Las leyes existentes sobre conciliación familiar y laboral no se aplican en el colectivo de la Abogacía. Esta es la reflexión a la que llegan profesionales del sector al tener que buscar alternativas para poder trabajar pasado el estado de alarma. Si pensaban que teletrabajar y ser profesoras y profesores de sus hijos era lo más difícil, la situación que se avecina para muchas abogadas y abogados, ahora que se ha reactivado la actividad judicial, es aún peor. Sin guarderías, colegios o posibilidad de dejar a los menores con los abuelos -hasta ahora los pilares básicos para conciliar- ha puesto de manifiesto una vez más que a la conciliación le queda un largo camino por recorrer.

Varios letrados explican cómo están conciliando en la actualidad, en un verano atípico caracterizado además por la inseguridad en la celebración de vistas. Por ello, una de sus demandas comunes es que exista un consenso en la regulación de los plazos procesales, por interés general de la profesión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

Pol Olivet, abogado de Barcelona, tiene tres hijos, de 10, 7 años y 6 meses. Compagina su educación con su pareja actual, docente en la Universidad de Derecho. “Por las mañanas las niñas hacen sus tareas, y por la tarde tienen clase online con sus profesores”. Ahora, asistirán a una escuela de verano, con límite de aforo y respetando las distancias, a pesar del miedo al contagio siempre presente. “Estarán unas semanas en un campamento de día, denominado en Cataluña `casals d´estiu´, donde practicarán deporte variado como vela y tenis. De lado de los juegos y el aprendizaje, el deporte tiene mucha presencia en estos campamentos, no tenemos otra alternativa”, confiesa.

Es el mismo caso de Rocío Arregui, abogada de Murcia y madre también de tres hijos. “En el caso de los mayores, han estado dos semanas en una campamento de día con actividades alternativas, donde nos aseguraban grupos muy reducidos, mascarillas constantemente y gel, para que pudieran salir a relacionarse con las medidas de seguridad con otros niños -puesto que desde marzo no habían tenido ocasión- . Eso recae de nuevo en trayectos de ida, vuelta, aparcar, vigilar el cumplimiento de las normas, llegar a tiempo a la reunión o al señalamiento… más complicación a la trama”, subraya.

En otro sentido está Montse Perea, abogada de Málaga, que no solo tiene que conciliar la vida profesional con el cuidado de sus hijos, sino además con el de familiares mayores. Por ello, tras la desescalada, se ha visto obligada a contratar ayuda externa para su padre, por un lado, y formadores a domicilio para sus hijos, por otro, ahora que tiene que desplazarse al juzgado. Nos confiesa que “es muy difícil la conciliación en nuestra profesión, dado que tenemos que tener disponibilidad las 24 horas, sobre todo si estás adscrita al turno de oficio. En nuestro colectivo, las leyes existentes sobre conciliación familiar y laboral no se aplican, nuestros derechos como trabajadores al servicio de la justicia están totalmente silenciados”.

Por su parte, José Carrillo, abogado de Murcia, quién recientemente consiguió la suspensión de un juicio en su víspera con motivo de su paternidad, es padre también de una niña de 6 años. Él no ha optado por la alternativa de que asistan a centros deportivos ni contratar a nadie externo a la familia, por el riesgo al contagio, y ha tenido que recurrir a los abuelos. “Ocasionalmente, los cuida mi madre, siempre y cuando no tenga al resto de nietos, así tendrá que ser hasta primeros de septiembre”, nos confiesa, que también dice tener muchas dudas sobre qué pasará en ese mes.

NECESIDAD DE REGULAR PLAZOS PROCESALES

Pol Olivet, especializado en el Derecho Penal, manifiesta que tanto él como sus compañeros de despacho llevan dos semanas sin un solo día de descanso. “Y si además tienes una asistencia al detenido un fin de semana, te ves obligado a mover tu red de contactos en cualquier parte de España y solicitar sus servicios en tu representación, de lo contrario, el cliente debería acogerse al turno de oficio”. Apunta que “todo esto genera inseguridad en el trabajo, porque no hay criterio, cosa que en otras profesiones es inimaginable”. Es por ello, reivindica, que “no puede pasar una legislatura más sin que exista un consenso en la regulación de los plazos procesales”.

En el mismo sentido opina José Carrillo. “Soy partidario de regular la normativa de suspensiones de vistas y actos procesales para avanzar en conciliación, puesto que por interés general de la profesión y seguridad jurídica, es siempre más positivo que se contemple en una norma”. Además, subraya que “es posible garantizar el equilibrio entre el derecho a conciliar de los abogados y a una tutela judicial efectiva de los ciudadanos.”

