◾“Esta situación da lugar a disparidad de criterios. Hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos que desoyen al Supremo y se resisten a conceder la custodia compartida”, explica la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
◾“Hay juzgados que tardan hasta 9 meses en señalar la vista de medidas provisionales para que un padre o una madre vea a sus hijos o pague la pensión de alimentos, a lo que se añade el tiempo para la resolución judicial”, advierte la presidenta de AEAFA

familiaEspaña solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país, el 53% de los residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España. Durante 2019 solo se ha creado un juzgado más de Primera Instancia propio de Familia, concretamente en Lleida. Mientras tanto, el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia seguía igual: 18 repartidas entre 16 provincias. Por tanto, en 32 provincias sus ciudadanos no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado.

“Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.

Custodia compartida, según dónde

“Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica la presidenta de AEAFA.

En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas. “Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, especifica Lozano.

“Nueve meses, e incluso más, para resolver las medidas provisionales”

“El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta nueve meses y, en algunas localidades, todavía más. Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine. También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma María Dolores Lozano.

En España, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados. Fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de ciudades como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más.

Audiencias Provinciales

Por su parte, la situación en las audiencias provinciales no ha mejorado en España puesto que no se han creado más secciones especializadas en Familia. En total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales, las mismas que en 2018, y que atienden al 61% de la ciudadanía. Por tanto, más de 18,5 millones de españoles se quedan sin que sus recursos de apelación sea atendido por audiencias provinciales especializadas en Derecho de Familia. Esta situación se produce en todo el territorio de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra o La Rioja.

A día de hoy se han celebrado 68.085 actuaciones judiciales –juicios, declaraciones y otras comparecencias- por videoconferencia y con la intervención de abogados y abogadas
◾Pablo Zapatero destaca la puesta en marcha próximamente de 33 unidades judiciales, la mayoría se crearán para aquellos órdenes jurisdiccionales más impactados por el Covid-19

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha comparecido ante la Comisión de Justicia en el Congreso, para informar sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para hacer frente al Covid-19, así como las previstas para impulsar la transformación del servicio público de Justicia y la utilización de nuevas tecnologías.

Respecto a la digitalización, se han puesto en marcha herramientas tecnológicas que se han revelado imprescindibles en esta situación. Así, la implantación y desarrollo de la inmediación digital, la deslocalización de los puestos de trabajo o la cita previa, están siendo un espaldarazo para la administración de la Justicia en la nueva situación.

En esta línea Zapatero ha destacado la celebración a día de hoy de 68.085 actuaciones judiciales –juicios, declaraciones y otras comparecencias- por videoconferencia, según han comunicado al Ministerio de Justicia las Secretarías de Gobierno de los diferentes Tribunales de Justicia de toda España.

Así, a través del Real Decreto Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19, aprobado y convertido en la Ley 3/2020 por amplia mayoría parlamentaria el pasado 18 de septiembre, “se han puesto en marcha numerosas iniciativas y proyectos que colocan al sector en un mejor punto de partida para controlar la pandemia y hacer posible la recuperación y resiliencia”, ha explicado Zapatero.

La Ley contempla además otras herramientas “esenciales” para avanzar en el sector en la lucha contra la pandemia, como la regulación de juicios telemáticos, la flexibilización en la asignación de funciones, la cita previa, o la autorización o ratificación por los TSJs de las medidas sanitarias adoptadas por las CCAA.

En esta línea, Zapatero ha destacado, “en cumplimiento con esta ley en tiempo récord -poco más de un mes-“, la puesta en marcha próximamente de 33 unidades judiciales, repartidas tanto en las CCAA que dependen del Ministerio como en las que tienen competencias asumidas. La mayoría de estas unidades se crearán para aquellos órdenes jurisdiccionales más impactados por el Covid-19, principalmente social y mercantil.

MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL

De cara al futuro, dentro del marco de Justicia 2030, el secretario de Estado ha destacado tres ámbitos fundamentales de actuación para mejorar la eficiencia: el procesal, organizativo y digital.

De cara al primer ámbito, se ha puesto en marcha el anteproyecto de ley de la eficiencia procesal para el servicio público de justicia, que será remitido en breve al Consejo de Ministros, y contempla medidas de gran calado, como la regulación del pleito testigo, las sentencias orales y la regulación de los medios adecuados de controversias en el orden jurisdiccional civil.

De cara a conseguir la eficiencia organizativa, además de la ya mencionada creación de 33 unidades judiciales, Justicia 2030 contempla medidas como la creación los tribunales de instancia, la oficina judicial digital y la oficina de justicia en el municipio.

