El examen de acceso a la profesión de abogado y procurador se realizará próximamente online a través de la UNED

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

La crítica a la habilitación del mes de agosto en juzgados y tribunales ha concitado la unanimidad de toda la oposición, incluso del socio de Gobierno, el diputado de Unidas Podemos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ha anunciado que en colaboración con el CGPJ y la Fiscalía, se aprobará un instrumento normativo complementario que permita “optimizar el rendimiento y la eficacia” de esta medida y coordinarla con el derecho de los profesionales a conciliar su vida personal y laboral

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que “se asienta en el consenso”. Campo ha pedido el apoyo de los grupos políticos a las actuaciones “de reactivación y reconstrucción” que se van a poner en marcha para “trasladar una imagen de unidad en un ámbito que necesita confianza”, ha subrayado.

El ministro ha explicado que el plan para la desescalada orbita en torno a tres ejes – organizativo, tecnológico y procesal – cuyas medidas se contendrán en tres instrumentos normativos distintos, el primero de los cuales, el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la Covid-19 en la Administración de Justicia, se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros.

Campo ha insistido en que todas las medidas contempladas en el real decreto-ley de medidas urgentes, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, ha sido consensuado por todas las comunidades autónomas, con independencia del “signo político”.

HABILITACIÓN DE AGOSTO

La habilitación de agosto para todas las actuaciones judiciales ha generado críticas, en opinión el ministro, “injustificadas”. Todas las medidas han contado con el apoyo de las CCAA, y ninguna ha mostrado motivo de discrepancia, ha asegurado el ministro. En informe del Ministerio se ha precisado que fueron los consejeros autonómicos de Cantabria, Navarra, Madrid o Canarias, incluso el órgano de gobierno de los jueces, los que propusieron la “habilitación extraordinaria de días procesales”.

“Se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales”, ha apostillado Campo.

Por ello, ha pedido a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales que hagan un “esfuerzo extra”. En su opinión, la sociedad “no entendería que el resto de las administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad”.

El ministro de Justicia ha anunciado que impulsará, en colaboración con el CGPJ y la Fiscalía, un instrumento normativo complementario que permita “optimizar el rendimiento y la eficacia” de esta medida y coordinarla con el derecho de los profesionales a conciliar su vida personal y laboral.

Toda la oposición ha mantenido sus críticas al titular del Departamento de Justicia por habilitar el mes de agosto de juzgados y tribunales. Incluso el socio del Gobierno, a través de su diputado de Unidas Podemos Jaume Asens Llodrà, ha recordado que esta medida “genera una situación de desigualdad entre los abogados que no tienen derecho a vacaciones con respecto a otros actores jurídicos”. El diputado ha pedido al ministro “ser sensible a las peticiones de los Colegios de Abogados” y habrá que acompañarlo con otras medidas.

EXAMEN DE ACCESO

Durante su intervención, Campo ha señalado que la gestión de su departamento durante la crisis ha tenido muy en cuenta las necesidades de los profesionales. En relación con la abogacía, el ministro ha señalado que se han regularizado los pagos pendientes de la asistencia jurídica gratuita y se ha dado una solución a los cerca de 7.000 estudiantes afectados por la suspensión del examen de acceso a la abogacía del 28 de marzo. Finalmente, la prueba se realizará online a través de la UNED en una fecha que se concretará próximamente.

Justicia también trabaja en un proyecto de ley para acometer reformas estructurales que mejoren la eficiencia de los procesos mediante el uso eficiente de la tecnología y la implantación de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación. El ministerio está recabando las aportaciones al texto del conjunto del sector para poder presentarlo ante el Consejo de Ministros en el mes de junio.

El tercer instrumento normativo es el previsto en la Disposición Adicional 19ª del Real Decreto Ley 11/2020, que emplaza a Justicia a activar planes de choque en los órdenes contencioso-administrativo, mercantil y laboral, los más castigados por el parón de la actividad económica, en los quince días posteriores al levantamiento de las medidas acordadas por el estado de alarma.

Durante el Pleno extraordinario del Consejo General de la Abogacía celebrado hoy

El Consejo General de la Abogacía Española, integrado por los distintos Consejos Autonómicos, los 83 Colegios de Abogados de España y la Confederación Española de la Abogacía Joven, representados por los Decanos y Decanas, Consejeros y Consejeras reunidos en el Pleno Extraordinario celebrado el día 26 de abril, ha acordado:

1º. Manifestar y reiterar el compromiso de la Abogacía en la defensa de los intereses de la sociedad española en estos momentos tan difíciles derivados de la crisis del COVID-19, en los que las consecuencias económicas van a exigir redoblar los esfuerzos para conseguir la reactivación de la Administración de Justicia en el menor tiempo posible.

