¿Le suena Ethereum? ¿Sabe lo que es Tether? No se preocupe si la respuesta es negativa. Seguro que el Bitcoin le resulta más familiar. Son todas criptomonedas, de las que “no existen centenares, sino miles”, señala Javier Maestre, abogado experto en Nuevas Tecnologías en Maestre Abogados . Cada una tiene sus particularidades, por lo que es complicado realizar un listado de características, pero entre los rasgos comunes pueden citarse la descentralización, el anonimato en la transacción y la volatilidad del activo.

Una criptomoneda es, según definen en la web economipedia, “un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro” (la RAE no recoge, de momento, el término ‘criptomoneda’ ni ‘criptodivisa’). Pero, ¿cómo funcionan estas criptomonedas? ¿Tienen algún tipo de regulación? ¿Las ventajas que tienen superan a los riegos de invertir en ellas?

CRIPTOMONEDAS Y ABOGACÍA: UN NUEVO CAMPO DE TRABAJO

Antes de invertir en una criptomoneda, el inversor debe valorar su perfil de riesgo y estudiar qué tipo de inversión se ajusta a él. Y, fundamental, informarse y formarse sobre la inversión que se va a realizar y sobre los mecanismos de custodia de estas criptomonedas. Y ahí el papel de los abogados es esencial, lo que abre nuevos campos de trabajo, como, según recoge en el informe ‘Abogacía Futura 2021’, el asesoramiento jurídico y fiscal para la inversión en criptomonedas, el asesoramiento a empresas en la utilización de estas divisas, o las reclamaciones y litigios que se pueden derivar de su uso en relación con blanqueo de capitales, estafas o herencias.

Los posibles inversores sí deben ser conscientes “de la naturaleza de los activos en los que invierten sus ahorros y las condiciones de las inversiones”, apunta Almudena de la Mata, managing partner en Blockchain Intelligence. Y sobre todo, advierte, deben tener muy en cuenta su “alta volatilidad”, dado que el mercado de las criptomonedas todavía es un mercado en desarrollo. Un ejemplo: si el 16 de febrero conocíamos que el Bitcoin había superado la barrera de los 50.000 dólares y durante los días siguientes su valor aumentó hasta superar los 58.000 dólares, en dos días bajó drásticamente hasta los 47.000 dólares, un descenso del 20% en menos de una semana.

REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS

Algo que el inversor debe también saber es que las criptomonedas no están sujetas por el momento la vigilancia de las autoridades centrales. Para poner fin a esta ausencia de regulación, la Comisión Europea está trabajando, como explica Almudena de la Mata, en una propuesta de Reglamento de los Mercados de Criptoactivos (MICAR en sus siglas en inglés, Markets in Crytoassets Regulation) “con el fin de dotar de seguridad jurídica y fomentar la innovación en un marco de protección al consumidor y al inversor”. Esta propuesta, explica, otorga “un marco regulatorio a todos aquellos criptoactivos que no sean considerados por la normativa actual como activos financieros o como dinero electrónico y por tanto ya están regulados”, y además clarifica algunos temas como la oferta y comercialización de activos criptográficos o el papel de las autoridades competentes en Europa.

Esa falta de seguridad jurídica es quizás la que ha propiciado que estos activos se asocien popularmente al blanqueo de capitales. ¿Cuánto hay de cierto? “No podemos negar que el Bitcoin se puede utilizar para blanquear dinero, pero no es el principal instrumento para ello, sino que son el dólar, el euro y las instituciones bancarias”, afirma Javier Maestre.

En este campo también ha trabajado la Unión Europea, con la Quinta Directiva Europea sobre Blanqueo de Capitales. Su trasposición, explica Maestre, “incluirá en su ámbito de aplicación determinadas operaciones que se hacen con criptomonedas. Por ejemplo, el cambio de criptomonedas a dinero fiat” (el dinero fiat es el dinero que usamos comúnmente, los euros, dólares, libras…).

