El análisis de la legislación de extranjería ha salido mal parado hoy en Aula Abogacía. La magistrada del Tribunal Supremo Inés Huerta Garicano lamentó la fragmentación de la regulación de esta materia en nuestro país y recomendó la elaboración de un código de extranjería para unificar principios y facilitar la aplicación de la norma.

“Disponemos de cuerpos normativos de distinto rango y la regulación es fragmentaria; carece de principios vertebradores. Haría falta un código de extranjería coherente y sistemático”, afirmó la magistrada en su intervención en el segundo día de Aula Abogacía, el I Encuentro de Estudios Jurídicos en el que están analizando las cuestiones jurisdiccionales más relevantes.

Sin embargo, Huerta se mostró pesimista sobre la posibilidad de que se lleve a cabo: “Me temo que yo no lo veré, porque es una labor muy compleja, de años, y además se trata de una materia muy ideologizada”.
En el segundo día de Aula Abogacía se habló también de delitos tributarios, convenios colectivos, pleito testigo, responsabilidad patrimonial del Estado, la ley 8/2021, o la administración concursal y la ley de Eficiencia Digital. Y se explicaron en detalle las novedades que introducirá la futura Ley de Vivienda, que está en trámite de enmiendas. “El control de rentas va a depender de las administraciones locales y autonómicas, que decidirán si crean o no una zona de mercado residencial tensionado. Esto va a complicar todo muchísimo y a condicionar la inversión de nuestros clientes”, explicó el abogado Alberto Torres López, director jurídico de Sepín.

En Aula Abogacía se han estado analizando en profundidad durante dos días, y de la mano de ponentes de primer nivel, incluidos una quincena de magistrados del Supremo, las novedades jurisdiccionales más relevantes. También las últimas reformas legales, como la concursal, laboral o la ley de garantía integral sobre la libertad sexual.

Más de medio millar de profesionales han llenado las ponencias simultáneas que se han desarrollado en seis itinerarios (civil, penal, mercantil, procesal, laboral y contencioso-administrativo). Esta cita con la formación organizada por el Consejo General de la Abogacía ha sido una oportunidad única para ponerse al día, pero también se ha convertido en un lugar de reflexión sobre las cuestiones jurídicas más actuales.

Este miércoles también se habló de la adaptación de jornada con fines de conciliación. “Es un derecho abierto a solicitarse y no hay que condicionarlo a lo que diga el convenio de negociación colectiva”, explicó Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, quien señaló que denegar esa adaptación “supone una conducta discriminatoria y en la mayoría de los casos se condena a la empresa a pagar una indemnización”.

Otro tema tratado fueron los delitos de quebrantamiento de condenas de órdenes de alejamiento. El abogado Sergio Herrero explicó la controvertida medición de la distancia: “se debe hacer en línea recta y no teniendo en cuenta el camino a recorrer, aunque haya que atravesar accidentes geográficos como ríos o montañas”. Y resaltó que la prohibición de comunicarse con la víctima incluye todo tipo de comunicación, aunque ésta sea referida a la patria potestad de los hijos, si se trata de un encuentro casual, una llamada perdida, incluso un “me gusta” en una red social.

Sobre las consecuencias de la futuro Ley de Eficiencia Procesal, el catedrático de Derecho Civil Francisco Pertíñez advirtió sobre los efectos adversos que el pleito testigo puede causar sobre los consumidores, pues suspenderá el trámite de miles de causas en tanto en cuanto se produce el pronunciamiento de las Audiencias Provinciales y, en su caso, el Tribunal Supremo. “Solo la administración de Justicia se beneficiará del pleito testio, pero no el usuario”, apuntó el catedrático antes de profundizar en los detalles que contempla la reforma legal. No sucederá lo mismo con la figura de “extensión de los efectos”, de la que se beneficiarán los juzgados pero también los consumidores, pues podrán acogerse a ella de forma voluntaria acelerando la resolución de su demanda.

“Todas las ponencias han tenido una gran altura”, resaltó en la clausura la presidencia del Consejo, Victoria Ortega, que destacó la vocación de continuidad de este encuentro.

Las parejas de hecho se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la falta de una regulación a nivel estatal. Así lo explicó el ex magistrado Joaquim Bayo en Aula Abogacía.

