Los aspirantes que se presentaron al examen de acceso correspondiente a las convocatorias de 2019 y 2020 y que superaron la prueba pueden ya descargarse su título profesional, después de que la Secretaría General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia comunicara este miércoles 17 de febrero que se habían expedido dichos títulos.

En concreto, se trata de las siguientes convocatorias:

– Primera prueba de 2019, convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre.

– Segunda prueba de 2019, convocada por Orden PCI/772/2019, de 12 de julio.

– Primera prueba de 2020, convocada por Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre.

– Segunda prueba de 2020, convocada por Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre.

Los aspirantes podrán descargar su título profesional de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (http.//sede.mjusticia.gob.es). Pueden acceder a la descarga a través del apartado “Consulta de resultados / Tramitación on-line sin certificado digital” del siguiente enlace: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/evaluacion-aptitud

El pasado 5 de enero el CVCA ya remitió a la Conselleria de Sanitat una petición de información sobre la previsión de vacunación de los letrados del turno de oficio

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha remitido de nuevo escrito a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública y a la Conselleria de Justicia, tras conocer los recientes cambios introducidos en la “Estrategia de vacunación frente a la COVID-19”, en los que se recoge, dentro del Grupo 6 de personas a vacunar, la de aquellos “Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad”. El CVCA, considera prioritario que la abogacía de oficio, que realiza guardias de asistencia a detenidos y víctimas de violencia, esté incluida en este grupo ya que presta un servicio público esencial. Sí lo ha hecho, tal y como recuerda el CVCA en su escrito, la consejera de sanidad del País Vasco, Gotzone Sagardui, quien ya incluye dentro de estos “Colectivos” a los abogados del Turno de Oficio de dicha comunidad autónoma.

“Efectivamente, los letrados de oficio cumplen una función esencial para la sociedad, garantizada en la Constitución Española y, de hecho, la han seguido cumpliendo con sus guardias de asistencia, incluso durante el estado de alarma, las 24 horas del día los 7 días de la semana y, lamentablemente, a consecuencia de ello han sido muchos los contagiados durante esas guardias. Algunos de extrema gravedad, dado que su distancia con los detenidos, a los que tienen el deber de defender y que, en ocasiones, incumplen los mínimos protocolos sanitarios, en centros de detención normalmente pequeños, sin ventilación y sin una separación suficiente, lo que hace especialmente necesaria su inclusión dentro del grupo 6”, afirma el presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, Agustín Ferrer, en su escrito remitido a la consellera.

El pasado 5 de enero, el pleno del CVCA ya remitió a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una petición de información sobre el calendario previsto por la campaña de vacunación contra la COVID-19. En concreto, se solicitaba: “si hay previsto algún protocolo o fase específica para estos profesionales – en referencia a los abogados en general y los letrados que prestan el servicio público del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, en particular-”. La respuesta remitida al Consejo desde la Conselleria de Sanitat fue que “se tendrá en cuenta para trasladar al Ministerio de Sanidad … y que la Conselleria distribuirá la vacuna de la COVID-19 de acuerdo con el orden que se define en la Estrategia anteriormente citada…”, en la que, hasta la fecha, no figuran los profesionales del derecho.

Desde el órgano que representa a la Abogacía de la Comunitat Valenciana, insisten en que los letrados que se dedican a un servicio público esencial como es la Asistencia Jurídica Gratuita al ciudadano, deben entrar en un calendario de vacunación con un protocolo específico. Asimismo, se hace especial referencia a determinadas dependencias policiales y de la guardia civil, en las que no se dispone de las mínimas condiciones de seguridad para hacer frente a la pandemia.

“Creemos que los profesionales del derecho que están llevando a cabo una labor tan importante como es garantizar el derecho de defensa del ciudadano, deben prestarlo sin que ello suponga un peligro para su integridad física. De no ser así, el propio ejercicio de este derecho fundamental se resentirá”, afirma el presidente del CVCA.

El próximo 22 de febrero, el presidente del CVCA y los decanos de los ocho Colegios de Abogados de la Comunitat, se reunirán telemáticamente con la consellera de Justicia para abordar, entre otros puntos, esta cuestión. El presidente del Consejo confía que haya una respuesta favorable por parte de la Conselleria ya que la abogacía de oficio es un servicio público esencial para la ciudadanía, gracias al cual se garantiza un derecho fundamental, el derecho de defensa.

El progenitor alegó que no reunía las condiciones necesarias para afrontar una custodia compartida porque entraba al trabajo, situado a 45 kilómetros de distancia, a las 6:30h de la mañana y salía a las 15.00 h. Además, alegaba que no tenía quien le ayudase puesto que convivía con su madre de 70 años.