◾La aplicación evitaría esperas innecesarias y la acumulación de profesionales en las sedes de los juzgados
◾El desarrollo de la aplicación, que está a punto de terminar, corre a cargo de la propia Abogacía Española

El Consejo General de la Abogacía Española ha ofrecido al Ministerio de Justicia y, a través de él, a las comunidades autónomas con competencias en la materia la utilización de una aplicación informática para smartphones que permitiría informar a los profesionales jurídicos de los horarios de las vistas judiciales, así como de su modificación o suspensión. La información anticipada sobre la marcha de las vistas en tiempo real evitaría esperas innecesarias en los pasillos de las sedes judiciales y, lo que en este momento es mucho más importante, la acumulación de personas que necesariamente deben guardar una distancia mínima de seguridad.

La Abogacía tiene el desarrollo a punto de culminar y ha anunciado ya al Ministerio que pueden contar su utilización en los próximos días. No obstante, para ponerlo en marcha será preciso que cada una de las administraciones competentes adapte sus sistemas de información de horarios, retrasos y suspensiones a la nueva aplicación, lo que podría demorar su implantación algunas semanas más. Algunas comunidades autónomas ya disponen de este sistema, por lo que el trabajo consistiría únicamente en su adaptación. Otras, sin embargo, deberían desarrollar su propio panel horario para después adaptarlo a la aplicación desarrollada por la Abogacía para nutrirla de los datos horarios en cada jornada.

La Abogacía confía en la utilidad de la herramienta para obtener una buena acogida en el Ministerio y en las propias comunidades autónomas, así como entre los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Si bien la aplicación tiene una utilidad muy evidente ante las circunstancias sanitarias, la Abogacía considera que debería tener vocación de continuidad en el tiempo.

Las denuncias bajaron un 14,62 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019, pese a que la actividad judicial relacionada con la violencia machista no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales
◾El número de mujeres víctimas descendió un 13,91 por ciento, al contabilizarse 33.338; de ellas, el 9,48 por ciento se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar
◾ Por primera vez, el informe contabiliza el número de menores, hijos e hijas de las víctimas, que sufren violencia de género: 312 en el trimestre

El segundo trimestre de 2020, el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, muestra una importante disminución interanual en la mayor parte de los indicadores que miden la actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la violencia de género: las denuncias (34.576) se redujeron un 14,62 por ciento; el número de mujeres víctimas (33.338) descendió un 13,91 por ciento; la solicitud de órdenes de protección (10.124) bajó un 14,8 por ciento; y el total de sentencias dictadas (5.344) fueron un 59,67 por ciento menos.

Este decremento ha tenido lugar a pesar de que la declaración del estado de alarma y, con ella, la suspensión de los plazos procesales, no afectó “a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores”, que fueron declaradas actividades esenciales, tal y como consta en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dado a conocer hoy, sí se mantuvo en los meses de abril, mayo y junio un elevado porcentaje de sentencias condenatorias, que alcanzaron el 77,25 por ciento del total de las dictadas por los órganos judiciales –juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de los penal y audiencias provinciales- en el ámbito de la violencia machista. Hace un año, las condenas representaron casi el 70 por ciento del total.

Los juzgados registraron 34.576 denuncias por violencia de género

Durante el segundo trimestre del año, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron un total de 34.576 denuncias, un 14,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019. De ellas, y aunque disminuyeron respecto a las de hace un año, las más numerosas fueron de nuevo las presentadas por la víctima (25.308), que representan el 73 por ciento del total. La mayor parte de las denuncias presentadas por la víctima lo fueron ante la policía (24.851).

En cuanto a las presentadas por familiares, sumaron un total de 698, un 37,4 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2019. Respecto al total de denuncias, las interpuestas por los familiares se mantuvieron un trimestre más en un porcentaje muy bajo y apenas superaron el 2 por ciento.

Desciende el número de mujeres víctimas

El número de mujeres víctimas de la violencia machista registrado en el segundo trimestre del año fue de 33.338, lo que ha supuesto un descenso interanual del 13,9 por ciento. Pese a esta importante disminución, se mantuvo estable y en porcentajes muy similares a los de hace un año el número de víctimas de nacionalidad española, el 67,17 por ciento del total, y el de víctimas de otras nacionalidades, que representan el 32,83 por ciento.

Víctimas menores de edad tuteladas

Por primera vez, el informe recoge el número de víctimas menores tuteladas que se pudieron contabilizar en el trimestre. Esta cifra permite saber cuántos hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas son también víctimas de la violencia machista. En el segundo trimestre del año, ascendieron a 312 niños y niñas, de los cuales 234 (el 75 por ciento) son de nacionalidad española y 78 (el 25 por ciento restante), de otras nacionalidades.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, en el conjunto de España fue del 13,8. Por encima de la media nacional se situaron Baleares (con 23), Canarias (19,6), Murcia (18,3), Comunidad Valenciana (17,6), Andalucía (15) y Madrid (14,1).