“Existe una regulación completa para el matrimonio, mientras que en el caso de las estables -con registro o sin él-, el legislador las ha ignorado y están en una inseguridad jurídica global”, afirmó. “Cada comunidad autónoma ha legislado a su manera. Unas tienen competencia para legislar a efectos civiles y otras no, y no saben qué normas aplicar”, añadió.

Este tema fue uno de los muchos analizados en Aula Abogacía, el I Encuentro de Estudios y Diálogos Jurídicos, que durante el martes y el miércoles, antes medio millar de profesionales, está abordando las últimas reformas legales y las novedades jurisprudenciales.

Por la tarde, también se habló, entre otros temas, de delitos medioambientales, de los problemas en la implantación de los planes de igualdad, de violencia de género, de litigación climática y de los cárteles de camiones y coches -sobre el primero se contó que se espera que el Tribunal Supremo resuelva a principios de año sobre los 400 recursos pendientes-.

La reforma laboral fue objeto de un profundo análisis. La ex magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano analizó los ERTEs, que consideró “una herramienta potentísima para la salvaguarda del empleo y de las empresas”. Segoviano destacó su utilidad en los últimos años y también de cara al futuro, pero también apuntó a algunas lagunas legislativas que el tiempo tendrá que resolver a base de sentencias.

También fue objeto de análisis la Ley Orgánica 10 /2022 de garantía integral de la libertad sexual, de la que se destacaron sus “aciertos” en una mesa redonda moderada por la periodista María Peral. “Hay cosas que se podían haber regulado de otra forma pero no me parece ajustado señalar esta ley como algo que desproteja a las mujeres porque es un exceso verbal claro”, afirmó Esther Erice, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El catedrático de Derecho Penal Eduardo Ramón Ribas señaló como el principal “acierto” de la ley que “lo importante ya no es la existencia de violencia y intimidación, sino la ausencia de consentimiento”. Y afirmó que “el consentimiento no pone en peligro ni el principio de presunción de inocencia ni la libertad sexual. El consentimiento se expresa y se construye mediante actos en la relación que se genera en una pareja”.

Otro acierto, destacó Ramón, es que “antes si no existía violencia o intimidación el acceso carnal no consentido no era violación. Ahora sí. Las palabras importan y mucho”. El tercer acierto que destacó es que antes de la ley no existía la violación de menores, solo eran víctimas de abuso sexual. Erice también se refirió a las descalificaciones contra abogados por la aplicación de la ley: “El derecho de defensa es un derecho fundamental al que no se puede renunciar en un Estado de Derecho, el letrado tiene que defender a su cliente”, afirmó, arrancando los aplausos de los letrados que abarrotaban la sala.

El Consejo General someterá a aprobación del Pleno unas cuentas que incrementan la cuota individual en 12 céntimos de euro al mes
Las aportaciones de los colegiados bajaron en 2014 y 2015 y se han mantenido congeladas desde entonces. La cuota propuesta para 2023, de 40,63 euros anuales, seguirá siendo un 10% inferior a la que se abonaba hace 9 años
La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado hoy martes llevar ante el Pleno de la institución unos presupuestos que garanticen la sostenibilidad y calidad de sus servicios, equilibrando los gastos con los ingresos.

Después de un largo proceso de deliberaciones con los responsables colegiales de toda España y ante el considerable incremento de los costes de los suministros como consecuencia de la fuerte inflación, la Comisión Permanente propone -sin ningún voto en contra- incrementar las aportaciones individuales en 12 céntimos de euro al mes, esto es, un total de 1,5 euros al año.

De aprobarse la propuesta en el Pleno, la aportación de los colegiados españoles al Consejo se situará el año próximo en 40,63 euros anuales, lo que supondrá un 10% menos de los 45.20 euros que se pagaban en 2014. Desde esa fecha y hasta el 2022, el IPC ha aumentado en España un 17%, mientras que el incremento propuesto supondrá tan solo un 3,8% con respecto a la cuota actual.

La cuota individual en 2014 era de 45,20 euros. Ese año se decidió rebajarla a 39,44. Y de nuevo en 2015 se rebajó hasta 39,13 euros. Desde entonces ha permanecido congelada.

Los presupuestos incorporan, además, una serie de medidas de reducción del gasto corriente por importe de 428.000 euros. Esta reducción no afectará a la calidad de los servicios que se prestan a los Colegios y a los colegiados.