Reiterar su inquebrantable compromiso con la sociedad en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, que por mandato constitucional ostenta y ejerce los 365 días del año las 24 horas del día.

Esta importante responsabilidad, se ha visto ratificada con la declaración del estado de alarma, desempeñando sin tacha las funciones que las autoridades le ha encomendado en las sucesivas resoluciones dictadas al amparo de aquél, como es expresivo el normal desarrollo del servicio del turno de oficio y de las asistencias declaradas urgentes.

Como interviniente de excepción y leal cooperador de la Administración de Justicia, la Abogacía española ha formulado las alegaciones que le fueron requeridas por el Ministerio de Justicia (20 de abril) y el CGPJ (14 de abril), para la recuperación de la normalidad en la actividad de los juzgados. El momento exige, no solo compromiso, sino acierto en la implementación de una vuelta escalonada que evite el colapso del sistema judicial.

2º. Manifestar y reiterar públicamente el rechazo y oposición de la Abogacía a las medidas que resultando ineficaces perjudiquen a la buena marcha de la Administración de Justicia y resulten lesivas para el ejercicio del derecho de defensa.

Como ya ha manifestado este Consejo con anterioridad, declarar hábil el mes de agosto, en todo o en parte, lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión. Difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto.

Esta habilitación tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc.

Para conseguir el efecto que se pretende, la Abogacía propone concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de  modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.

La abogacía defiende que cualquier medida dirigida al perfeccionamiento y eficacia de la Justicia, como todos anhelamos, requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida de todos los sectores profesionales que trabajamos con un objetivo común cuál es la dignificación de la Justicia.

Solo desde la colaboración entre instituciones, en la forma en la que lo hemos venido haciendo durante el estado de alarma, como se ha demostrado, se pueden alcanzar los objetivos comunes de normalización y recuperación de la actividad judicial, en la que la Abogacía viene a desempeñar un papel esencial.

Los que están teniendo la descabellada idea de habilitar el mes de agosto deberían pensar un poquito en las consecuencias. Yo trabajo por cuenta ajena en una gran firma de consultoría, en la que, ya de por sí, hacer menos de 10 horas al día (generalmente 14) es tener suerte, no trabajar festivos (llevo dos años trabajando en San Vicente y el año pasado también en San José, vivo en Valencia) es tener mucha suerte… el único descanso es (y a veces) cogerte 2, 3 o 4 semanas (si eres privilegiado) en agosto. Si habilitan el mes de agosto, a mí no me va a sustituir nadie, significará que me obligarán a trabajar dos años seguidos y se obviará mi derecho a vacaciones (que tampoco me pagarán, aunque lo que quiero es descansarlas, que es lo que toca). ¿De verdad habilitar el mes de agosto va a ser una solución para los retrasos, cuando los retrasos en la Justicia son un problema que viene de muy lejos? Lo que deberían plantearse es dotar a la Justicia de los medios que precisa desde hace muchos años, crear más Juzgados… no ventilarse las vacaciones de los que estamos ya exhaustos (porque yo no he parado de teletrabajar). Que señalen vistas por las tardes entre semana, si quieren recuperar los señalamientos de estos dos meses, pero que respeten el descanso de los trabajadores. Por favor, debéis ser implacables con esto.

Tras superar con éxito el reto organizativo planteado por la crisis sanitaria del coronavirus (el teletrabajo de todos los equipos), los grandes despachos se preparan para hacer frente al impacto de la profunda depresión económica que provocará el parón de la actividad. Aunque el sector legal, gracias a sus servicios cíclicos (M&A, salidas a Bolsa, etc.) y contracíclicos (reestructuraciones, laboral), sufre en menor medida que otros las recesiones, lo cierto es que en la abogacía aumenta la preocupación y los nervios por lo que se avecina: nadie escapa a una caída del 8% del PIB (según prevé para España el FMI), ni siquiera los bufetes con una práctica más diversificada.

La versión oficial, en todo caso, es hablar de prudencia y de un escenario de incertidumbre. Pero los hechos revelan que el temor va más allá. La mayoría de las grandes firmas ya han adoptado (o estudian) medidas para garantizar su liquidez. Y, según media decena de socios consultados, muchas organizaciones tienen en la recámara ERE o ERTE si la situación empeora. Los ajustes laborales, en todo caso, son la última opción: el capital de los bufetes es, precisamente, sus abogados.