Para Montse Perea, “la reanudación de la actividad judicial coincidió con el periodo de matriculación de mis hijos, con multitud de fallos en las plataformas digitales, lo cual conllevó una gran pérdida de tiempo, además del estrés que ello genera”, declara. “El juzgado suele hacer recaer la responsabilidad en los propios letrados, de tal forma que cuando tenemos que atender a la familia por enfermedad o maternidad, nos insta a que nombremos sustituto sin dar posibilidad de suspensión de la vista, no teniendo en cuenta que la relación abogado-cliente se basa en la confianza mutua”.

MAYOR REFUERZO E IGUALDAD CON EL RESTO DE FUNCIONARIOS

Por otro lado, todos confirman que no existe igualdad de conciliación para los letrados, a diferencia de los funcionarios de la Administración de Justicia, por ello son partidarios de su regulación a nivel general. “Somos una profesión muy desprotegida a todos los niveles, cumplimos una función fundamental en la sociedad como es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos”. A la actual situación, además, se suma que los juzgados están saturados y faltos de personal, por lo que advierte que “el Estado debería dotar de más recursos a la Justicia, para que se cumplan los plazos que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva”, expone la abogada Montse Perea.

Los centros escolares no reanudarán los cursos hasta septiembre, mes en el que se prevé poner en marcha un refuerzo en muchos juzgados, para evitar el colapso, en mayor medida originado por las demandas laborales. “El problema de la conciliación en la Abogacía ya es real, es el momento de que Gobierno y legisladores encuentren soluciones”, coinciden los profesionales de la Abogacía.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, han firmado el convenio que establece el marco de colaboración entre ambas instituciones para contribuir a la implantación de la mediación intrajudicial.

La firma de este convenio es muestra del interés del Poder Judicial y de la Abogacía Española por promocionar y desarrollar la mediación intrajudicial como vía complementaria de solución de conflictos que pone al alcance de jueces y abogados las herramientas que permiten lograr soluciones satisfactorias a las pretensiones de los ciudadanos y empresas.

Con la rúbrica de este acuerdo, el órgano de gobierno de los jueces y la Abogacía cumplen las normas europeas sobre mediación y la recomendación dirigida por el Parlamento Europeo a los Estados miembros para que intensifiquen sus esfuerzos en el impulso del uso de la mediación en litigios civiles y mercantiles y en la mejora de la colaboración entre los profesionales de la justicia con este mismo fin.

ESTRECHA COLABORACIÓN

La colaboración entre el CGPJ y el Consejo General de la Abogacía en materia de mediación se remonta a 2016, fecha en la que suscribieron un primer convenio que ha ido renovándose. El acuerdo firmado hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial deroga los anteriores y responde a la necesidad de adaptar el texto a la legislación vigente.

El objetivo común de ambas partes es contribuir a la implantación de la mediación. Para ello, el CGPJ se compromete a promover e impulsar la mediación entre los jueces y magistrados y a favorecer la adecuada coordinación entre los diferentes proyectos que se pongan en marcha a partir de la firma del convenio y los órganos jurisdiccionales. También se compromete a superar los obstáculos que dificulten la colaboración institucional en la puesta en marcha de las iniciativas de mediación y a velar por que la mediación que se desarrolle en los juzgados sea de calidad. Finalmente, a promover la suscripción de códigos de conducta de los mediadores.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española se compromete a fomentar e impulsar la mediación promoviendo el uso de esta herramienta entre los abogados para que puedan informar y asesorar a las partes en litigio. También, a dar a conocer y difundir el convenio entre los 83 Colegios de Abogados, que podrán adherirse al mismo; a velar por que se garantice que la mediación desarrollada en los distintos colegios sea conforme con los protocolos que se diseñen a tal efecto en los partidos judiciales, teniendo como base la Guía Práctica para la mediación elaborada por el CGPJ; y a colaborar en la difusión de material divulgativo dirigido a los usuarios de la Administración de Justicia.

Además, se velará para que los equipos de mediación de los servicios mediadores creados en los distintos Colegios de la Abogacía sean profesionales mediadores.

Una comisión de seguimiento, que deberá reunirse al menos una vez al año, velará por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.

Este convenio firmado el viernes 24 de julio de 2020 supone un nuevo marco regulador con adaptación a la legislación vigente respecto al firmado el 28 de junio de 2016 .

La Abogacía Española ha solicitado al Ministerio de Hacienda que, en el marco de las modificaciones que a nivel europeo se están estudiando en la Directiva del IVA, España reclame una aplicación de tipos reducidos para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje. La demanda, que se ha venido fraguando en el seno de la Abogacía durante los últimos meses, obedece al criterio de que los particulares no deben seguir cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues supone un importante agravio frente a las empresas, que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad.

Ante el previsible incremento de la litigiosidad que se originará como consecuencia de la crisis económica derivada de la Covid-19, esta reducción del IVA para las personas físicas iría en línea con la recomendación efectuada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este mismo mes de julio. El organismo independiente que vela por la ortodoxia de las cuentas públicas expone en un informe que se acaba de hacer público que los tipos reducidos del IVA deben dirigirse y tener como objetivo “facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos”.