Sobre la Quinta Directiva y las criptomonedas José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro, explicó en las VII Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, que “la Quinta Directiva incluye, como sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias (exchanges) y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos (wallets)”. A juicio de Almudena de la Mata, “la inclusión de los llamados ‘exchanges’ en la normativa europea de blanqueo ha sido definitivo para el control del uso de criptomonedas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

Respecto a la legislación en España, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal (aprobado en Consejo de Ministros y actualmente en trámite parlamentario) recoge en su redacción inicial una modificación en la Ley 7/2012 para tener un mayor control sobre las criptomonedas, por lo que se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales.

CRIPTOMONEDAS Y BANCOS CENTRALES

¿Emitirán algún día los bancos centrales su propia criptomoneda? Javier Maestre hace referencia al Banco Central de China, “quizás el que más avanzado tenga el proyecto”, y su criptomoneda DC/EP. Respecto a Europa, es escéptico sobre la emisión de una criptomoneda por parte del Banco Central Europeo, ya que entiende que ésta no supondría “una modificación muy sustancial respecto al panorama actual, porque la mayor parte del dinero fiat que utilizamos es virtual”, por lo que a su juicio “simplemente habría que cambiar la manera de hacer los apuntes contables”.

Una opinión diferente tiene Almudena de la Mata, que opina que con la creación de esta moneda vendrán “nuevos modelos de negocio y de gestión pública, que cambiará las relaciones entre particulares y en el ámbito de la administración”. “La emisión de moneda digital por los Bancos centrales supone la gran revolución del mundo digital”.

Las abogadas de los 43 vecinos de Cerdanyola del Vallés a los que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón en su demanda contra Uralita por los daños causados por el amianto van a llevar las acciones legales necesarias para que perciban sus indemnizaciones. El Tribunal Supremo condenó hace pocos días a Uralita, ahora llamada COEMAC, a indemnizar con más de 2,3 millones a trabajadores y vecinos de la fábrica, que cerró en 1997.

“Ha habido un incumplimiento grave y reiterado por parte de la empresa para proteger la vida y la salud tanto de las personas que trabajaban allí como las personas que habían vivido y trabajado cerca de la empresa”, dijo en entrevista la abogada Esther Pérez.

“La sentencia del Supremo es muy relevante porque es la primera vez que se reconoce el derecho a recibir una indemnización por parte de personas que no han estado trabajando ni han sido familiares de trabajadores, lo que hemos venido llamando como víctimas pasivas ambientales, que vivieron o trabajaron a un radio no superior a 2 km de la fábrica”, añadió.

La alegría de los demandantes se ha visto enturbiada, sin embargo, porque la empresa se ha declarado en concurso de acreedores y dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones. Las abogadas de los afectados denuncian que esto no puede ser una forma de “eludir responsabilidades por prácticas empresariales que eran conocidas desde los años 40”.

La sentencia del Supremo también reconoce por primera vez el derecho a una indemnización por el daño moral causado por las placas pleurales, causadas por la exposición al amianto y que pueden acabar produciendo una enfermedad. “Es una espada de Damocles que tienen encima”, afirmó Pérez.

Además establece que las indemnizaciones que los familiares de las víctimas pueden reclamar por la defunción de su pariente son compatibles con las que les corresponden como herederos de las acciones judiciales que no pudieron emprender o no vieron terminadas porque fallecieron.

Las abogadas de los afectados lamentan que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no haya un fondo de compensación para las víctimas del amianto, y que sean estas las que tengan que litigar para ver reconocidos sus derechos.

“Hay muchísimas víctimas en España porque fue un material muy utilizado en una época. Es importante que se reconozcan los derechos de las víctimas y que si han fallecido sean indemnizados sus familiares. Hasta hace poco la gente no era consciente de las enfermedades que causaba este material. Y al estar tantos años en latencia, seguirá habiendo enfermedades hasta 2040”, dijo Pérez.

Precisamente también en estos mismos días un tribunal de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del conocido presentador de televisión Jose María Iñigo pudo estar relacionado con su exposición al amianto durante el tiempo que trabajó en RTVE.