Alimenta la tensión el descenso del trabajo que empieza a sentirse en algunas áreas. No en laboral; tampoco en concursal o reestructuraciones. Pero en muchos otros departamentos existen abogados «mano sobre mano», según diversas fuentes, fruto de que muchos clientes han frenado operaciones, suspendido igualas y están minimizando sus consultas.

Garrigues, Cuatrecasas y Uría

«Los clientes tardarán más en pagar, pero nosotros no podemos retrasar el pago mensual de nóminas y arrendamientos». Así explica el socio director de un bufete los movimientos de un gran número de firmas para garantizar su liquidez. El esfuerzo, eso sí, ha empezado por los socios, que han aplazado o suspendido la distribución de bonus y beneficios, o reducido su retribución. O, como en el caso de Cuatrecasas, solicitando al partnership una aportación de 20 millones de euros al fondo de financiación de la firma, según informó La Vanguardia y confirma el despacho; un préstamo subordinado por la que cada socio percibirá intereses. Según Jorge Badía, su consejero delegado, así «compramos la tranquilidad de saber que no tendremos que recurrir al crédito bancario».

Fuente: http://ow.ly/3XMx30qzuMr

La crisis del coronavirus ha acelerado el proceso de digitalización de los despachos de abogados. Mientras que hace unos meses el uso de herramientas tecnológicas era propio de los letrados y bufetes más aventureros, en cuestión de semanas, la inmensa mayoría de ellos se han visto obligados a cambiar radicalmente su tradicional modelo de trabajo basado en la cultura del presencialismo por otro que lleva por bandera el teletrabajo y la interacción online.

“La tecnología ha pasado de ser un apoyo a convertirse en un elemento esencial para la supervivencia”, apunta Sara Molina, CEO de Nize Partners. Pero este cambio no es fácil. En este sentido, Molina explica que el salto a lo digital debe estar enfocado desde dos perspectivas: el modelo de trabajo de la firma y la comunicación con el cliente. En lo que respecta al primero, Molina apuesta por el trabajo colaborativo. “Los equipos deben intentar trocear al máximo las tareas y repartirlas”. Existen numerosas herramientas que permiten trabajar en estos entornos de forma ágil. De hecho, muchas de estas plataformas están ofreciendo sus servicios de forma gratuita. “Ahora es un buen momento para empezar a experimentar en la nube”, subraya.

Por su parte, Jordi Estalella, socio de Alter Work, recomienda hacer un control de las tareas que se van realizando para saber la cantidad de tiempo que se dedica a cada una y en qué horas se registra más rendimiento. “Es importante saber en qué momento del día eres más productivo”, indica. Una vez identificado, el letrado recomienda adaptar el trabajo a esas horas.

Asimismo, aboga por facilitar el circuito de la prestación del servicio online, “permitiendo realizar firmas digitales en documentos y posibilitando pagos a través de plataformas electrónicas”. Estas modificaciones tienen un doble efecto positivo. Por un lado, eliminan los obstáculos que pueda encontrar un abogado al realizar su trabajo en un escenario como el actual. Por el otro, “transmites confianza al cliente al mostrarle que puedes prestar tu servicio con normalidad y calidad”, reflexiona.

Seguridad y formación

Pero estos cambios no se pueden realizar si no se tiene en cuenta la seguridad. Para Ricardo Oliva, abogado y director de la boutique Algoritmo Legal, este factor es esencial, ya que el trabajo de las firmas implica gestionar información especialmente sensible. Esto significa que, si hay una brecha de seguridad, “el despacho puede ser sancionado si se prueba que no ha sido diligente adoptando medidas preventivas de seguridad”, recuerda Oliva.

Por ello, el letrado recomienda investigar las herramientas antes de usarlas para comprobar que no tengan defectos. Asimismo, es aconsejable leer las políticas de privacidad, sobre todo si van a alojar documentos confidenciales o información personal.

La formación es, asimismo, un factor relevante. La actual crisis ha estimulado la difusión de conocimiento a través de internet, por lo que los letrados tienen la posibilidad de mantenerse actualizados a través de webinars, conferencias, cursos online o libros especializados.