Desgraciadamente, el aludido incremento del número de litigios incidirá especialmente sobre aquellos colectivos más desfavorecidos que se vean abocados a defender sus derechos ante los Tribunales y que tendrán que seguir asumiendo un 21% del IVA en situaciones de especial dificultad económica.

La reforma de la directiva europea del IVA permitiría trasladar la aplicación de los tipos reducidos de aquellas actividades o adquisición de bienes que, según la AIReF, son consumidas o adquiridas por las rentas más altas hacia aquellas otras de primera necesidad o que los ciudadanos están obligados o compelidos a tener que utilizar, como es la defensa de sus derechos más elementales-en el ejercicio, además, de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial-.

Es importante destacar que estos son los requisitos que la propia Unión Europea exige para que un servicio pueda verse beneficiado por estos tipos reducidos, esto es, que respondan al “interés general” y que la reducción se traslade al consumidor final. Así sucede en la Abogacía, donde la creciente competencia entre los profesionales se ha traducido hasta ahora en un progresivo descenso de los precios.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los solicitantes de asilo desde las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla tienen derecho a la libre circulación por toda España, y no solo por los citados territorios, una vez que su petición ha sido admitida a trámite.

Limitar sus desplazamientos a Ceuta o Melilla sería contrario a derecho, indica la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal en una sentencia donde rechaza la postura de la Abogacía del Estado.

El conflicto tiene en origen una resolución de la Jefatura de Policía de Ceuta que incorporaba en la documentación que justificaba la condición de solicitante de protección internacional de un extranjero la inscripción «válido solo en Ceuta».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló dicha mención y reconoció el derecho del recurrente a circular libremente por el país en una sentencia que fue recurrida por la Abogacía del Estado y que ahora confirma el Supremo.

Rechaza el alto tribunal que, tanto desde la perspectiva del derecho interno como del comunitario e internacional, la admisión a trámite de la solicitud de asilo en España desde Ceuta o Melilla tenga la particularidad de limitar la libre circulación del solicitante a dichos territorios.

La ley del Derecho de Asilo, argumenta la Sala, no establece particularidad o limitación alguna en relación con las solicitudes formuladas en Ceuta o Melilla, y se refiere «en todo momento y de manera reiterada al territorio nacional, sin excepciones», de modo que «los solicitantes de la protección internacional en Ceuta y Melilla quedan en la misma situación y con los mismos derechos de todos los solicitantes en España».

Dice el Supremo que la admisión a trámite de la solicitud de asilo supone «la autorización, aunque sea con carácter provisional, para la permanencia en territorio español, sin distinción de lugar o limitación a una parte del territorio nacional, pudiendo obtener autorización para trabajar».

Durante dicha estancia, continúa el tribunal, «no podrá ser objeto de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición, de manera que, salvo que se adopten las medidas cautelares limitativas que se establecen en la misma Ley, la admisión a trámite de la solicitud permite al interesado la permanencia en cualquier lugar del territorio nacional sin más exigencia que la de informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca al respecto».

El fondo de ayudas de carácter extraordinario está dotado con un millón de euros
◾El plazo de envío de solicitudes es del 22 de julio al 22 de agosto de 2020
◾El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó el viernes 10 de julio esta prestación económica

Desde el 22 de julio y hasta el 22 de agosto los colegiados y colegiadas ejercientes que se hayan visto perjudicados con motivo de la pandemia Covid-19 y el estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020 pueden solicitar la concesión de una ayuda extraordinaria del Fondo de Ayudas puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía Española, que tiene una dotación económica de un millón de euros.

Las solicitudes se realizan a través de un formulario web que incluye la posibilidad de adjuntar la documentación a presentar en cumplimiento de los requisitos.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó el viernes 10 de julio las bases para la distribución de un fondo de ayudas a los colegiados más duramente castigados por la epidemia de coronavirus que estará dotado con un millón de euros.

Los consejeros consideraron importante que el Consejo, como órgano que agrupa y representa a la totalidad de los Colegios de la Abogacía Española, pusiese en marcha este programa en un momento en que el conjunto de la profesión está todavía seriamente afectado por las consecuencias

El ministro de Sanidad encomienda a Justicia que asegure la prestación de servicios esenciales
◾La Comisión Permanente exige a las Administraciones con competencias en materia de Justicia y a todos sus servidores públicos que se abstengan de adoptar medidas que impidan el cumplimiento de los servicios establecidos
◾ La actuación de los jueces “constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado”, señala el texto.