La Comisión Permanente del Consejo ha querido aprovechar su reunión para poner en valor la solidez de las cuentas de la institución. Una solidez que ha hecho posible que durante los años 2020 y 2021 el Consejo destinase un millón de euros a ayudas para los compañeros con más dificultades como consecuencia de la pandemia.

El Tribunal Supremo ha estimado que acogerse a un plan de prejubilación no es obstáculo para acceder a una jubilación anticipada.

“No se trata de una extinción del contrato voluntaria, sino que se rompe por imposición de la empresa y como tal, tiene derecho a la jubilación anticipada”, dice la sentencia.

Cinco años después de la finalización de su contrato, un ex empleado de banca pidió a la Seguridad Social acceder a la pensión de jubilación, una petición que le fue denegada.

“Cuando en 2017 las cajas de ahorros desaparecieron, hubo un proceso de despido colectivo y la empresa se comprometió a un plan de jubilación para que los empleados pudieran jubilarse anticipadamente a los 62 años”, explica la abogada del caso, Mónica Molina. “Pero mi cliente no entró en ese despido colectivo, sino que llegó a un acuerdo con el banco con las mismas condiciones para rescindir su contrato”.

El tribunal sentencia que el trabajador no causó baja voluntaria en la Seguridad Social y que cumple con los requisitos exigidos legalmente para ser pensionista de forma prematura. “En el momento de la petición el empleado tenía 61 años, había cotizado más de 30 años y el contrato fue extinguido en el marco de un despido colectivo”, afirma Molina.

Además, argumenta, la empresa había abonado las prestaciones al desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social desde que finalizó su contrato hasta la jubilación, “lo que evidencia una vez más que la extinción contractual no fue un acto voluntario”, añade la abogada.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Seguridad Social para la unificación de doctrina y confirma lo ya expuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La letrada afirma que hay varios ex trabajadores de banca que se vieron afectados por esta situación.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 70.000 euros al BBVA por facilitar a una clienta la dirección personal de un abogado, también cliente de la entidad.

“La entidad no ha adoptado de manera efectiva las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de sus clientes”, dice la Agencia en una reciente resolución.

La Audiencia Provincial de León ha ordenado a un hombre a pagar 150.000 euros a su exmujer por haber dejado su trabajo para dedicarse en exclusividad a actividades del hogar y al cuidado de sus hijas durante los 22 años que duró el matrimonio.

La sentencia recalca que antes de contraer matrimonio la mujer trabajaba en Telefónica, con un salario anual de 14.000 euros. Pero a los pocos meses de contraer matrimonio en régimen de separación de bienes, solicitó una excedencia para el cuidado de hijos y familia.

“Parece obvia la procedencia de la compensación económica reclamada, al margen de que durante el matrimonio el esposo le haya donado el dinero para la compra de un solar o de un coche, o le haya dado 1.000 euros para constituir la sociedad, toda vez que la recurrente ha venido contribuyendo con su dedicación a la familia y a las cargas del matrimonio”, afirma la sentencia.

“Es la primera sentencia por la que un Tribunal establece una cuantía tan elevada por una pensión compensatoria tras un divorcio”, comenta Manuel Santos Pérez-Moneo, abogado defensor de la mujer. Para conseguirla, el letrado hizo alusión a otra sentencia del Supremo de 2015 referente a una mujer que había estado trabajando cuidando a su familia y que estableció que tenía derecho a una indemnización de 37.000 euros.

“El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen”, recuerda Santos.

“Este fallo exige que la dedicación del cónyuge al trabajo y al hogar sea exclusiva- que se realice con la colaboración ocasional del otro cónyuge-, no excluyente-. Por tanto, impide reconocer el derecho a la compensación en aquellos supuestos en que el cónyuge que reclama la compensación hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa”, explica el letrado.

La cuantía de 150.000 euros se ha obtenido sobre la media del salario mínimo interprofesional durante los años de matrimonio. Esta cantidad “podrá ser satisfecha, a elección del exmarido, de una sola vez o a plazos, sin intereses, que no podrán ser inferiores a 500 euros al mes y que se ingresarán en la misma cuenta en que se ingresa la pensión compensatoria”, añade el fallo.

La pareja se casó en 1998 y cuando decidieron separarse, un juzgado de León condenó al hombre a abonar a su expareja la cantidad de 1.200 euros mensuales, en concepto de pensión compensatoria, por un periodo de tres años. Pero la mujer recurrió en apelación.