El delegado de CERMI recuerda que la discapacidad no puede ser excusa para limitar a estas personas la realización de actos válidos en el tráfico jurídico.

JESÚS MARTÍN BLANCO CERMI

Juzgados con barreras insalvables, sentencias y juicios indescifrables para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la indefensión a la que se pueden enfrentar las personas sordas por falta de intérpretes de lengua de signos o medios de apoyo a la comunicación oral o el cuestionamiento al testimonio de una persona con trastorno mental. Esto sigue sucediendo en España en 2021, limitaciones para poder atender a los abogados y ciudadanos con discapacidad en las sedes judiciales, y que según Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de CERMI “nos deja en una situación de precariedad, hasta el punto poder acabar condenados por no haber considerado un ajuste en un procedimiento”.

Él será uno de los ponentes del I Curso de protección jurídica de las personas con discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española, que se impartirá desde el 23 de febrero y hasta el 23 de marzo, en horario de tarde de forma presencial y on-line, para formar a las abogadas y abogados del turno de oficio en esta materia.

En España hay doce millones de hombres y mujeres con discapacidad -señala-, “cifra si tenemos en cuenta a nuestras familias porque la discapacidad tiene impacto en ese contexto más cercano”. Denuncia que la mirada que está instalada en el imaginario social político y jurídico sobre las personas con discapacidad es la de vidas asistidas y tuteladas, “en las que se nos niega el hecho nuclear de SER, porque otras instancias deciden por nosotros”. Esto queda patente en sentencias como las que cuestionan el testimonio de una mujer con discapacidad intelectual víctima de una violación o en leyes como la eutanasia que a pesar del pronunciamiento de Naciones Unidas y de la vigencia de la Convención, “siguen señalando a las personas con discapacidad como vidas descartables”.

Por otro lado, apunta que si hay una esfera donde los efectos de la Convención de la Discapacidad se dejan sentir con mayor contundencia, esa es la de la plena igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Y por ello, recuerda que “la discapacidad ya no puede ser excusa o coartada para limitar o reducir la capacidad de las personas de realizar actos válidos en el tráfico jurídico. Los sistemas, como el español, basados en la sustitución de la voluntad de la persona por razón de discapacidad –de ordinario, intelectual o mental– han de quedar sin efecto, pues son contrarios al nuevo paradigma de la libre determinación de los individuos, de todos, incluidos los hombres y mujeres con discapacidad”.

Pero si la abogacía requiere una gran responsabilidad en conocer la Convención y realizar un enfoque de derechos humanos en materia de discapacidad, apunta que más importante es tomar conciencia de la especialización en los abogados adscritos al Turno de Oficio. “Discapacidad y pobreza produce un binomio perturbador que compromete la tutela judicial efectiva, y sería insoportable en la España del siglo XXI tener en una situación de desprotección a las personas con discapacidad”.

PAPEL DE LA ABOGACÍA PARA MATERIALIZAR SUS DERECHOS

Martín Blanco declara también que España cuenta con un corpus legislativo vigoroso sobre discapacidad, pero nos empeñamos en ignorarlos e incumplirlos de forma sistemática. “Habría que preguntarse a qué obedecen esas resistencias, por qué hasta 2020 seguían vigentes esterilizaciones por razón de discapacidad o seguimos tolerando que 100.000 personas con discapacidad y mayores vivan encerradas en sus casas por una ley de propiedad horizontal que no contempla la accesibilidad. La razón-insiste- responde a que en el fondo se nos sigue negando nuestra condición humana, nuestro estatus de persona”.

El ponente abordará la importancia de la Convención de la Discapacidad como el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades e igualdad de la ciudadanía con discapacidad ya que este nuevo instrumento supone importantes consecuencias, y entre las principales, la “visibilidad de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer sus derechos”. Confiesa que el papel de la abogacía, por tanto, para materializar los derechos contemplados en la Convención es fundamental. “La abogacía es en numerosas ocasiones el primer actor en un procedimiento judicial. Sus peticiones, demandas y conclusiones sirven de base a la Judicatura y Fiscalía para su propio trabajo. Utilizar la Convención, en estos casos, es una obligación”.