La tasa más baja se dio en Castilla y León (con 8,1 mujeres víctimas cada 10.000), seguida de Extremadura (9,4), Galicia (10,6) y Aragón (10,8).

El 9,48 por ciento de las víctimas se acogió a la dispensa

Las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fueron 3.160, un 23 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019. Pese a este descenso, la proporción de mujeres que prefirieron no prestar declaración con respecto al total de víctimas de la violencia de género se mantuvo en cifras próximas a las de hace un año, pues fueron el 9,48 por ciento. En el segundo trimestre de 2019, representaron un 10,3 por ciento del total.

El hecho de que una víctima de violencia de género se acoja a la dispensa a la obligación legal de declarar no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial, pues ante este tipo de delitos la Fiscalía actúa siempre de oficio.

Órdenes de protección

También las órdenes de protección experimentaron un importante descenso durante el trimestre analizado. El número total de solicitadas fue de 10.124, un 14,8 por ciento menos que hace un año. Del total de solicitudes de orden de protección recibidas, 8.249 se dirigieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y las 1.875 restantes, a los juzgados de guardia. Una de cada cuatro mujeres víctima de la violencia machista (el 24, 74 por ciento) solicitó una orden de protección entre los meses de abril y junio de este año.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron 5.838 órdenes de protección o, lo que es lo mismo, el 70,8 por ciento del total de solicitadas, porcentaje prácticamente idéntico al de las acordadas en el mismo trimestre del año pasado, que fueron el 70,43 por ciento de las incoadas.

Por su parte, los juzgados de guardia recibieron 1.875 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales acordaron 1.479 (79 por ciento del total).

En el 52,5 por ciento de los casos, la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento de solicitar la orden de protección.

Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección

Los juzgados adoptaron también un total de 18.161 medidas judiciales, tanto civiles como penales, de protección de las víctimas (mujeres y menores). Del total de medidas de protección, 14.257 se acordaron en el ámbito penal y 3.904, en el civil.

De las 14.257 medidas de carácter penal, 10.526 (el 74 por ciento) se acordaron en el ámbito de la orden de protección, mientras que las 3.731 restantes (26 por ciento) se acordaron como medidas cautelares. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.603), que representan el 71,31 por ciento del total de las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y la prohibición de comunicación (5.367), que representan el 67,8 por ciento. La salida del agresor del domicilio se acordó en el 10,14 por ciento de los casos y la prohibición del volver al lugar de los hechos, en el 6,59 por ciento.

En cuanto a las medidas civiles, el 94 por ciento de ellas (3.665) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y el 6 por ciento restante (249), como medida cautelar. El 21,63 por ciento de las medidas civiles estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 17,75 por ciento, con la atribución de la vivienda, siendo ambas las adoptadas con mayor frecuencia. La suspensión de la guarda y custodia se acordó en el 5,12 por ciento de los casos y la del régimen de visitas, el 3,58 por ciento.

Con respecto al segundo trimestre de 2019, ambos tipos de medidas también han experimentado un descenso: las penales bajaron un 20,5 por ciento y las civiles, un 9,8 por ciento.

Siete de cada diez sentencias dictadas terminaron en condena al maltratador

Si bien en el trimestre analizado los órganos judiciales dictaron un 59,67 por ciento menos sentencias que hace un año, la proporción entre las condenatorias y las absolutorias se mantuvo en términos similares a los del segundo trimestre de 2019. Así, del total de 5.344 resoluciones, 4.128 (el 77,25 por ciento) fueron condenatorias y 1.216 (el 22,75 por ciento), absolutorias. El porcentaje de condenas ha superado el máximo histórico, que fue del 70,54 por ciento en el conjunto de 2019.

Los datos aportados por todos los órganos judiciales al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se sigue dando en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 91 por ciento de condenas sobre el total de sentencias dictadas (casi cinco puntos porcentuales más que en el mismo trimestre de 2019). Las sentencias condenatorias dictadas por las audiencias provinciales representaron un 82,86 por ciento (4,3 puntos menos que hace un año) y las sentencias condenatorias de los juzgados de lo penal representaron el 58,45 por ciento del total (un porcentaje muy similar el del segundo trimestre de 2019).
◾Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron un total de 863 juicios sobre delitos leves entre abril y junio, 986 menos que hace un año. Casi la mitad, el 48 por ciento de los juicios, fueron de enjuiciamiento inmediato. Un 43 por ciento de los asuntos ingresados en estos órganos judiciales estaban relacionados con el delito de injurias; un 38 por ciento, con el de vejación injusta; y el 20 por ciento restante estaban relacionados con otros delitos.