Así, cabe destacar que la redacción inicial de los Presupuestos de 2019 propuso bajar el IVA de las publicaciones digitales del 21 al 4%, aunque finalmente la medida no vio la luz al no salir adelante las cuentas. No obstante, el pasado jueves el Gobierno anunció que estudia aplicar esta rebaja de forma “inmediata”, una decisión que sería de gran ayuda para los abogados que llevan a cabo su proceso de digitalización.

Empatía ‘online’

Otra de las claves que debe tener en cuenta el abogado tecnológico es cómo comunicarse con el cliente. Como el confinamiento ha imposibilitado el contacto físico, las comunicaciones deben realizarse a través de una pantalla. En este sentido, Estalella recomienda elegir la herramienta en función de la urgencia del mensaje que se quiera transmitir. Así, para casos que pueden esperar, es mejorar utilizar el correo electrónico, mientras que los asuntos urgentes pueden atenderse a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Para respuestas inmediatas, en cambio, el medio más eficiente es la tradicional llamada telefónica.

Pero hay otro elemento esencial es en esta ecuación: el componente humano. “El abogado digital debe aprender a generar empatía digital”, subraya Molina. Para la abogada, un buen profesional sabe transmitir confianza y mitigar la incertidumbre del cliente, por lo que es importante mantener estas cualidades “aunque el trato sea a través de un dispositivo electrónico”.

Para lograrlo, Molina recomienda trabajar habilidades sociales como la inteligencia emocional, intentar que el lenguaje transmita cercanía y, por supuesto, usar herramientas estables que permitan una interacción ágil (que no se cuelgue el ordenador, por ejemplo). “Si tus soportes fallan, estarás preocupado e inseguro y transmitirás esos sentimientos al cliente durante las reuniones”, advierte.

Este factor humano no solo debe ejecutarse de cara al cliente, sino también al resto del equipo. “El socio de una firma digital debe saber motivar al resto de letrados, especialmente cuando las circunstancias de trabajo no son las idóneas”, concluye Molina.

El efecto de la crisis sobre la brecha digital

Tamaño. La brecha digital en la abogacía es una realidad de la que se ha debatido en varias ocasiones. Este concepto hace referencia a la desigualdad existente entre pequeños y grandes despachos a la hora de llevar a cabo la transformación digital, ya que se asume que los primeros cuentan con más recursos para realizar los cambios. No obstante, “las circunstancias concretas de la crisis del coronavirus están acortando en cierta medida esa fisura”, señala Sara Molina.

Adaptación. Para la abogada, la transformación digital no solo depende de la capacidad que tengan los bufetes de adquirir tecnología, “sino que también afecta la habilidad para adaptar la forma de trabajar”. En este sentido, Molina opina que los despachos pequeños pueden tener más ventaja a la hora de adaptarse a esta nueva situación, ya que se mueven de forma más ágil que aquellos de mayor tamaño, que suelen ser más torpes.

Cultura. No obstante, un factor que influye en la rapidez de movimiento es la predisposición anterior a la crisis que tuviera el despacho ante los cambios digitales. “Los que han hecho los deberes antes lo van a tener más fácil”, puntualiza Molina. Así, las firmas con modelos de negocio flexible y una cultura de teletrabajo no habrán tenido que hacer tantos esfuerzos para adaptarse a esta nueva situación, mientras que los que trabajan con modelos tradicionales habrán encontrado más trabas.

Fuente: http://ow.ly/LTY730qzuJo

El Informe Citi del 2020 ofrece una buena fotografía de la industria. Las grandes firmas de EE. UU. alcanzaron su mayor progreso en casi una década: sus ingresos aumentaron un 5,1 %, su facturación aumentó en promedio un 4,7 %, y la demanda, aunque más baja que el 2018, se incrementó un 0,9 %. En España, la cifra de facturación global para el 2018 creció un 7,1 %, casi dos puntos por encima del 2017, siendo el mejor resultado de los últimos años.

Si miramos los resultados a nivel global, solo cabe concluir que han sido buenos años para los abogados y el recuerdo de la crisis del 2008 ha quedado en el pasado.

Pero mirar el pasado permite sacar lecciones que ayuden a pensar el futuro. La crisis del 2008 tuvo un fuerte impacto en la profesión legal: despidos sin precedentes, reducciones salariales y congelamiento de las contrataciones, y la quiebra de muchas firmas

Las consecuencias de esa crisis no son obvias. Muchos analistas se aventuraron a predecir la muerte del Big Law y que la crisis tendría efectos negativos permanentes en la abogacía. Pero si algo nos muestra la historia, es que toda crisis es una oportunidad para los abogados.