En la sentencia, el juez reconoce las dificultades del progenitor para conciliar vida laboral y familiar, pero subraya que la madre se enfrenta a inconveniente muy parejos. Los dos progenitores se encuentran en una situación similar familiar: «Ambos tienen otro hijo de una pareja anterior, viven en domicilios independientes y los ingresos mensuales son estables con poca diferencia entre ambos».

El juez entiende que, en este caso, la custodia compartida es el sistema más favorable y que la asistencia a su hija «es prioritaria a cualquier otra cuestión». En este sentido, dice la sentencia, es posible que sea necesaria la ayuda de terceras personas o la búsqueda de flexibilidad laboral a fin de que la niña pueda permanecer con sus dos progenitores de forma análoga.

En este sentido, el vocal de la AEAFA José Luis Cembrano Reder recuerda que «la custodia no es solo un derecho, sino también una obligación de ambas partes». «La custodia compartida puede acordarse cuando ninguno de ambos ha solicitado la custodia monoparental para sí en exclusiva, siendo suficiente que la solicite uno de ambos», afirma Cembrano.

Implantación en España

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la custodia compartida crece en España: En 2019 se optó por este sistema en el 37,5% de los casos (cuatro puntos más que en 2018). En el caso de exparejas del mismo sexo, la custodia compartida alcanza el 52,3%. El I Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA señala que el 79% de los abogados encuestados considera satisfactoria o muy satisfactoria la adaptación de los menores al sistema de custodia compartida.

«Desde AEAFA no hacemos apología por ninguno de los dos sistemas ( compartida/exclusiva). Los dos son perfectamente válidos y amparan el interés y necesidades de los hijos menores, dependiendo del caso concreto. No obstante, el Tribunal Supremo ha decretado en su Jurisprudencia que la custodia compartida es el sistema deseable de crianza para los hijos. En todo caso, cada supuesto debe ser estudiado y atendido tomando en consideración lo más beneficio para los hijos concretos y la familia concreta. Debemos hacer «un traje a medida» para cada familia. Lo cierto es que la custodia compartida empieza a generalizarse, y eso hace que empecemos a normalizar entre los juristas y la ciudadanía un sistema de reparto de tiempo igualitario que antes era excepcional y generaba miedo y reticencias», afirma María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA.

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha un proyecto de coaching personalizado que contribuya a mejorar la situación anímica y laboral de los abogados que estén atravesando un bache profesional debodo a la crisis del Covid-19.

La iniciativa, enmarcada dentro del programa “Por un buen futuro”, surge por la grave situación de desempleo y vulnerabilidad que están sufriendo muchos profesionales de la abogacía a causa de la pandemia. En concreto, está dirigida a los colegiados inscritos en el Portal de Empleo del ICAM que se encuentren en situación de especial necesidad, bien por llevar mucho tiempo en desempleo, bien por tener dificultades económicas derivadas de las falta de oportunidades profesionales, o bien por encontrarse en una situación de baja estima y motivación.

Los beneficiarios de este servicio recibirán de manera gratuita sesiones one to one con un experto en coaching que trabajará el área motivacional y proporcionará un nuevo enfoque en la búsqueda activa de empleo.

El objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para encontrar los puestos de trabajo que más se adapten a cada perfil, identificar prioridades y definir objetivos en el momento en que más se necesita una adaptación al cambio, descubrir y saber vender puntos fuertes. así como identificar los puntos débiles y obstáculos externos e internos que limitan a las personas.

También recibirán formación específica para elaborar un plan de acción personalizado orientado a aplicar las tendencias que se marcan en el uso de herramientas digitales, aprender a generar y mantener una red de contactos que le ayuden en su búsqueda, y trabajar en técnicas para superar la entrevista de trabajo.

Las consecuencias económicas de la larga pandemia causada por el Covid-19 van mucho más allá de los ERTEs en empresas, ya que en muchos casos los negocios se han visto obligados a echar el cierre en sucesivas ocasiones según han ido evolucionando las sucesivas olas de contagios desde que comenzó el primer estado de alarma el pasado mes de marzo. Bares, restaurantes, gimnasios, salas de cine, centros comerciales, hoteles, agencias de viaje… muchos han visto aumentar exponencialmente sus pérdidas o se han arruinado por los continuos cierres o restricciones de aforo y horarios que se han ido produciendo, primero a nivel estatal, ahora a nivel autonómico, desde que se declaró el segundo estado de alarma.

Por ello, el auto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió el pasado martes, en el que establecía de forma cautelar la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta tasa de incidencia del Covid-19, ha abierto una puerta a la esperanza especialmente para la restauración. En su respuesta al recurso presentado, el TSJ vasco considera que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad, y recuerda que tras la “relajación” de las medidas en las fechas navideñas los epidemiólogos atribuyen el 80% de los contagios a los encuentros familiares y entre amigos.