En un comunicado distribuido el jueves 19 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial considera que las dispensas de realización de los servicios mínimos que se plantean o se está dando al personal para cubrir los servicios mínimos en juzgados y tribunales “en estos momentos cruciales” impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos.

El Consejo también contesta a las peticiones de algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados que han realizado, condicionando la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva frente al Covid-19.

Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que dictará este jueves una orden en la que encomendará al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “la coordinación” de todas las “administraciones estacionales” para que se asegure la prestación de servicios mínimos esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Así, lo ha dicho en la rueda de prensa que ha celebrado junto al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la que se ha informado de las novedades en las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno dentro para luchar contra el COVID19. Entre ellas, ha anunciado que este mismo jueves dictará una orden para que el responsable de la cartera de Justicia lleve a cabo la “coordinación de todas las administraciones estacionales de la Administración de Justicia”, con el fin de asegurar que se “produzcan los servicios mínimos que en cualquier caso deben estar garantizados”.

COMUNICADO DEL CGPJ SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en su reunión de hoy el siguiente comunicado:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento de algunas iniciativas previstas por algunas Comunidades Autónomas con competencia en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia en relación con el régimen de asistencia del personal colaborador que presta servicio en Juzgados y Tribunales, orientadas a establecer un llamado «régimen de disponibilidad» y no presencial.

La Comisión Permanente valora y concluye que semejantes iniciativas impedirían, en la práctica, la prestación de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos, hasta ahora, en sus acuerdos de 11, 13, 14, 16 y 18 de marzo de 2020.

Por otra parte, algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados han realizado comunicados condicionando la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva pese a la notoria limitación de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como es la exigida por el servicio sanitario.

Ante semejantes circunstancias, la Comisión Permanente emite el siguiente COMUNICADO:
1.Afrontamos como comunidad una grave crisis provocada por el azote del COVID-19 y pese a ello reconforta observar que son muchos los que están dando lo mejor de sí mismos en beneficio de todos. Lo está haciendo el personal sanitario, sumando incluso los esfuerzos de profesionales jubilados y de jóvenes estudiantes de último año. Lo está haciendo también el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, entre otros, en el servicio público; y en el privado, tantas personas que trabajan en servicios esenciales, como el transporte, la alimentación, que aseguran el abastecimiento, farmacias, y tantos otros. Es justo reconocer a todos ellos su entrega y esfuerzo y estar agradecidos.
2.En este contexto, la actuación de los jueces es no solo expresión de uno de los Poderes del Estado, sino el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma y, por tanto, constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado. Es precisamente en los momentos de crisis cuando a cada cual le corresponde cumplir su compromiso con los demás. Es el momento de dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos. Ni la Administración de Justicia ni sus servidores estamos eximidos de ese compromiso y es ahora, más que nunca, cuando se nos debe exigir un ejercicio de responsabilidad.
3.La grave crisis de salud pública por la que atraviesa España ha justificado la declaración del estado de alarma y la adopción de medidas extremas. Entre dichas medidas no se contempla en modo alguno el abandono de los servicios públicos y menos aún el propio de la Administración de Justicia, al que se hace específica referencia en relación con determinados servicios esenciales.
4.El Consejo General del Poder Judicial es el supremo órgano de gobierno del Poder Judicial -art. 122.2 CE-, poder que asume el ejercicio de la función jurisdiccional en que se traduce el servicio de la Administración de Justicia. En el ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha adoptado una serie de acuerdos de fecha 11, 13, 14, 16 y 18 de marzo de 2020 para, dentro del marco definido por la autoridad competente en la declaración del estado de alarma, asegurar la continuidad de la prestación del servicio en los Juzgados y Tribunales de toda España.
5.Los acuerdos adoptados suponen, en definitiva, que los Juzgados y Tribunales permanecerán abiertos y prestarán los servicios que los propios acuerdos definen como esenciales, salvo allí donde las autoridades sanitarias competentes dispongan el cierre de las instalaciones y por el tiempo indispensable en que ese cierre se mantenga.
6.La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con competencia sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia tienen encomendada una importante e imprescindible función prestacional, de auxilio o colaboración consistente en facilitar los medios para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada. En el cumplimiento de esa función, la Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene encomendado.
7.La dispensa al personal colaborador establecido para los servicios mínimos para acudir a sus puestos de trabajo en Juzgados y Tribunales en estos momentos cruciales impediría, en la práctica, la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos en los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
8.Esa medida supondría también un grave menoscabo para la integridad de los derechos de los ciudadanos y socava igualmente la igualdad de sus derechos en todo el territorio nacional, al hacer inefectiva en la práctica la tutela que para la protección de esos derechos han de prestar Jueces y Tribunales.
9.La esencialidad del Estado de Derecho, como pieza necesaria para la existencia y subsistencia de nuestra Nación española, viene afirmada en nuestra Constitución desde su preámbulo y en el primero de sus artículos, pero es ahora, en momentos de crisis, cuando su vigencia y permanencia debe hacerse evidente a los ciudadanos, y que los Juzgados y Tribunales permanezcan abiertos y dotados con el personal necesario para asegurar la protección de sus derechos es parte de esa evidencia.
10.Evidencia que ha de ponerse también de manifiesto en el comportamiento y actitud de todos los servidores de la Administración de Justicia. Los primeros, los jueces y magistrados, tanto en sus manifestaciones individuales como en las que lleven a cabo a través de sus asociaciones profesionales, como han hecho en las últimas horas algunas de las asociaciones mayoritarias desmarcándose de planteamientos o propuestas de abandono del servicio que difícilmente podían ser compartidas ni comprendidas por la ciudadanía. Ello sin perjuicio de que se proporcionen cuanto antes las medidas de protección individual y colectiva a todos los servidores públicos de la Administración de Justicia.
11.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial exige a las Administraciones con competencia en medios personales y materiales de la Administración de Justicia y a todos sus servidores públicos que se abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos en los acuerdos adoptados.