Para el delegado de CERMI, con este curso, “la sociedad civil vuelve a hacer innovación jurídica y a mostrar su compromiso indeleble con los derechos humanos a la vez que los abogados aclararan ese marco de discriminación cotidiano invocando en sus defensas la visión exigente que defiende la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como imperativo legal y marco jurídico aplicable en nuestro país”.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, en su sesión de 22 de marzo de 2021, ha acordado como medida para impulsar la conciliación familiar dentro del colectivo de la Abogacía la exención de cuotas colegiales durante cuatro meses por maternidad y paternidad, tanto por nacimiento como por adopción.

Dicha medida, se enmarca en cumplimiento de una las líneas del programa de esta Junta, que debido a las circunstancias tan excepcionales, no se ha podido llevar a cabo hasta comprobar la compatibilidad con la debida atención a la Tesorería.

La exclusión se hará efectiva desde el día siguiente a su aprobación y, por tanto, podrán acogerse a la misma los colegiados y las colegiadas que tengan derecho a la misma a partir del 23 de marzo de 2021. En el caso de que ambos progenitores estén colegiados, sólo uno/a de ellos/as podrá acogerse a la ayuda.

Para solicitar dicha exención es necesario cumplimentar el formulario que se encuentra en esta misma página web y aportar la documentación como el DNI o el certificado de inscripción en el Registro Civil.

Una vez recibida la solicitud y la documentación requerida, el Colegio acusará recibo de la misma vía correo electrónico y, verificado el cumplimiento de los requisitos, comunicará al colegiado o a la colegiada la exención de las cuatro cuotas colegiales siguientes.

Anna Huertos: “Hacen falta muchas más sentencias como esta para que se produzca una protección eficaz de los trabajadores ”
◾Félix Pérez : “La declaración del Covid como una enfermedad estigmatizante causa que se pueda incluir dentro de la vulneración de derechos fundamentales”

“Tanto la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró como la del Juzgado de lo Social nº 9 de Murcia contribuyen a consolidar el principio de que no es aceptable despedir a una persona por el simple hecho de sufrir la mala suerte de perder temporalmente la salud, sin que concurra ningún otro elemento que justifique la decisión extintiva de la empresa”, así lo asegura la primera abogada en conseguir en Cataluña la anulación de despido por Covid, Anna Huertos, en enero de 2021. Desgraciadamente, desde el inicio de la pandemia, casos como éste no han sido en absoluto excepcionales, sino que están siendo muchas las personas que se han quedado sin trabajo por la obligación de tener que mantenerse en cuarentena o seguir tratamiento médico para el Covid-19.

“Hacen falta muchas más sentencias como ésta para que se produzca una protección eficaz de los trabajadores frente a esta injustificable vulneración de derechos fundamentales que supone el despido de un trabajador por la única razón de ser sospechoso de llevar una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa”, afirma. Esta circunstancia se equipara a la enfermedad estigmatizante, es decir, una enfermedad que produce en terceras personas actitudes de rechazo, objeción o miedo.

Es el primer fallo que declara la nulidad del despido del trabajador, al que la empresa extinguió sin preaviso su contrato dos días después de que éste comunicara, en fecha de 25 de marzo de 2020, que estaba enfermo de coronavirus. Además, confiesa que el despido es discriminatorio, es decir, que se ha producido con vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto condena a la empresa a una indemnización adicional por daños y perjuicios.

“Debemos destacar de la sentencia la argumentación de que la causa de la extinción no ha sido por el hecho de encontrarse en situación de IT, ni por la mayor o menor duración del período de cuarentena, el verdadero motivo del despido es el hecho de que el actor, que prestaba servicios como peón especialista, era sospechoso de llevar una enfermedad infecciosa”. La sentencia razona que es indiferente en el presente caso que la enfermedad sea duradera o no, o que el restablecimiento del estado de salud del trabajador fuera incierto o se previera un largo período de recuperación, sino que lo realmente relevante es el miedo estigmatizante que genera en los otros al menos durante el tiempo en que hay riesgo de contagio.