Leire Lertxundi Beristain, abogada de Sunion Abogados, despacho socio de la firma Hispajuris en San Sebastián que llevó el caso ante el TSJ, recuerda que la normativa exige que las medidas a adoptar por el Gobierno Vasco deben estar justificadas y ser proporcionadas a la finalidad que persiguen, siendo “quien adopta la medida quien debe justificar esta proporcionalidad”. En este caso concreto, apunta que solo se recurrió “el cierre de la hostelería en municipios denominados en ‘zona roja’”, y no las otras medidas relativas a horarios, aforos, uso de mascarilla, distancia o ventilación…”. Finalmente, “la conjugación de los intereses en conflicto hace que la sala entienda que la apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”, por lo que se accedió a la medida cautelar, si bien el propio auto señala que estas medidas pueden ser modificadas o revocadas en función de las circunstancias.

UN ALICIENTE PARA OTRAS CCAA

Tras esta decisión, y aunque previsiblemente será recurrida, se espera que muchas Comunidades Autónomas sigan la estela de la hostelería vasca y hagan lo mismo ante sus TSJ. Por el momento, están pendientes de decisión en Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana, donde ya se han presentado recursos para la reapertura. En Andalucía y Asturias varias asociaciones ya han anunciado su intención de seguir la misma estela. Sin embargo, otras iniciativas similares anteriores no han tenido éxito y se han desestimado, caso de Aragón, Cantabria o Navarra. ¿Cuál es entonces la clave que hace decantarse a los tribunales por estimar las pretensiones de los sectores afectados? En el caso del País Vasco, el recurso se basó en datos, según explica Leire Lertxundi: “para acreditar la desproporción de la medida en relación con la finalidad que se persigue se aportaron gráficos realizados a partir de los datos del propio Gobierno Vasco que demuestran que la apertura de la hostelería con las medidas que no han sido recurridas no supuso un incremento de contagios. Por el contrario, la tasa de incidencia acumulada en el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca bajó durante los primeros quince días desde la adopción de estas medidas que supusieron la reapertura de la hostelería”.

En este mismo sentido apunta Vanessa Fernández Ferré, socia del despacho HispaColex y directora del departamento de Derecho Administrativo de este despacho, miembro igualmente de Hispajuris en Málaga: “el principal fundamento jurídico de la concesión de la medida cautelar del TSJPV se encuentra en que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”. Por ello, considera que este auto “resulta de vital importancia para el conjunto del sector de la hostelería y restauración de todo el país, sentando un importante precedente en aquellas Comunidades Autónomas donde no aparezca suficientemente motivada o justificada la medida de cierre de establecimientos de hostelería en relación con el incremento de casos positivos por Covid-19”.

TRAS LOS HOSTELEROS, OTROS SECTORES

Los hosteleros han sido los profesionales que más se han movilizado en los últimos tiempos, al considerar que se les ha estigmatizado por considerarlos un foco de alto riesgo de infección a pesar de cumplir la normativa sanitaria. Los continuos cierres que se han producido a lo largo de éste año –que para muchos han sido definitivos- han motivado protestas y manifestaciones que finalmente han derivado en recursos antes la justicia. Pero no han sido los únicos. Los gimnasios, otros de los grandes señalados durante los peores momentos de la pandemia y que también han sufrido cierres y restricciones, se han movilizado contra estas restricciones y posiblemente serán los siguientes. Vanessa Fernández señala que los argumentos esgrimidos en el auto del TSJPV “resultarían extrapolables al resto de sectores, ya que todos ellos se encuentran sometidos en las distintas Comunidades Autónomas a importantes medidas regulatorias de aforo, distancias mínimas, uso obligatorio de mascarilla, uso de gel…, lo que sumado a que no constan estudios exhaustivos que determinen donde se encuentran las principales causas o focos de contagio, lleva a considerar la imposibilidad de decretar cierres indiscriminados de los establecimientos comerciales abiertos al público”.

INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS: EL SIGUIENTE PASO

Tras la petición de apertura de negocios, el siguiente paso que se plantea es el de las demandas por daños y perjuicios causados por los cierres. La asociación Hostelería de España, a través del despacho Écija, han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional, mientras que la Plataforma LaHosteleríaDeTodos.org –que acumula ya más de 1.500 bares y restaurantes adheridos- tiene la intención de presentar demandas en grupos de 50 ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas de manos de Cremades & Calvo Sotelo. A nivel autonómico, tras el auto del TSJPV, Sunion Abogados también está preparando reclamaciones patrimoniales en vía administrativa de las tres Asociaciones de Hostelería del País Vasco que instaron la medida cautelar. Los gimnasios, por su parte, harán lo propio con el despacho Broseta, a través de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNIC).