La crisis sería el fin del modelo piramidal, de la facturación por hora, y el surgimiento de nuevos modelos de negocios, pero los datos muestran algo distinto. El modelo tradicional de partnership persiste, y también lo hace la hora facturable, las firmas crecen en facturación e ingresos, y los socios siguen ganando dinero. Las gerencias legales, aunque han crecido, siguen funcionando bajo las mismas prácticas tradicionales, y los proveedores alternativos de servicios legales no han logrado competir con los incumbentes con la intensidad proyectada.

Con todo, algunos cambios, aunque tímidos todavía, se pueden observar. Los clientes son los amos del mercado. Han surgido nuevos proveedores, siendo Axiom Law el ejemplo emblemático; firma que acaba de aterrizar en España. El impacto de la tecnología, la transformación digital, las nuevas habilidades que se exige a los abogados, el management, las políticas de diversidad y equidad de género, así como una práctica más global, son tendencias que comienzan a verse con mayor intensidad.

Pero la historia nos trae un nuevo acontecimiento que, si vemos con cuidado, puede ser el detonante para un cambio más profundo en la abogacía: el COVID-19. Aunque recién en los próximos meses podremos saber su real impacto, todo indica que la actual crisis sanitaria dejará huellas en la vida de las sociedades contemporáneas, y los abogados no serán inmunes a ello.

El “quédate en casa” que el gobierno español impuso a su población y las distintas formas de cuarentena que están impulsando casi todos los países del mundo, han obligado a muchos a incorporar el teletrabajo a sus prácticas laborales.

Esto ha llevado a los despachos a trabajar como hasta hace poco ni imaginaban. Han debido dejar atrás la creencia de que la eficiencia y productividad se mide por las horas que el abogado se quedaba en la oficina.

El teletrabajo pondrá a prueba la eficiencia y la productividad, la rapidez de respuesta, la tecnología o falta de ella, y, lo más importante, los recursos que hoy, entrados en el siglo XXI, ya no son indispensables para el éxito de la firma: las grandes oficinas.

En un contexto de estrechez económica, como el que se avecina, los abogados deberán ser capaces de poner, de una vez por todas, su práctica a la altura de su imaginación verbal.

Tres desafíos deberán enfrentar los abogados en los próximos años.

Primero, poner en el centro al cliente. Ya no es suficiente vender servicios legales, hoy se debe entregar una mejor experiencia al cliente. La industria legal está obsesionada con la «innovación», pero no con el resultado: la satisfacción del cliente. Los innovadores exitosos serán aquellos que puedan crear un mejor ajuste del mercado legal entre los servicios que ofrecen y lo que los consumidores quieren.

Segundo, incorporar tecnología. No se trata de hablar de legaltech; se trata de invertir en herramientas tecnológicas que permitan hacer del teletrabajo una práctica habitual, prescindir de los espacios físicos, estar más cerca de los clientes, y que haga natural la gestión, los procesos, la trazabilidad, el control.

Por último, pero no por ello menos importante, la gran lección que nos dejará el COVID-19, es que lo más importante son las personas. Los despachos deberán preocuparse y ocuparse de sus colaboradores, construir relaciones más horizontales, movidas por el trabajo colaborativo, donde los beneficios se repartan en base al trabajo, a los méritos y al esfuerzo.

Es indispensable preocuparse de la salud física y psíquica de los colaboradores, asegurarles una buena calidad de vida, y un espacio de igualdad.

Todo esto hará de esta crisis una oportunidad para los abogados.

Fuente: http://ow.ly/r0bW30qvEOM

A partir del próximo miércoles 15 de abril
La tramitación posterior quedará suspendida en el momento en que esta dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo, salvo que se trate de actuaciones declaradas esenciales
La Comisión Permanente hace un llamamiento a las Administraciones prestacionales para garantizar que los órganos judiciales dispongan los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo estas actuaciones

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el lunes 13 de abril, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar a partir del próximo miércoles 15 de abril las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes habilitados en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

“La evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia, que autoriza a fijar las bases del restablecimiento pleno de la prestación del servicio público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional, evitando de ese modo su paralización y colapso con la subsiguiente la lesión de los derechos e intereses de los particulares”, señala el órgano de gobierno de los jueces.

De este modo, en las actuaciones y servicios no esenciales “cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba ser suspendido por virtud de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020”, por el que se declaró el estado de alarma.