Hasta ahora, los tribunales han resuelto de forma dispar cuál es la consideración que hay que otorgar a los despidos que tienen causa en la actual situación de pandemia, poniéndolos en relación a las medidas excepcionales de protección del empleo dictadas desde el inicio del estado de alarma. Sin embargo, la sentencia del Juzgado Social Nª 1 de Mataró es la primera dictada que se pronuncia sobre la posible vulneración de derechos fundamentales que afecta a las personas que han perdido su trabajo sin que pueda apreciarse otra causa que el propio estado de salud como razón extintiva por parte del empleador, ya que no se aporta, en palabras de la magistrada “una explicación objetiva y razonable de la razón del despido del actor, que pudiera desvirtuar aquel potente panorama indiciario de la intencionalidad discriminatoria del despido”.

Anterior a esta sentencia fue la conseguida por Félix Pérez el pasado 14 de diciembre de 2020, abogado del Colegio de Cartagena, quien también coincide en que “la declaración del Covid como una enfermedad estigmatizante hace que se pueda incluir dentro de la vulneración de derechos fundamentales”.

La diferencia, según señala Félix Pérez es que en Barcelona “la empresa estaba en rebeldía, es decir no compareció en el juicio, en Murcia sí que declaró, así como el Ministerio fiscal que informo favorablemente y se adhirió a la petición que se estaba realizando”. De hecho la sentencia también dicta que la trabajadora sea indemnizada por daños morales con la cantidad de 6.251 euros.

Para este abogado la sentencia ha sido “un gran éxito porque abre camino a multitud de trabajadores que se encuentran en esta misma situación. Se ha podido acceder a una nulidad cuando realmente si hubiéramos atendido a lo que son los criterios del Tribunal de Justicia de la UE Y Tribunal Supremo no se contempla la extinción de contrato por baja o enfermedad como discriminatorio, aunque si es posible tomarlo como tal cuando el factor enfermedad es tomado en consideración como un elemento de segregación social”. Cosa que ha sucedido con los despidos Covid.

La importancia de estas sentencias está en que el Covid no es una causa tasada expresamente como estigmatizante, pero la ley permite acceder a este recurso cuando puede causar un señalamiento para la víctima.

A partir de hoy, las personas internas en la prisión de Valdemoro podrán comunicarse de forma telemática con sus abogados a través de un sistema seguro de videoconferencia implementado por el Colegio de Abogados de Madrid en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

De esta manera, se amplía un servicio que se puso en funcionamiento en octubre de 2020 gracias a la colaboración entre ambas instituciones y los centros penitenciarios y que hasta ahora permitía a los letrados asistir desde las instalaciones del ICAM a los reclusos en las prisiones de Alcalá Meco y Soto del Real.

Gracias a este sistema, los profesionales de la abogacía que entiendan que el correcto ejercicio del derecho de defensa no requiera el desplazamiento físico a prisión pueden realizar la asistencia por videoconferencia desde un espacio seguro instalado en la sede del ICAM de Bravo Murillo, Espacio Abogacía.

En los meses transcurridos desde su puesta en marcha, decenas de colegiados y colegiadas del ICAM han utilizado un servicio que garantiza la comunicación de forma ágil, rápida y segura a través de los equipos instalados a tal efecto en dicha sede.

Se trata de una acción perseguida por el Colegio en línea con la salvaguarda de la salud de todos los colegiados y colegiadas madrileños durante el desarrollo de su labor profesional.

Los aspirantes que se presentaron al examen de acceso correspondiente a las convocatorias de 2019 y 2020 y que superaron la prueba pueden ya descargarse su título profesional, después de que la Secretaría General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia comunicara este miércoles 17 de febrero que se habían expedido dichos títulos.

En concreto, se trata de las siguientes convocatorias:

– Primera prueba de 2019, convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre.