En el trimestre analizado, estos órganos judiciales ingresaron 44.562 asuntos penales, un 16,68 por ciento menos que hace un año, cuando recibieron 53.487 asuntos de este tipo. Los delitos que centraron la mayor parte del trabajo de estos órganos judiciales volvieron a ser las lesiones y malos tratos del art. 153 del Código Penal, que representaron el 51,2 por ciento, y las lesiones y malos tratos del art. 173, un 13,2 por ciento del total.

En el trimestre analizado fueron enjuiciadas por estos juzgados 3.004 personas, frente a las 5.399 que se sometieron a juicio en el mismo periodo de 2019. De ellas, 2.990 fueron hombres y 14, mujeres. Fueron condenadas 2.745, mientras que 259 resultaron absueltas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan también demandas civiles –en su mayor parte divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el trimestre analizado, estas demandas sumaron 3.610, lo que ha supuesto un descenso del 35,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado, cuando fueron 5.608. Los asuntos civiles tramitados en los juzgados de violencia sobre la mujer siguen siendo una cantidad muy baja en comparación con la de los penales.
◾Juzgados de lo Penal

La actividad de los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, disminuyó un 57,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019. Estos órganos judiciales recibieron en el trimestre 3.500 asuntos, frente a los 8.275 de hace un año.

En total, los juzgados de lo Penal dictaron 2.337 sentencias (hace un año sumaron 7.777), de las cuales 1.366 fueron condenatorias.
◾Audiencias provinciales

Las audiencias provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas de prisión superiores a cinco años, dictaron 35 sentencias (29 de las cuales fueron condenatorias), una cantidad muy inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2019, cuando dictaron 109 sentencias.
◾Juzgados de menores

Finalmente, los juzgados de menores enjuiciaron entre abril y junio de este año a 34 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. La cifra de menores enjuiciados se ha reducido a menos de la mitad de la registrada en el mismo trimestre de 2019, que fue de 79.

En el segundo trimestre de 2020 se impusieron medidas (equiparable a una sentencia condenatoria) en todos los casos.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, señala que los datos del trimestre ponen de manifiesto de forma palpable las dificultades añadidas que han tenido las mujeres víctimas de violencia machista para denunciar a sus agresores, una circunstancia de la que desde el Observatorio se alertó durante el tiempo que duró el confinamiento decretado en marzo como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

Todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género y en la protección a las víctimas, afirma, se mantuvieron activos durante el confinamiento; de hecho, la actividad judicial referida a esta materia no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales y los jueces siguieron trabajando, al haber sido declarada esencial por el CGPJ. Pero los datos mostraban entonces –y confirman ahora- la dramática situación vivida por estas mujeres, que se vieron obligadas a vivir el estado de alarma encerradas en casa con su maltratador, un hecho que para ellas supuso un escollo añadido para pedir ayuda y denunciar los hechos ante el juez o ante la policía.

Sin duda, señala Carmona, éste es el contexto en el que debemos encuadrar el importante descenso en el número de víctimas, denuncias y solicitudes de órdenes de protección, en todos los casos muy próximo al 15 por ciento.

La presidenta del Observatorio destaca el esfuerzo que los órganos judiciales están realizando para elaborar las estadísticas que permiten realizar una radiografía precisa de la violencia de género en España. En este sentido, señala la importancia de haber contabilizado por primera vez el número de víctimas menores tuteladas de la violencia de género. Se trata de los hijos e hijas de las mujeres maltratadas que también sufren una situación de violencia.

El dato no sólo es relevante en sí mismo, sino que además sirve para poner de manifiesto cómo la maternidad es uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia machista. Carmona recuerda que, según un estudio realizado por el Observatorio, el 75 por ciento de las víctimas mortales de violencia machista entre 2016 y 2018 eran madres.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 92,1 por ciento y los derivados del impago del alquiler, un 89,8
◾Los concursos se redujeron en un 22,7 por ciento y, por primera vez, los de personas físicas, en total 1.176, superaron a los de personas jurídicas, que fueron 1.129
◾Se presentaron un 2,6 por ciento menos demandas por despido, mientras que las de reclamación de cantidad bajaron un 36,7 por ciento

La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 73,2 por ciento de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300 (el 21,7 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.