El acuerdo añade que “lo mismo sucederá respecto de los escritos de trámite, no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, y hasta que den lugar a actuaciones procesales que abran plazos procesales que deban quedar suspendidos” por virtud de la referida disposición adicional.

Esta regla será de aplicación tanto a las actuaciones de primera instancia como a las actuaciones de instancias sucesivas y del recurso de casación. También será aplicable a las actuaciones del Registro Civil no consideradas esenciales.

Las actuaciones y servicios se realizarán de acuerdo con los medios personales disponibles, cuya suficiencia será valorada semanalmente por la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio de Justicia constituida para evaluar los efectos de las disposiciones adoptadas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en el funcionamiento de la Administración de Justicia y adoptar las medidas que procedan.

En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho hoy un llamamiento a las Administraciones prestacionales para que adopten las medidas precisas a fin de garantizar que los órganos judiciales dispondrán de los medios personales y materiales necesarios para llevar a efecto las anteriores actuaciones, lo que será objeto de seguimiento semanal en la referida Comisión Mixta.

Respecto de las actuaciones declaradas esenciales, se mantiene la presentación telemática de escritos y documentos, su registro, reparto y despacho de manera ordinaria, sin que estos trámites se vean afectados por la suspensión e interrupción de términos y plazos procesales.

Fuente: http://ow.ly/xZpt30qxGZ5

Reproducimos a continuación el Comunicado de la Junta de Gobierno del ICAM sobre determinadas prácticas publicitarias de despachos de abogados con ocasión de la pandemia del COVID -19

A la vista de la situación generada por la pandemia que venimos sufriendo a causa del COVID19 y el decretado Estado de Alarma nacional, se ha detectado a través de diferentes canales que están proliferando prácticas publicitarias por parte de despachos de abogados/as que pudieren contravenir nuestra normativa deontológica.

En estos difíciles tiempos de crisis es necesario que la Abogacía mantenga, como servidora de la Justicia, sus valores esenciales y así se trasmitan a la ciudadanía.

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid queremos comunicar que el cumplimiento del Código Deontológico y el respeto a nuestras normas se convierte en esencial de cara a preservar nuestra propia imagen y frente a la sociedad, pues la repercusión mediática de ciertas prácticas contrarias a dicha normativa provocan un daño irreparable para el colectivo de quienes mayoritariamente, y con respeto a los principios deontológicos que rigen la profesión, ejercemos  la abogacía.

Por dicho motivo, procedemos a recordar que el artículo 25 del vigente Estatuto de la Abogacía Española y el artículo 6 del Código Deontológico proscriben aquellas prácticas publicitarias que atenten contra la dignidad de la profesión, que inciten al pleito y que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado. Más aún si cabe en situaciones como la que vive la sociedad, azotada cruelmente por una pandemia que por desgracia se prolonga en el tiempo y que califica de especialmente repugnantes aquellas conductas publicitarias de abogados/as o despachos que pretenden sin reparo alguno buscar rédito con provecho del sufrimiento de sus potenciales clientes y con desprecio de las normas y principios deontológicos que vinculan y obligan a los profesionales de la abogacía, en la que no todo vale.

El Colegio, en el ejercicio de las facultades disciplinarias conferidas legalmente, preservará a través de su Comisión de Deontología y con todo rigor y celo la buena práctica profesional y acometerá aquellas acciones que correspondan ante actuaciones que no se ajusten a las normas deontológicas, recordando que las infracciones en materia de publicidad y libre competencia pueden ser calificadas como muy graves.

Fuente: http://ow.ly/yHkY30qvEKE

La Abogacía española quiere que los juzgados vuelvan a funcionar, de forma limitada y sin que haya acceso de público ni profesionales, a la vuelta de la Semana Santa. Así lo recoge el documento que el Consejo General de la Abogacía Española ha entregado hoy al Ministerio de Justicia, en el que expone de forma pormenorizada todos aquellos trámites que podrían ponerse en marcha de una forma gradual incluso durante la vigencia del estado de Alarma.

Los abogados y abogadas españoles solicitan al Gobierno que los juzgados recuperen su actividad entre el 13 y el 26 de abril, pero tan solo dando continuidad a los asuntos en trámite. Esto es, sin admitir la presentación de nuevos casos. Para las siguientes dos semanas, entre el 27 de abril y el 11 de mayo, solo en el caso de que el Gobierno decidiese dar continuidad a la situación excepcional de Alarma, la Abogacía considera de debería comenzar a aceptarse la admisión en los registros de nuevos asuntos, aunque la actividad en los juzgados siga realizándose de puertas adentro, sin otra actividad presencial por parte de letrados y procuradores que no sea la derivada de los asuntos considerados como esenciales e impostergables. En ninguno de los dos casos se propone la celebración ni de vistas ni de señalamientos, tal y como sucede en la actualidad para reducir la movilidad a lo mínimo indispensable.