– Segunda prueba de 2019, convocada por Orden PCI/772/2019, de 12 de julio.

– Primera prueba de 2020, convocada por Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre.

– Segunda prueba de 2020, convocada por Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre.

Los aspirantes podrán descargar su título profesional de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (http.//sede.mjusticia.gob.es). Pueden acceder a la descarga a través del apartado “Consulta de resultados / Tramitación on-line sin certificado digital” del siguiente enlace: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/evaluacion-aptitud

El pasado 5 de enero el CVCA ya remitió a la Conselleria de Sanitat una petición de información sobre la previsión de vacunación de los letrados del turno de oficio

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha remitido de nuevo escrito a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública y a la Conselleria de Justicia, tras conocer los recientes cambios introducidos en la “Estrategia de vacunación frente a la COVID-19”, en los que se recoge, dentro del Grupo 6 de personas a vacunar, la de aquellos “Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad”. El CVCA, considera prioritario que la abogacía de oficio, que realiza guardias de asistencia a detenidos y víctimas de violencia, esté incluida en este grupo ya que presta un servicio público esencial. Sí lo ha hecho, tal y como recuerda el CVCA en su escrito, la consejera de sanidad del País Vasco, Gotzone Sagardui, quien ya incluye dentro de estos “Colectivos” a los abogados del Turno de Oficio de dicha comunidad autónoma.

“Efectivamente, los letrados de oficio cumplen una función esencial para la sociedad, garantizada en la Constitución Española y, de hecho, la han seguido cumpliendo con sus guardias de asistencia, incluso durante el estado de alarma, las 24 horas del día los 7 días de la semana y, lamentablemente, a consecuencia de ello han sido muchos los contagiados durante esas guardias. Algunos de extrema gravedad, dado que su distancia con los detenidos, a los que tienen el deber de defender y que, en ocasiones, incumplen los mínimos protocolos sanitarios, en centros de detención normalmente pequeños, sin ventilación y sin una separación suficiente, lo que hace especialmente necesaria su inclusión dentro del grupo 6”, afirma el presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, Agustín Ferrer, en su escrito remitido a la consellera.

El pasado 5 de enero, el pleno del CVCA ya remitió a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una petición de información sobre el calendario previsto por la campaña de vacunación contra la COVID-19. En concreto, se solicitaba: “si hay previsto algún protocolo o fase específica para estos profesionales – en referencia a los abogados en general y los letrados que prestan el servicio público del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, en particular-”. La respuesta remitida al Consejo desde la Conselleria de Sanitat fue que “se tendrá en cuenta para trasladar al Ministerio de Sanidad … y que la Conselleria distribuirá la vacuna de la COVID-19 de acuerdo con el orden que se define en la Estrategia anteriormente citada…”, en la que, hasta la fecha, no figuran los profesionales del derecho.

Desde el órgano que representa a la Abogacía de la Comunitat Valenciana, insisten en que los letrados que se dedican a un servicio público esencial como es la Asistencia Jurídica Gratuita al ciudadano, deben entrar en un calendario de vacunación con un protocolo específico. Asimismo, se hace especial referencia a determinadas dependencias policiales y de la guardia civil, en las que no se dispone de las mínimas condiciones de seguridad para hacer frente a la pandemia.

“Creemos que los profesionales del derecho que están llevando a cabo una labor tan importante como es garantizar el derecho de defensa del ciudadano, deben prestarlo sin que ello suponga un peligro para su integridad física. De no ser así, el propio ejercicio de este derecho fundamental se resentirá”, afirma el presidente del CVCA.

El próximo 22 de febrero, el presidente del CVCA y los decanos de los ocho Colegios de Abogados de la Comunitat, se reunirán telemáticamente con la consellera de Justicia para abordar, entre otros puntos, esta cuestión. El presidente del Consejo confía que haya una respuesta favorable por parte de la Conselleria ya que la abogacía de oficio es un servicio público esencial para la ciudadanía, gracias al cual se garantiza un derecho fundamental, el derecho de defensa.