Estadística de lanzamientos del CGPJLa disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1 por ciento, y ya van 20 trimestres consecutivos de disminuciones; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8 por ciento, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía (con 275, el 19,9 por ciento del total nacional) es la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana (con 195), Cataluña (con 148) y Castilla y León (con 126).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Andalucía, con 172, lo que equivale al 17 por ciento del total; le siguen la Comunidad Valenciana (131); Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid (101 cada una). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía, con 91, encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 57, y de Cataluña, con 21.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2020 fue de 6.953, un 62,6 por ciento menos que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 947 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 91,3 por ciento.

En el trimestre analizado se presentaron 3.387 ejecuciones hipotecarias, un 12,2 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 826 (el 24,4 por cien del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588; y Murcia, 273.

El número de concursos presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 2.305, de los que 1.176 correspondieron a personas físicas no empresarios. Es el primer trimestre en el que los concursos de personas físicas superan a los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil. El total de concursos ha mostrado una reducción del 22,7 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019.

En los juzgados de lo Mercantil se han presentado 1.129 concursos, un 34,7 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo Mercantil: 417, lo que supone el 36,9 por ciento del total. Le siguieron Madrid, 163; la Comunidad Valenciana, 145; y Andalucía, con 110.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (1.176) mostraron una disminución interanual del 6,2 por ciento. Cataluña fue el territorio con más concursos presentados (389, el 33,1 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143; y Andalucía, con 138.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2020 en los juzgados de lo Mercantil fue de 708, con una reducción del 31,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. A esta cifra se añaden los 278 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el segundo trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 435, un 41,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 108 expedientes, un 14,3 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En los juzgados de lo Mercantil se han admitido a trámite 35 concursos consecutivos, 24 de ellos en Cataluña. Se han declarado 201 concursos consecutivos, 132 de ellos en Cataluña; y se han declarado y concluido por el art.176 bis un total de 22.

Las demandas por despido disminuyen un 2,6 por ciento

En el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6 por ciento menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8 por ciento del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7 por cien inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8 por cien del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.

Los procedimientos monitorios disminuyen un 23 por ciento

En el segundo trimestre de 2020 se han presentado en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción 133.351 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución interanual del 23 por ciento. Como en trimestres anteriores, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 28.706: le han seguido la Comunidad Valenciana, 18.453; Cataluña, 16.727; y Madrid, 14.049.

Los monitorios europeos, que venían mostrando incrementos interanuales muy importantes desde 2018, han tenido una disminución del 78,8 por ciento en este trimestre. Se presentaron un total de 1.358, de los cuales 292 en la Comunidad Valenciana; 281 en Madrid; y 186 en Galicia.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En el segundo trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 45.988 asuntos de esta naturaleza; se han resuelto 17.617, quedando en tramitación 262.527. Se han dictado 13.161 sentencias, el 97,8 por ciento de las cuales fueron estimatorias. El importante incremento en el ingreso, y en consecuencia en la pendencia, se debe a la Comunidad de Madrid, que ha reflejado el ingreso de 27.555 asuntos, correspondiendo la mayor parte de ellos a asuntos pendientes de registrar.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2020 ingresaron 757, un 20,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019, y se resolvieron 449. En Andalucía se ha presentado el mayor número de demandas (236, que representan el 31,2 por ciento del total nacional). Le siguen Cataluña, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.

Exponer las habilidades de litigación claves para la preparación y ejecución del interrogatorio de peritos en sala, con la finalidad de que la intervención del abogado litigante se realice con garantías de una defensa eficaz y exitosa. Este es el principal objetivo de la próxima Conferencia de los Lunes, que con el título “Habilidades de litigación: técnicas y estrategias para el interrogatorio del perito” será impartida por el abogado y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León el próximo 28 de septiembre, de 16:30 a 18:00 horas.

Durante la Conferencia se tratarán temas como las diferentes modalidades y técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, los objetivos de ambos, el tipo de preguntas a emplear, la preparación del perito, la duración y ritmo ideales a emplear, el lenguaje no verbal, la planificación del examen directo o el orden de la declaración u opinión profesional.

A la Conferencia se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita a través del siguiente enlace https://www.formacionabogacia.es/course/view.php?id=527

El salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza ha acogido la primera acción formativa presencial desde que se entráramos en la “nueva normalidad”, con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento establecidos Y lo ha hecho con la charla de las letradas del Colegio Pilar Arnas y Carmina Mayor para hablar de la “¿Acción civil o penal frente a la ocupación de inmuebles?”

Una conferencia motivada por el aumento de casos que se están conociendo a través de los medios de comunicación y que ha hecho a las dos letradas reflexionar, precisamente por este incremento del fenómeno de la ocupación y porqué la gente ha salido a la calle para quejarse.