Al mismo tiempo, el documento recomienda que siempre que sea posible los funcionarios realicen el trabajo de tramitación y notificación desde sus domicilios. Y, cuando no lo sea, se organice el trabajo en el juzgado garantizando siempre las medidas de prevención estipuladas por el Ministerio de Sanidad.

La propuesta que la Abogacía ha entregado esta tarde es muy pormenorizada y explicativa, hasta el punto que detalla el tipo de actuaciones que deberían comenzar a realizarse desde la semana que viene. Así, expone que habría que poner en marcha:

Notificación de Sentencias y Autos que pongan fin al procedimiento, no susceptibles de recurso por razón de materia, cuantía o instancia en la que se encuentran. “Se trata de que lleguen al justiciable las respuestas a sus demandas en un momento en que pueden ser incluso más necesarias, como ocurre en los supuestos de Autos de Medidas Provisionales o Coetáneas o Sentencias de Divorcio/Separación y Medidas de Menores de mutuo acuerdo, que establecen efectos económicos que resultan determinantes para la supervivencia durante estos días (pensión alimenticia, pensión compensatoria, …). También reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 Euros, y reclamaciones de consumo. Puede dictarse la Sentencia en este periodo cuyo fallo puede cumplirse voluntariamente, y aunque no fuese así, al menos se ha recibido ya una respuesta judicial inamovible”, afirma.
Dictado y Notificación de Sentencias de todos los órdenes e instancias, manteniendo en este caso la suspensión de los plazos de interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios que contra ellas caben. “Suspendido el plazo para recurrir, no se le causará indefensión a nadie. Y tales notificaciones quedarán ya realizadas de forma que se contribuirá a aliviar el sistema cuando alzada la suspensión hayan de realizarse todas las notificaciones pendientes.   Por otra parte, se abre la posibilidad de cumplir la sentencia voluntariamente si nadie quiere recurrirla, y el reclamante puede  ver satisfecha su reclamación durante este periodo. El que quiera recurrir, dispondrá igualmente de plazo para hacerlo por cuanto los plazos están suspendidos”.
 Se ha de acordar la continuación y tramitación de los siguientes procedimientos:

-Tramitación del Procedimiento Monitorio en las Jurisdicciones Civil y Social, hasta el momento posterior al que se formule oposición, en su caso.

-Tramitación de la sucesión procesal por muerte, por transmisión del objeto litigioso, intervención provocada.

-Tramitación y resolución de la transacción judicial.

-Tramitación y resolución del desistimiento, renuncia y allanamiento.

-Procedimiento de provisión de fondos y Jura de Cuentas

-Tramitación hasta Resolución de las cuestiones perjudiciales

-Tramitación de la Acumulación de Procesos.

-Incidente de nulidad de actuaciones

-Tramitación de la tasación de costas incluida la impugnación por considerar excesivos los honorarios de Abogado o por la inclusión de partidas indebidas.   -Los Juicios Verbales se tramitarán en su totalidad, a salvo de aquellos que se haya solicitado vista.

-En los Juicios Ordinarios no iniciados se procederá a la admisión a la admisión a trámite, con requerimiento de subsanación de defectos, suspendiendo el trámite de emplazamiento.  Se tramitarán el resto de diligencias pendientes que no requieran de presencia, como oficios, pruebas documentales…

-Se tramitarán los Recursos que se hayan presentado con anterioridad a la declaración del estado de alarma, con concesión de plazo para impugnación u oposición y, en su caso, de declaración de firmeza.

-Estas propuestas serán de aplicación al resto de los Órdenes Social y Contencioso Administrativo, tramitando los Procedimientos en todo aquello que no conlleve la celebración de vista o traslado a la sede judicial.

-En el Orden Penal continuación de la tramitación de todas aquellas diligencias que no requieran de presencia judicial

Especialidades en materia de Ejecuciones. En todas las Jurisdicciones, tramitación de las Ejecuciones desde el Auto de despacho de ejecución, excluyendo las que requieran de, vista, traslado a las dependencias judiciales o realización de actividades incompatibles con las disposiciones del estado de alarma.
 Fomento de la Mediación Intrajudicial. Traslado a la mediación intrajudicial de todos aquellos procedimientos en los que, a criterio del Juez o Magistrado, se aprecie la posibilidad de llevarla a cabo, organizando los Colegios y Asociaciones que se encuentran adheridas al Convenio de las Comunidades Autónomas con el CGPJ, para la realización de la mediación, con la utilización de medios Telemáticos para su desarrollo en aquellos casos en que fuese posible.