Los magistrados han tenido en cuenta el artículo 1.438 del Código Civil. Éste, afirma el letrado, establece que “el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”.

El abogado estima que las mujeres que más se vieron obligadas a dejar su trabajo por cuidar de sus hijos tienen ahora entre 45 y los 60 años y anima a todas ellas a que lo reclamen judicialmente. Y recuerda la importancia de que la maternidad se compatibilice con el trabajo. “Nadie debe renunciar a su trabajo salvo causas excepcionales, y más en aquellos casos en los que la mujer comparte la guardia y custodia con el marido”.

Durante la vigencia del matrimonio, la mujer vivió de los ingresos del marido, que era quien corría con todos los gastos de la familia, y gestionaba su propia empresa.

La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso, adelanta el letrado.

Comprender cómo se desarrolla la vida en prisión puede ser complicado para las personas con discapacidad intelectual. Por eso, es importante conseguir la accesibilidad cognitiva, para que las cosas, espacios y textos sean comprensibles para todas las personas.

“La accesibilidad cognitiva es el equivalente a las rampas en la discapacidad intelectual”, subraya Rebeca Arce, coordinadora de Acceso a la Justicia de Plena Inclusión Castilla-La Mancha.

Este será uno de los temas que se tratarán en la mesa ‘Buenas prácticas y habilidades en materia de salud mental en prisión por la Abogacía’, en las XXIV Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que se celebran en Albacete el 3 y 4 de noviembre. Las inscripciones están abiertas.

Cuando las personas con discapacidad intelectual ingresan en prisión sus principales necesidades son “a nivel de compresión”, señala Arce. “Saber dónde estoy o por qué estoy aquí”, resume. Una de las acciones en este sentido es facilitar la información sobre las normas de prisión adaptada a lectura fácil, igual que se hace con la documentación del proceso judicial. Además, Plena Inclusión trabaja en coordinación con Instituciones Penitenciarias y presta apoyo a los presos que lo requieran.

Respecto a las medidas para su reinserción, son las “mismas que para el resto”, con la particularidad del apoyo que puedan necesitar para acceder a algunas de ellas, “sobre todo a nivel de comprensión”, reitera. “Porque pueden tener las mismas facilidades de reinserción, pero no utilizarlas por desconocimiento”.

La coordinadora de Plena Inclusión aclara que “una persona con discapacidad intelectual no tiene por qué tener una enfermedad mental”. Para las personas con enfermedad mental, Instituciones Penitenciarias tiene el programa Paiem (Programa marco de atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios), desde el que se realiza un seguimiento con un equipo multidisciplinar.

El trabajo con las personas con discapacidad intelectual es multidisciplinar, en coordinación con el personal técnico del centro penitenciario y con los operadores jurídicos, que tienen una gran sensibilización respecto a este tema.

En estas Jornadas de Derecho Penitenciario, que se celebran bajo el lema “El derecho: una brújula en prisión”, también se abordarán temas como la tecnología o los derechos laborales en la cárcel.

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a unos clientes a pagar a su abogado cerca de 16.000 euros, en concepto de honorarios impagados, por prescindir de él al cambiar de dirección letrada en medio del procedimiento.

La sala ha dado la razón al letrado y considera que los clientes incumplieron el contrato profesional que constituye la hoja de encargo.

“El contrato quedó extinguido por voluntad unilateral de los hoy recurrentes cuando ya el recurrido había elaborado la demanda y puesto en marcha el proceso”, dice la sentencia.

Los magistrados declaran la existencia del encargo profesional para la interposición de una demanda civil por la adquisición de acciones bancarias y participaciones preferentes del Banco Popular. En el fallo se explica que “tal y como establece el Estatuto General de la Abogacía, la relación del abogado con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza”. Dicha relación se establece en la hoja de encargo. “En ella se informa de los servicios que va a prestar el abogado, las condiciones, cuantía y las formas de pago”, afirma el texto.

El Juzgado de 1ª Instancia de Puebla de Sanabria (Zamora) ya había dado la razón al letrado. Los demandados recurrieron en apelación pidiendo que se condenase al pago de los honorarios pactados en la segunda de las cláusulas de la hoja, para cuya cuantificación habría que esperar a la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de Madrid.

En la segunda cláusula, se afirmaba que “los honorarios profesionales se acuerdan en costas y cobro al cliente del 10 % de la cantidad recuperada una vez finalizado el pleito”, contempla el fallo.