ASOCIACIONES JUDICIALES

Desde Juezas y Jueces para la Democracia han expresado su firme compromiso de todos los jueces y juezas para seguir garantizando el estado de derecho en estos momentos de grave crisis sanitaria. “No contemplamos en ningún caso el cierre de los juzgados y tribunales y la negativa a prestar los servicios esenciales de la administración de justicia”, han asegurado desde JJpD.

No obstante han denunciado la falta de medios para la protección de loscompañeros/as así como de los demás operadores jurídicos y ciudadanos/as que concurren en los juzgados.

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados de Murcia ha hecho balance de este servicio. Helena Rivera Tortosa, secretaria de la Junta de Gobierno del Icamur y responsable del Turno de Oficio, ha señalado que el mantenimiento de las medidas de seguridad fue la principal dificultad a la que se enfrentaron durante el confinamiento. «Intentamos que las asistencias se pudiesen hacer por videoconferencia o vía telefónica», ha explicado Rivera.

La letrada también ha señalado que la Justicia gratuita presencial dejó de tramitarse, lo que explica el menor volumen de solicitudes. El estado de alarma también redujo el número de detenciones, aunque gran parte de ellas estuvieron relacionadas con violencia de género: «El mayor número de asistencias las han hecho los abogados de víctimas de violencia género».

Ante esta situación, el Colegio de Abogados puso en funcionamiento medios telemáticos, como la prestación de servicios a través de videollamada de WhatsApp, que ha permitido la tramitación de más 520 solicitudes y ha tenido una gran aceptación.

Desde el Colegio de Abogados también han reivindicado la modificación y actualización del marco normativo que regula la Justicia Gratuita para recibir unas remuneraciones más justas e igualitarias entre Comunidades Autónomas. «Siempre hemos reivindicado que somos abogados de oficio independientemente del sitio en el que vivamos», ha subrayado Rivera Tortosa.

Su gama de servicios contracíclicos (laboral, procesal, reestructuraciones, concursal, etc.) permite a los despachos de abogados sobrevivir a las crisis económicas mejor que otras empresas. Una menor afectación, no obstante, que en ningún caso quiere decir inmunidad. Según una encuesta de la consultora de recursos humanos Hays, dos de cada tres bufetes han rebajado las retribuciones de sus letrados para este 2020 y al menos la mitad ha tomado la decisión de congelar las contrataciones.

El sondeo, realizado durante el mes de junio a medio centenar de despachos de todos los tamaños, revela que la mayoría de las firmas ha optado por una rebaja de entre el 5% y el 15% en la retribución (opción elegida por el 56% de los consultados). Llama la atención, no obstante, que en un 18% de las organizaciones el recorte afectará a más de la mitad de la remuneración de sus profesionales.

Por categorías, los socios y perfiles sénior han sido los más afectados por estos ajustes en seis de cada diez despachos. Una elección, según valora Mila González, business manager de la división de legal de Hays, que es positiva porque «lanza un mensaje a la plantilla de que los que más ganan son los primeros en recortarse y los que más se aprietan el cinturón». En opinión González, «el sector legal es serio y maduro» y suele gestionar bien este tipo de decisiones. «Se cuida mucho la comunicación», revela, un elemento fundamental para mantener alta la moral de las plantillas a pesar de la dificultad que conlleva aprobar ajustes.

ERTE

Las rebajas salariales no son las únicas decisiones que están adoptando los despachos para hacer frente a la crisis. En la misma línea, seis de cada diez de las firmas encuestadas también han comunicado que suspende las revisiones de retribución previstas para este año y cerca del 30% ha cancelado las promociones internas. Asimismo, tres de cada diez han tenido que aprobar un ERTE para capear las dificultades derivadas de la pandemia. El 16% ha optado por las reducciones de jornada.