El progenitor alegó que no reunía las condiciones necesarias para afrontar una custodia compartida porque entraba al trabajo, situado a 45 kilómetros de distancia, a las 6:30h de la mañana y salía a las 15.00 h. Además, alegaba que no tenía quien le ayudase puesto que convivía con su madre de 70 años.

En la sentencia, el juez reconoce las dificultades del progenitor para conciliar vida laboral y familiar, pero subraya que la madre se enfrenta a inconveniente muy parejos. Los dos progenitores se encuentran en una situación similar familiar: «Ambos tienen otro hijo de una pareja anterior, viven en domicilios independientes y los ingresos mensuales son estables con poca diferencia entre ambos».

El juez entiende que, en este caso, la custodia compartida es el sistema más favorable y que la asistencia a su hija «es prioritaria a cualquier otra cuestión». En este sentido, dice la sentencia, es posible que sea necesaria la ayuda de terceras personas o la búsqueda de flexibilidad laboral a fin de que la niña pueda permanecer con sus dos progenitores de forma análoga.

En este sentido, el vocal de la AEAFA José Luis Cembrano Reder recuerda que «la custodia no es solo un derecho, sino también una obligación de ambas partes». «La custodia compartida puede acordarse cuando ninguno de ambos ha solicitado la custodia monoparental para sí en exclusiva, siendo suficiente que la solicite uno de ambos», afirma Cembrano.

Implantación en España

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la custodia compartida crece en España: En 2019 se optó por este sistema en el 37,5% de los casos (cuatro puntos más que en 2018). En el caso de exparejas del mismo sexo, la custodia compartida alcanza el 52,3%. El I Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA señala que el 79% de los abogados encuestados considera satisfactoria o muy satisfactoria la adaptación de los menores al sistema de custodia compartida.

«Desde AEAFA no hacemos apología por ninguno de los dos sistemas ( compartida/exclusiva). Los dos son perfectamente válidos y amparan el interés y necesidades de los hijos menores, dependiendo del caso concreto. No obstante, el Tribunal Supremo ha decretado en su Jurisprudencia que la custodia compartida es el sistema deseable de crianza para los hijos. En todo caso, cada supuesto debe ser estudiado y atendido tomando en consideración lo más beneficio para los hijos concretos y la familia concreta. Debemos hacer «un traje a medida» para cada familia. Lo cierto es que la custodia compartida empieza a generalizarse, y eso hace que empecemos a normalizar entre los juristas y la ciudadanía un sistema de reparto de tiempo igualitario que antes era excepcional y generaba miedo y reticencias», afirma María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA.

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha un proyecto de coaching personalizado que contribuya a mejorar la situación anímica y laboral de los abogados que estén atravesando un bache profesional debodo a la crisis del Covid-19.

La iniciativa, enmarcada dentro del programa “Por un buen futuro”, surge por la grave situación de desempleo y vulnerabilidad que están sufriendo muchos profesionales de la abogacía a causa de la pandemia. En concreto, está dirigida a los colegiados inscritos en el Portal de Empleo del ICAM que se encuentren en situación de especial necesidad, bien por llevar mucho tiempo en desempleo, bien por tener dificultades económicas derivadas de las falta de oportunidades profesionales, o bien por encontrarse en una situación de baja estima y motivación.

Los beneficiarios de este servicio recibirán de manera gratuita sesiones one to one con un experto en coaching que trabajará el área motivacional y proporcionará un nuevo enfoque en la búsqueda activa de empleo.

El objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para encontrar los puestos de trabajo que más se adapten a cada perfil, identificar prioridades y definir objetivos en el momento en que más se necesita una adaptación al cambio, descubrir y saber vender puntos fuertes. así como identificar los puntos débiles y obstáculos externos e internos que limitan a las personas.

También recibirán formación específica para elaborar un plan de acción personalizado orientado a aplicar las tendencias que se marcan en el uso de herramientas digitales, aprender a generar y mantener una red de contactos que le ayuden en su búsqueda, y trabajar en técnicas para superar la entrevista de trabajo.