Pilar Arnas ha manifestado que el caso de la ocupación ha existido desde siempre, pero hasta ahora no afectaba al ciudadano ya que se ocupaban edificios históricos o propiedad de los bancos, edificios deshabitados. Era una ocupación en la que estaban implicadas personas o familias de especial vulnerabilidad, o incluso personas que aparándose al “derecho a una vivienda justa” encontraba un lugar para vivir. Hasta socialmente se justificaba con “para que un edificio esté vacío, que viva quien lo necesite”. Esta permisibilidad, junto a la poca efectividad judicial y policial ha podido llevar al actual auge del fenómeno de la ocupación.

En esta reflexión se suma también el factor de las mafias o grupos organizados. Grupos que en 2018-2019 estaban en Madrid o Barcelona y que a comienzos de este año han empezado a introducirse en ciudades como Zaragoza. Grupos organizados que a veces extorsionan a propietarios metiéndoles un okupa en s vivienda o captando a personas en situación vulnerable e introduciéndolos en bloques de barriadas.

Estas situaciones generan conflictos vecinales por la convivencia, otros tipos de delitos e incluso problemas de higiene y salubridad, lo que hace que los vecinos decidan actuar. Esto ha hecho que se haya despertado el debate político y que la Fiscalía haya actuad recordando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla las medidas cautelares por las que, ante una denuncia, automáticamente se hace el desalojo. Y juzgados, como del Instrucción número 7 de Zaragoza, lo está aplicando.

Cerca de 2.300 juristas siguieron la Jornada ‘online’ organizada por el Consejo General de la Abogacía Española

Antonio J. Navarro Selfa, abogado y decano del Colegio de Abogados de Cartagena y Alejandro Fuentes-Lojo Rius, abogado y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona abordaron en la Conferencia de la Abogacía que se ofreció el 17 de septiembre “la ocupación ilegal de inmuebles, el fenómeno okupa”. El derecho a la vivienda y su protección, constituyen uno de los temas de actualidad en el que los profesionales de la abogacía hemos de dar puntual respuesta en el ejercicio del derecho de defensa.

Cerca de 2.300 abogados y abogadas siguieron ‘online’ la Jornada de formación en el campus virtual de la Abogacía.

La okupación es un “fenómeno con muchas aristas jurídicas porque hay que dominar no sólo la parte procesal civil y penal sino también la inmobiliaria” y sobre todo diferenciar entre derecho de posesión y derecho de propiedad.

Dependiendo de la particularidad de cada ocupación deberemos utilizar la vía jurídica civil o penal para conseguir el desalojo, ya que “es una cuestión muy enmarañada”. En la jurisdicción civil hay que tener en cuenta la Ley 5/2018 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta ley introduce una especialidad en el tradicional procedimiento del juicio verbal especial de interdicto de recobro de la posesión previsto en el art. 250.1. 4ª de la LEC.

Desde la óptica civil, hay que destacar los interdictos para recuperar la posesión tanto la natural como la civil. El procedimiento por precario es el más rápido para recuperar la posesión y es el más habitual para recuperar la vivienda ‘okupada’ de forma ilícita.

Otro procedimiento, menos conocido es el de la protección de los derechos reales inscritos, donde se necesita una certificación registral de la propiedad del título real inscrito así lo dice el artículo 38 de la actual Ley Hipotecaria. Sin él no se puede aplicar esta acción.

Navarro Selfa trasladó a los más de 2.000 asistentes online su preocupación sobre la situación de las comunidades de propiedades y expuso su opinión sobre el procedimiento recogido en la Ley 5/2018. En el preámbulo de la ley ya se distinguía entre las ocupaciones producidas por los desahucios bancarios y las producidas por intervención de mafias organizadas, “que se ha convertido en un negocio lucrativo”.

El interdicto de recobrar la posesión tiene como finalidad agilizar la vía civil y ha sido muy cuestionado por excluir a las personas jurídicas (entidades financieras y sociedades inmobiliarias) de este procedimiento, pero el Tribunal Constitucional ha avalado la sumariedad de este interdicto. También los arrendatarios y usufructuarios puedes utilizar esta vía, aseguró Navarro Selfa, además que se puede dirigir contra los ocupantes sin identificarlos al desconocer el propietario o poseedor la identidad del ‘okupa’.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Dentro de la Instrucción de Fiscalía se menciona en la petición de medidas cautelares a las comunidades de propietarios, por los perjuicios ocasionados a vecinos y colindantes, reconoció Navarro Selfa. El interdicto posesorio no puede utilizarse por las comunidades de propietarios, aseguró el decano de Cartagena, quién apostó por permitir a las comunidades de propietarios utilizar la vía de la Ley 5/2018.