Es de esperar, además, poco movimiento de personal en las organizaciones, al menos de entrada. La mitad de los bufetes consultados admite que no llevará a cabo contrataciones este año. Una cifra que a la larga podría ser mayor dado que solo el 17% afirma que es seguro que incorporará algún profesional de aquí a final de ejercicio.

A pesar de las cifras, González insiste en que el mercado de contrataciones no está parado del todo y que desde Hays sí perciben interés en incorporar abogados en las áreas que en la actualidad se encuentran con mayor carga de trabajo como laboral y procesal, aunque sin descartar otras.

Por último, el número de despachos que cree que tendrá que llevar a cabo despidos de aquí a final de año es el 33%. La práctica habitual, no obstante, y según describe la business manager de la división de legal de Hays, es la de que los ceses de letrados sean la última opción. «Los socios de las firmas suelen adoptar prioritariamente otras medidas de ajuste antes que la de prescindir de personal», explica.

Recortes también en el Reino Unido

Salarios. Las previsiones de los despachos de abogados en el Reino Unido no son mucho más optimistas que las de las firmas en España. Según una encuesta elaborada por el Managing Partners’ Forum con la opinión de 64 socios directores de bufetes en el país, en torno a la mitad de las organizaciones afirma que tiene previsto disminuir sus plantillas durante el próximo año (el ejercicio fiscal británico se cierra el 31 de mayo). Asimismo, un 50% de los despachos augura una “fuerte” caída de su facturación respecto de la cosechada el pasado año. En febrero, solo el 8% de los consultados tenía previsto rebajar el personal de sus organizaciones.

Oficinas más pequeñas. Otras de las materias que se prevé que pueda verse modificada por esta crisis es el tamaño de las sedes de los bufetes. Según el barómetro del Managing Partners’ Forum, la mitad de los socios directores responde (en concreto, el 56%) que en el futuro necesitará menos espacio en sus sedes.

Retorno a las sedes. Así como en España muchas firmas han acelerado el retorno a sus oficinas, en Londres parece que se lo toman con más calma. El 47% de los consultados respondió que su previsión es que en octubre la mitad o más de sus abogados esté de vuelta en sus sedes físicas. Por el contrario, uno de cada cinco directivos evitó hacer previsiones de retorno y afirmó que se seguiría trabajando en remoto “de momento”.

Hoy en día es muy común vivir en pareja sin casarse ni registrarse como pareja de hecho. Sin embargo, no estar formalizados puede tener importantes consecuencias legales si la relación se rompe o uno de los dos fallece según elmejorsegurodevida.com

En 2019, en España había cerca de 11 millones de parejas, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, en esa cifra solo se cuentan los matrimonios y las parejas de hecho formalizadas. Pero existe una forma más de convivir con otra persona: la unión sin formalizar.

Es frecuente que dos personas decidan comprarse una casa o tener hijos sin haberse casado. Es una opción más, aunque puede traer más de un problema legal en algunas circunstancias. Los expertos de elmejorsegurodevida.com han recopilado todos los aspectos que pueden complicarse si se quiere vivir en pareja sin casarse. Hay cinco materias en las que influirá la situación legal: vivienda, fiscalidad, seguros de vida, derechos e hijos.

Vivienda
*Comprarse una vivienda es una de las decisiones más importantes para una pareja. Pero es aún más importante en el caso de que no quieran casarse ni hacerse pareja de hecho.

Si fallece uno de los cotitulares de la vivienda sin testamento

Si una persona fallece sin dejar testamento, sus deudas y bienes pasan a sus herederos forzosos. Estos son, por este orden, los hijos (o nietos), los padres, el cónyuge y los hermanos. Por lo tanto, si no hay testamento, la pareja no tendrá derecho a heredar, ni siquiera la parte de la vivienda que le correspondía al difunto.

La importancia del testamento
«Si la intención de ese conviviente es la de que su pareja tenga derechos hereditarios, deberá hacerlo constar expresamente en su testamento, debiendo en todo caso respetarse las legítimas y a los herederos forzosos», explica José Gabriel Ortolá, abogado de familia en Ortolá-Dinnbier Abogados de familia.

Así pues, en el reparto del testamento, la vivienda puede quedar en manos de los herederos forzosos, ya sean los hijos, los padres o los hermanos.

Quién puede quedarse en la vivienda si la pareja se separa
*Si hay hijos menores, los criterios legales que se aplicarán serán los mismos que en un matrimonio. «A falta de acuerdo entre ellos, se le atribuye el uso de la vivienda al progenitor a quien el juez confiera la custodia de los hijos menores», explica el abogado de familia.

Sin embargo, no es tan fácil cuando no hay hijos o estos son mayores de edad:

1. Si solo uno de los miembros es titular de la vivienda. La persona que no sea titular no tendrá derecho a disfrutar de la casa.

