Colegio de Abogados de Oviedo también propuso al Ayuntamiento que bautizara con ese nombre a la calle del Abogado de Oficio, en la ubicación que se considere más oportuna. El Colegio de Abogados de Lucena, la delegación del Colegio de Abogados de León en Ponferrada, la AJA Alicante, con el apoyo del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados de Ávila, el Colegio de Abogados de Guadalajara, el Colegio de Abogados de Álava (en Vitoria) y el Colegio de Abogados de Burgos han solicitado también que se imponga a una calle de estas ciudades con la denominación de Abogados de Oficio, sin aprobación a día de hoy.

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Joaquina Cortés ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por denegarle la pensión de viudedad alegando que su matrimonio, celebrado por el rito gitano en 1974, no estaba regularizado.

Joaquina se casó con José Fernández cuando ella tenía 14 años. Desde entonces convivieron en Baeza (Jaén) y tuvieron cinco hijos que inscribieron en su libro de familia. “Joaquina se casó antes de que se aprobara la Constitución. Ella era una niña y lo hizo con pleno convencimiento de que se estaba casando legalmente. Ni se la había pasado por la cabeza que su matrimonio no estuviera legalizado”, afirma su abogado, Juan Pablo Mola.

Cuando José falleció en 2014, fue a solicitar la pensión de viudedad y la Seguridad Social se la denegó alegando que no se había constituido formalmente como pareja de hecho menos de dos años antes de su muerte, como establece la ley. “Su marido estuvo cotizando en la Seguridad Social durante 28 años. Cuando le denegaron la pensión fue cuando nos pusimos nosotros a trabajar y decidimos pleitear”, cuenta Juan Pablo Mola.

Al caso de Joaquina le ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero su demanda ha perdido ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, aunque con votos particulares. Según Juan Pablo Mola, en este caso “hay una discriminación indirecta de fondo”, por lo que han decidido presentar una demanda contra el estado español por discriminación indirecta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE), con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). “Vamos a Estrasburgo para que nos digan si lo que han dicho los magistrados es lo correcto o no”, afirma.

El escrito presentado en Estrasburgo se apoya en los argumentos de otra una sentencia de 2009 de este mismo tribunal sobre un caso muy similar de una mujer gallega, María Luisa Muñoz Díaz, La Nena, a quien el TDHE reconoció el derecho a percibir la pensión de viudedad, después de que el estado español se lo denegara al no haber inscrito en el Registro Civil su matrimonio celebrado también por el rito gitano.

Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Constitucional alegan que la sentencia de La Nena no puede aplicarse al caso de Joaquina por considerar que en este último no existía “buena fe”, ya que en el libro de familia de Joaquina y José en las distintas inscripciones de sus hijos se hacía mención a su calidad de “solteros” y a que los hijos eran “extramatrimoniales”. Pero, según afirma Juan Pablo Mola, los magistrados no han tenido en cuenta que “estamos hablando de personas que son analfabetas, que no saben ni leer ni escribir. Es un formalismo que no tiene ningún sentido en este caso concreto, porque lo importante es que ella y su marido estaban totalmente convencidos de que estaban casados. Ese es el matiz”.

“Tanto yo como el equipo de la Fundación Secretariado Gitano y todos los letrados y catedráticos de la Universidad de Valladolid que están ayudando estamos totalmente convencidos de que Joaquina tiene razón y vamos a seguir peleando. Pedimos que Estrasburgo haga su trabajo y así se haga justicia”, sentencia Juan Pablo Mola.