Las comunidades de propietarios pueden acudir al art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal por actividades molestas, reiteradas y constantes para evitar la presencia de ‘okupas’ en el edificio.

LA EXCEPCIONAL VIA PENAL

El fenómeno ‘okupacional’ no es unívoco, no es lo mismo una mafia que una persona que puede excepcionar un estado de necesidad. La vía penal tiene el problema de la intervención mínima como último ratio. A partir del 2015 hay dos delitos el de allanamiento de morada, del art 202 del Código Penal (menos habitual), y el de usurpación de bienes inmuebles, del art. 245 que fue rebajado a delito leve. Esta situación ha provocado una gran inseguridad jurídica. Fuentes-Lojo señaló que “la instrucción de Fiscalía 1/2020 sobre allanamiento de morada es importante para unificar criterios”.

Fuentes-Lojo aseguró que sin un delito claro y flagrante utilizar la vía penal puede complicar la recuperación de la vivienda ‘okupada’, también hay que evitar que transcurra el tiempo para acudir a la vía penal. Otro problema es cuando se suceden los ocupantes de la vivienda de forma ilegal. La vía penal puede ser muy rápida, pero cuando no lo es llega a ser ineficaz.

La vía penal es más lenta que la vía civil, a excepción de que se adopten medidas cautelares, pero siempre está dificultado por el uso de contratos y títulos de posesión falsos por los ‘okupas’. La instrucción de Fiscalía es un paso adelante para recuperar la vivienda ‘okupada’ y proporcionar mayor seguridad jurídica.

La Abogacía madrileña demuestra con datos la ineficacia de las medidas adoptadas para desatascar los juzgados y tribunales tras la pandemia y advierte que no volverá a tolerar un mes de agosto como el de 2020
◾El decano del ICAM anuncia futuras movilizaciones si no se tiene en cuenta a la Abogacía en las decisiones que afecten al funcionamiento del sistema de Justicia

“La habilitación del mes de agosto ha sido una medida absolutamente inútil para solucionar los problemas de la Administración de Justicia”. Con esta rotundidad ha revelado hoy el Colegio de Abogados de Madrid una de las principales conclusiones del primer Observatorio sobre la Normalización de la Actividad Judicial cuyo avance de resultados ha sido presentado hoy por el decano José María Alonso y el director del Área de Defensa al Colegiado/a y Normativa, Fernando Bejerano.

Se trata de una encuesta realizada entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2020 en la que han participado más de 1.200 profesionales de la abogacía que demuestra con datos la ineficacia de una de las principales medidas adoptadas para descongestionar los juzgados y tribunales madrileños tras el estado de alarma.

“El ICAM se opuso desde el principio a la habilitación del mes de agosto, y no porque los abogados y abogadas no queramos colaborar para ayudar a este país a sobreponerse a los gravísimos efectos de la pandemia”, ha recordado Alonso, sino porque “sabíamos que los únicos paganos de esa inutilidad y de esa habilitación parcial del mes de agosto íbamos a ser los abogados y los procuradores. Y lamentablemente la realidad nos ha dado la razón”.

Efectivamente, los datos obtenidos reflejan que, a pesar de haberse decretado la habilidad del mes de agosto, las actuaciones durante este mes han sido muy escasas. También se observa que de forma mayoritaria se ha ignorado la recomendación del CGPJ relativa a la notificación anterior al 15 de junio de los señalamientos comprendidos en el mes de agosto, o que tan solo un 10% de los encuestados manifiesta haber celebrado de forma telemática algún señalamiento desde la reactivación de la actividad judicial.

Si bien las recomendaciones realizadas por los distintos estamentos de la Administración de Justicia eran “medidas sustentadas en la buena fe y en la creencia de que iba a servir para algo”, para Alonso la realidad es que no ha servido porque “los jueces se consideran los reyes de taifas de sus juzgados, los jueces deciden lo que se hace en su juzgado, y al socaire de que es actividad jurisdiccional incorporan decisiones que no son actividad jurisdiccional”. En ese sentido, el decano ha aclarado que los abogados “no queremos entrar en absoluto en el funcionamiento del poder judicial como tal poder, en cómo un juez decide los asuntos”, pero en materia de señalamientos o notificaciones sí funcionan como una administración normal “y por tanto tienen que someterse a las exigencias y a los requerimientos que se exige de toda administración normal”.

Según trasladan los profesionales de la abogacía de Madrid encuestados, la celebración de señalamientos en horario de tarde en los meses de junio, julio y agosto, no supera el 10%. Además, el 87% manifiesta que la fecha del señalamiento no ha sido consensuada previamente. Además, en torno a un 50% de los encuestados/as, han comunicado haber sufrido alguna suspensión durante los meses de junio y julio.