2. Si ambos miembros son titulares. La única solución consiste en pactar quién disfrutará de la vivienda. «Si no lo pactasen, el juez podría dirimir la cuestión confiriendo la administración y uso del bien por periodos hasta que se procediera a la extinción de esa situación de titularidad conjunta (en venta o en adjudicación a uno de los copropietarios)», explica Ortolá.

Fiscalidad
*Los impuestos son uno de los temas en los que más diferencias hay para los matrimonios, las parejas de hecho y las parejas sin formalizar.

Declaración de la renta
*Una pareja que no esté registrada no puede hacer declaración conjunta, aunque uno de sus miembros sí podrá hacerla con los hijos.

Impuesto de sucesiones y donaciones
*Cuando una persona recibe una herencia o una donación, tiene que asumir el impuesto de sucesiones y donaciones. Quien hereda tendrá que pagar esa tasa, que se calcula según tres factores: la cantidad de dinero heredada, el grado de parentesco con el difunto y la comunidad autónoma donde residía el fallecido.

Los familiares más cercanos (descendientes, cónyuges y ascendientes) se consideran personas de los grupos I y II y tienen grandes ventajas fiscales. Por ejemplo, hay comunidades en las que están exentos del 99 % del impuesto de sucesiones. Sin embargo, si una pareja no estaba casada ni reconocida, el miembro que sobreviva se considerará persona del grupo IV (extraña) y no podrá acogerse a esa bonificación.

Seguros de vida
*Desde elmejorsegurodevida.com recuerdan que hay que tener cuidado al contratar estas pólizas si el beneficiario es la pareja. Hay tres problemas legales que pueden darse si el seguro no se ajusta bien:

1. La pareja queda fuera de la indemnización porque no se ha especificado el beneficiario en la póliza

No hace falta designar beneficiario en una póliza, pero es lo más recomendable. A veces, se recurre a fórmulas genéricas que pueden traer algún problema, como poner que los beneficiarios serán los «herederos legales».

Se entiende por herederos legales aquellos que se designen en el testamento. Si no hay testamento, serán los herederos forzosos: hijos, padres, cónyuge y hermanos, en ese orden. Así pues, si no estaban casados, el miembro que sobrevive no entrará dentro de los herederos legales y no recibirá la indemnización.

2. La pareja tendrá que pagar más por el impuesto de sucesiones

Los seguros de vida se suman a la herencia total que deja el difunto. A la hora de recibir la herencia, la pareja tendrá que asumir un impuesto más alto por ser familiar de grado IV en lugar de grado II (cónyuge).

3. No puede contratarse la cláusula de doble capital en caso de fallecimiento de ambos cónyuges

Algunas pólizas permiten contratar esta cláusula adicional. En caso de que los dos miembros de la pareja fallezcan en un accidente, el seguro de vida pagaría el doble de dinero a los beneficiarios. No obstante, esta opción solo cubre la muerte de cónyuges (matrimonio o pareja de hecho reconocida).

Cómo evitar estos problemas
En primer lugar, es muy importante especificar el beneficiario en la póliza. Desde elmejorsegurodevida.com son muy claros: si se quiere que la pareja reciba la indemnización, hay que especificarlo en el contrato, con nombre y apellidos. Eso sí, tendrá que pagar más impuestos que si fuese cónyuge legalmente.

En segundo lugar, no hay que olvidar que los seguros de vida son individuales: protegen solo a una persona. Si fallece el miembro de la pareja que no tenía seguro, el otro no tendrá derecho a recibir nada (independientemente de que fueran matrimonio o no). Por eso, es recomendable contar con dos pólizas distintas: una para cada uno.

Derechos
Los cónyuges o parejas de hecho reconocidos disfrutan de ciertos derechos. Estos son los que destaca José Gabriel Ortolá: acceso a la adopción, derechos laborales (días libres por enfermedad grave o por fallecimiento de un familiar, por ejemplo), asistencia sanitaria, pensiones, becas y ayudas*

Hijos
Según explica Ortolá, no hay diferencia legal entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. La única diferencia estará en el procedimiento judicial que regula las medidas que les afectarán en caso de divorcio o separación. En el caso de las personas no casadas y con hijos, la separación se resuelve con un procedimiento específico, pero «su tramitación es la misma», explica el abogado, y añade: «Los criterios para atribuir la aguarda y custodia de los hijos son idénticos».

Vivir en pareja sin formalizarlo
*Convivir sin casarse es una opción válida, pero es importante conocer sus consecuencias. Para evitar posibles problemas, lo mejor es pedir ayuda a los expertos antes de iniciar cualquier trámite, como contratar un seguro de vida o firmar una hipoteca.