El Gobierno no debe hacer distinción entre los abogados y abogadas que pertenecen al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y quienes están acogidos al sistema mutualista, en una situación de circunstancias tan excepcionales como las actuales. Así se lo ha dicho esta mañana la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a los consejeros de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia durante la reunión de la Comisión de Coordinación celebrada esta mañana de forma telemática. A todos les ha pedido Ortega que sumen fuerzas para que el área económica del Gobierno reconozca también a los mutualistas y materialicen el lema gubernamental de que “nadie se queda atrás”.

En su intervención, la presidenta del Consejo ha insistido en la profundidad del bache económico que atraviesa  una amplia mayoría del sector legal y, a pesar de la insuficiencia de las medidas, ha reclamado al menos un trato igualitario para quienes están acogidos a uno de los regímenes de la Seguridad Social y quienes optaron en su día por pertenecer a una Mutualidad. Los autónomos tienen derecho a recibir una prestación por cese de actividad o por el hecho de que su volumen de negocio haya sufrido un descenso superior al 75% con consecuencia de la epidemia del Covid-19.

JUSTICIA DOTARÁ A LOS ABOGADOS DE MASCARILLAS

Por lo que se refiere a los guantes, gel y mascarillas adquiridos por el Consejo General de la Abogacía, hoy ha comenzado el reparto entre los Colegios, por lo que deberían llegar a manos de los abogados de guardia en los próximos días. Precisamente esta mañana, el ministro ha recordado en la reunión el Comité de Coordinación que su departamento dotará de medios de prevención a todos los agentes colaboradores de la Justicia cuando sea precisa su presencia física en los juzgados. Esto es, los abogados del Turno de oficio que deban acudir a una declaración en sede judicial deberán recibir en ella todo el material necesario para hacerlo con las máximas garantías preventivas para su salud.

Fuente: http://ow.ly/1nzY30qvEFC

La inclusión de los profesionales de la abogacía como colectivo de riesgo fiscal en los planes de Hacienda no limita la actuación de la AEAT a los ingresos percibidos como letrados. Así lo determina la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en una reciente sentencia  que avala la liquidación practicada a un abogado por el IRPF e IVA de su actividad como promotor inmobiliario. El fallo concluye que una cosa es la orden a partir de la que se selecciona al sujeto investigado y otra el alcance de dicha investigación.

El letrado había sido seleccionado por la Inspección por pertenecer a un colectivo de riesgo fiscal, según las directrices del plan de control del organismo. Sin embargo, desarrollaba dos actividades económicas: el ejercicio de la abogacía y la promoción inmobiliaria. La regularización practicada se efectuó sobre todos sus ingresos, incluida la renta obtenida como promotor.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja le dio la razón, en el sentido de que la AEAT tenía que haber excluido de la liquidación tributaria las rentas procedentes de la actividad de promoción inmobiliaria. Según el tribunal riojano, estos ingresos no se encontraban incluidos en “la orden de carga del obligado tributario en el plan de inspección”. Esto es, la decisión de investigar al letrado se tomó en función de un programa que le seleccionó por ejercer la abogacía, no por su actividad inmobiliaria.

Sin embargo, el Supremo rechaza esta interpretación y estima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado. Para la sala, las actuaciones de comprobación e inspección tenían alcance general para el IRPF y el IVA de los periodos señalados, por lo que eran susceptibles de comprobación todas las rentas del obligado tributario.

Los planes de control, explica, pueden servir para facilitar y agilizar la fiscalización “de un determinado sector de contribuyentes”, pero esto “no puede traducirse sin más en un derecho subjetivo del contribuyente a no ser investigado”. Si se vincula la posibilidad de investigar una concreta actividad profesional a la inclusión en el programa, razona, todas las investigaciones de estos colectivos serían parciales.

Por este motivo, revoca la sentencia recurrida y fija como criterio que “la referencia en la orden de carga en plan de inspección al programa de selección del obligado tributario no determina cuál haya de ser el alcance de las actuaciones inspectoras”.

Fuente: http://ow.ly/ChQN30qqYRs