Por lo que se refiere a las medidas de protección frente al COVID, el Observatorio refleja que se han trasladado incumplimientos de la distancia de seguridad (16,5%), en la adecuación de salas de vistas (14,8%), en la falta de medios de protección (12,8%), en la limpieza de salas de vistas (15,6%) y en el debido distanciamiento entre señalamientos (29,9%).

Otro de los aspectos del informe sobre los que ha llamado la atención el decano es el estado de la pendencia de Madrid en el registro de demandas. Así, ha destacado Alonso que a fecha 3 de septiembre de 2020 existan 31.679 demandas iniciadoras de asuntos civiles y 1.929 demandas ejecutivas sin repartir. “Sobre estas demandas los abogados hemos estado trabajando, y el mínimo derecho que tenemos es que se reparta”, ha señalado.

Tras exponer las principales conclusiones del Observatorio, el decano madrileño ha subrayado la importancia de la abogacía como parte de Administración de Justicia. “Se nos llama colaboradores, lo cual niego, pero aunque se nos llame colaboradores lo que no puede ser es que nos traten como gente de segunda y relegarnos a un papel secundario. Y desde luego, como decano del Colegio de Madrid, el más grande de Europa, no puedo aceptar que eso siga sucediendo como está sucediendo”.

Por todo ello, el Colegio de Abogados de Madrid seguirá reclamando hasta la saciedad la participación de la abogacía en la toma de decisiones de la Administración de Justicia, sin descartar otro tipo de acciones. “Los abogados vivimos de hechos y pruebas, y yo estoy contando hechos y pruebas, si pese a eso no pasa nada, tendremos que ir a las movilizaciones”, ha anunciado Alonso.

Para finalizar, y recordando que las críticas contenidas en este informe son constructivas, no destructivas, Alonso ha reiterado la necesidad de que la abogacía forme parte integrante de la solución. “No se nos puede excluir de la solución. Y desde luego, este Colegio de Abogados de Madrid, que es el más grande de España con diferencia, no va a tolerar un mes de agosto como el que hemos tenido”.

Por Santiago González Recio, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía Española.

El mundo de la abogacía comienza el curso agitado por los coletazos que nos ha dejado un agosto en el que unos pocos pretendían recuperar lo que no se hizo en las muchas semanas de la fase más aguda de la pandemia. Dejar LexNet abierto durante tres semanas del único mes vacacional para demostrar a los ciudadanos que la Justicia recuperaba el terreno perdido nos pareció a la Abogacía desde un comienzo una de las peores ideas nacidas del Ministerio de Justicia desde que comenzó la forzada convivencia con el Covid-19.

Lo dijimos desde el primer día por activa y por pasiva, por escrito y verbalmente, en la prensa y las redes sociales, individualmente y con un pronunciamiento unánime del pleno, aunque haya quien se obstinase en atribuirnos pasividad o escasa beligerancia. A eso estamos acostumbrados. Lo peleamos hasta donde nos fue posible, consiguiendo un incompleto cambio legal, y lo denunciamos hasta desgañitarnos. A pesar de lo cual, no fue posible persuadir al Gobierno de su error.

Y tal y como dijimos, agosto ha transcurrido con la pereza procesal a la que estábamos acostumbrados. Con la diferencia de que miles de abogados y procuradores hemos tenido que renunciar a nuestro descanso para estar atentos a las escasas notificaciones que nos arrojaba LexNet. La frustración ha sido doble: por un lado, porque hemos tenido que renunciar a conciliar con nuestras familias o simplemente a disfrutar de un merecido descanso, por otro, porque ni siquiera ha servido para avanzar en deshacer la montaña del trabajo acumulado. No ha tenido ninguna utilidad el marginal tráfico de notificaciones pues los juzgados apenas le han dado curso a los escritos por encontrarse la mayoría de jueces, LAJs y funcionarios de vacaciones.

El malestar compartido se ha acumulado al preexistente por las consecuencias de los tres meses en que la Justicia quedó congelada por la epidemia. Y se ha acrecentado todavía más por la comunicación oficial del Ministerio de Justicia queriendo atribuirse un éxito que las propias cifras, los abogados, los procuradores, los jueces, los LAJs y los funcionarios se han apresurado a desmentir de forma contundente.

Equivocarse forma parte de la condición humana, sea la decisión individual o colectiva. Quienes hemos gestionado instituciones lo sabemos. Y quienes llevamos algún tiempo en esto también hemos aprendido que mucho peor que equivocarse es obstinarse en el error por no saber reconocerlo a tiempo. Claro que siempre hay quien, circulando en dirección contraria, piensa que son el resto los que no saben la más elemental de las reglas de la conducción.