El parón de juzgados y tribunales decretado por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus llevó a un buen número despachos de abogados a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sobrevivir a la caída de los ingresos. Algunas firmas, sobre todo especializadas en litigación, optaron por justificar la medida en una causa ine­vitable o de fuerza mayor. A diferencia de los ERTE por motivos económicos, los expedientes de este tipo no precisan de negociación con los trabajadores y dan acceso a bonificaciones de hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social. Pero ¿pueden realmente los bufetes beneficiarse de estas ventajas?

Un juzgado de lo social de Zamora ha sido el primero en pronunciarse al respecto. El fallo analiza un ERTE por fuerza mayor solicitado por un bufete para tres auxiliares administrativos y una limpiadora. La jueza entiende que la autoridad laboral actuó correctamente al rechazar la solicitud dado que “la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la lista de actividades esenciales”. Es decir, que según la magistrada, los despachos (al igual que supermercados o farmacias) no se han visto afectados por el cierre de negocios y, por tanto, no pueden alegar un motivo inevitable para suspender contratos o reducir jornadas.

El profesor de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán señala que el juzgado hace una interpretación restrictiva del decreto ley que regula los ERTE por Covid-19 sin tener en cuenta la modificación que introdujo el Gobierno a finales de abril y que permite a las empresas declaradas esenciales iniciar un expediente por fuerza mayor siempre que afecte a trabajadores auxiliares, cuya labor no sea imprescindible. Detrás de esta omisión podría estar la propia cronología del expediente. “Todo hace indicar que fue solicitado en marzo, antes de la entrada en vigor de la reforma que flexibiliza las condiciones de estos instrumentos”, puntualiza Beltrán.

Asuntos urgentes

Un caso similar ha sido resuelto recientemente por un juzgado de Burgos aunque con un resultado bien distinto. En esta ocasión, el solicitante era un abogado que tenía como única empleada a una secretaria que se encargaba de citar a clientes y responder llamadas. El fallo dictamina que el ERTE está adecuadamente justificado en una causa de fuerza mayor porque la actividad a la que se dedica el letrado “ha quedado suspendida casi en su totalidad, como consecuencia de la práctica paralización de la actividad jurisdiccional, y ha quedado exclusivamente limitada a las actuaciones urgentes”.

Según el laboralista Víctor Canalda, aunque esta sentencia no sienta jurisprudencia, es importante porque abre la puerta a que las firmas apliquen un ERTE por fuerza mayor no solo a trabajadores auxiliares, sino también a letrados contratados que no se dediquen a asuntos urgentes como la presentación de denuncias o la asistencia jurídica a detenidos.

El profesor de Derecho del Trabajo Daniel Toscani discrepa de este análisis y asegura que ningún juez ha puesto en duda que la abogacía sea una actividad esencial. En consecuencia, desde su punto de vista, no cabe aplicar un expediente de este tipo ni a letrados ni a asesores jurídicos en nómina. “Solo se me ocurre una excepción: que varios trabajadores hayan caído enfermos y el despacho haya tenido que cerrar. En ese supuesto, el procedimiento sí que podría incluir a toda la plantilla”, asegura.

Posible rebrote

El Gobierno ha prorrogado los expedientes por fuerza mayor hasta el próximo 30 de septiembre. No obstante, en opinión de los expertos es probable que la herramienta vuelva a generalizarse si hay un rebrote del coronavirus y se impone una cuarentena similar a la del mes de marzo. “Es muy importante que el Ejecutivo se adelante a los acontecimientos y clarifique la normativa laboral para que las empresas, incluidas las del sector legal, sepan a lo que atenerse”, señala Beltrán.

Así afrontan la crisis los bufetes en otros países

EE UU. Baker McKenzie, uno de los despachos más importantes del país norteamericano, ha anunciado un recorte del 15% en el salario de sus abogados no asociados. No es el único. Hogan Lovells también reducirá hasta en un 25% el sueldo de los letrados que ganen más de un millón de dólares al año.
Reino Unido. Clifford Chance, Allen & Overy y otros miembros del magic circle dejarán de aplicar aumentos salariales a partir del mes de septiembre. Además, el gigante DWF cerrará sus oficinas de Bruselas y Singapur y despedirá a 60 trabajadores de aquí a final de año.
Francia. A pesar de los préstamos a bajo interés aprobados por París, la mayoría de grandes firmas han empezado a tomar medidas para garantizar su viabilidad económica. Así, por ejemplo, Gide Loyrette Noel reducirá las comisiones y pluses de sus socios de manera progresiva dependiendo de su antigüedad.
Italia. El Gobierno ha puesto en marcha un instrumento similar a los ERTE del que se benefician miles de despachos. Entre ellos, el milanés Bonelli Erede que cuenta con más de 500 trabajadores. Las suspensiones de empleo y las reducciones de jornada podrían alargarse hasta finales de año dependiendo de la evolución de la economía.