La cuestión ahora a decidir en este recurso era si debía aplicarse la cláusula pactada en la hoja o el baremo orientador del Colegio de Abogados.

La Audiencia ha estimado finalmente que “queda fuera del alcance del letrado poder conseguir a sus clientes un resultado económico en el proceso que le fue encomendado”. Por tanto, la minuta a pagar debe ser elaborada teniendo en cuenta los criterios orientativos del Colegio de Abogados y confirma el pago de la cuantía de 15.896,60 euros.

Un juzgado de Madrid ha condenado a la aerolínea Iberia a pagar 17.500 euros a un pasajero por haber perdido su maleta de mano, que contenía materiales valiosos de grabación y partituras compuestas por él.

Se trata de la compensación más elevada otorgada a un pasajero por pérdida de equipaje en los vuelos. Isaac Guijarro, abogado del pasajero, considera que esta sentencia del Mercantil nº 13 “va a abrir el camino a que otros abogados puedan iniciar acciones y conseguir a que se le condene a las aerolíneas a pagar indemnizaciones acordes con el daño que sufren, es decir, que no se limite la cuantía que establece el Convenio de Montreal”.

En este tipo de casos, el Convenio de Montreal establece que “en el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero”, explica, es decir, podría recibir una indemnización de 1500€, una cifra muy inferior a la que exigía el damnificado.

El pasajero, que es youtuber y pianista, iba a realizar un vuelo de Berlín a Madrid y, a pesar de que su equipaje era de mano, la aerolínea le obligó a facturarlo porque no había espacio suficiente en el avión. Debido a su profesión, la maleta estaba llena de materiales de grabación, vídeos y partituras compuestas por él.

El letrado explica que solicitaron ante los tribunales una compensación de más de 20.000 euros. En primer lugar, por la pérdida económica del equipo audiovisual y de grabación, que tenían un valor de más de 9.000 euros. En segundo lugar, el daño moral percibido por la pérdida de las partituras y vídeos de conciertos que asciende a 4.000. Por último, también alegó ‘lucro cesante’, debido a las pérdidas económicas que supuso el no poder realizar las grabaciones previstas.

La prueba testifical de su esposa, los tickets de compra del equipo audiovisual y los vídeos y fotografías del pianista utilizando esos dispositivos han sido definitivos para que el juzgado haya sentenciado a la aerolínea con el pago de 17.500 euros.

Sin embargo, no se ha aceptado el pago por ‘lucro cesante’ debido a la dificultad que supone calcular los costes económicos por no haber podido realizar las grabaciones que debía realizar. Ante esto, el abogado defensor del demandante explica que “al ser youtuber no se podía mostrar una nómina. Es más difícil explicar cómo funciona YouTube, el pago de los conciertos de piano, cuánto ganaba haciendo un vídeo o colaborando con una marca”.

La duración de los procedimientos judiciales en España está muy por encima de la media europea, a pesar de que la inversión en justicia es superior, según un informe elaborado por el Consejo de Europa.
“Todas las instancias y categorías parecen afectadas por la pandemia de Covid-19. Los procedimientos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo son los más afectados”, afirma el informe ‘European judicial systems CEPEJ Evaluation Report 2022 Evaluation cycle’, en el que la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa establece, con datos de 2020. las “principales tendencias” de los sistemas judiciales de 44 países europeos y tres observadores

Con la excepción de los procedimientos penales en segunda instancia, todos los demás procesos en los tribunales españoles tienen una duración muy por encima de la media, especialmente llamativo es el caso de los civiles en el Tribunal Supremo, con una duración media de 888 días, frente a los 172 de media europea, señala el informe.

Sobre la inversión en justicia, un 0,37% del PIB, el Consejo de Europa destaca que es superior a la media europea (0,30% del PIB): 87,9 euros por habitante, frente a los 64,5 de media europea.

El informe también destaca que España cuenta con menos jueces (11,24 por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de la media europea) y fiscales (5,37 frente a 11,10).

Sobre la representación femenina en la judicatura, el órgano indica que la media de juezas en España (55%) permanece por debajo de la media europea (62%). En el caso de los fiscales, en España hay representación femenina en un 65%, por encima de la media europea (52%).
El informe destaca que España cuenta con varios tribunales especializados, entre ellos, uno “único en Europa, especializado en casos de violencia contra la mujer”.