En el caso de reclamaciones de indemnizaciones, Vanessa Fernández señala que “deben ser objeto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados a aquellas empresas que han sufrido un sacrificio especial frente al resto de los ciudadanos en aras del interés general”, ya que “dentro del marco de estado de alarma en el que nos encontramos, puede entenderse que se activa un mecanismo de compensación del extraordinario sacrificio que se impone a los titulares de establecimientos que se ven obligados a su cierre”.

ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO

Sin embargo, no todos lo tienen tan claro. Algunos como los centros comerciales, los hoteles, las agencias de viajes o las salas de cine y conciertos prefieren esperar o negociar ayudas porque no ven excesivo recorrido a las demandas. Este temor no es en vano, ya que no resulta del todo fácil demostrar que los cierres han perjudicado a determinados negocios de una manera concreta. Además, se trata de una situación totalmente inédita en nuestro país, así que no existen precedentes a los que se pueda acudir para aventurar de qué manera se pronunciarán los tribunales, unido a que a nivel autonómico, cada Comunidad tiene su propio ordenamiento y diferentes criterios.

Para poder reclamar indemnizaciones con ciertas garantías, “resultará necesario acreditar la existencia de un daño efectivo y tangible, individualizado (en el titular del establecimiento), económicamente evaluable por pericia especializada y antijurídico (no existencia del deber jurídico de soportarlo)”, recuerda Vanessa Fernández. Se trataría por tanto de daños “que resultan evaluables económicamente, en virtud de los beneficios dejados de obtener o lucro cesante del periodo de tiempo en que la actividad empresarial se vea sometida a medidas de cierre, decretadas bien por el gobierno central o gobiernos autonómicos, lo cual será de vital importancia poder acreditar a través de una prueba pericial”.

A tal efecto, “puede resultar interesante aportar comparativas entre las cifras de contagios obtenidas con las medidas correctoras adoptadas para cada sector y las medidas de cierre de establecimientos comerciales, a fin de acreditar la ineficacia de las medidas de cierre, quedando suficientemente garantizada la salud pública con las medidas correctoras, sin necesidad de exigir su cierre o prohibir el desarrollo de la actividad empresarial”, añade.

En cuanto a la manera de reclamar, Fernández recomienda plantear en primer lugar reclamaciones “por parte de las empresas que se vieron obligadas a su cierre durante el primer estado de alarma, ante el gobierno central, en el plazo de un año desde que se permitió la reapertura de los establecimientos de cada uno de los sectores afectados”. En todo caso, también “se pueden plantear reclamaciones como consecuencia de las restricciones impuestas en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, bajo el amparo legal del segundo estado de alarma”.

En los últimos años las acciones judiciales encaminadas a solicitar la nulidad de las cláusulas contractuales que imponían al prestatario de un préstamo con garantía hipotecaria el pago de la práctica totalidad de los gastos e impuestos devengados, tanto por la constitución, como por la cancelación del préstamo hipotecario y la consiguiente solicitud de devolución de lo indebidamente cobrado por tales conceptos, ha generado una importante litigiosidad, fijando la Sala 1ª del TS doctrina sobre la materia en sus sentencias de 23 de enero de 2019, doctrina que dio lugar al planteamiento de varias cuestiones prejudiciales planteadas por diversos tribunales españoles, dictando el TJUE la sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 (ECLI:EU:C:2020:578).

El TS en sus sentencias de 23 de enero de 2019 (Roj: STS 101/2019; Roj: STS 103/2019; Roj: STS 104/2019 y Roj: STS 105/2019) fijó doctrina sobre la distribución de los gastos de constitución y cancelación en los contratos de préstamo hipotecario con consumidores y estimó que:
1.La normativa notarial (el art. 63 Reglamento Notarial, que remite a la norma sexta del Anexo II del RD 1426/1989, de 17 de noviembre) habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la garantía hipotecaria-, es razonable distribuir por mitad el pago de los gastos que genera su otorgamiento.
2.El mismo criterio resulta de aplicación a la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación.
3.En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, como el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, a él le corresponde este gasto. Y por lo que respecta a las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.
4.Por tanto, de acuerdo con las normas de Derecho nacional aplicables en defecto de cláusula, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario debían repartirse por mitad, razón por la cual el banco demandado sólo podía ser condenado a reintegrar la mitad.

El TJUE nos recuerda en el apartado 55 de la sentencia de 16 de julio de 2020 (ECLI:EU:C:2020:578), que el juez nacional no puede negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarada nula por abusiva, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de dicha cláusula (que no ha existido por ser nula) impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

El TS en sus sentencias de 24 de julio de 2020 (Roj: STS 2495/2020) y 21 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2935/2020), ha resuelto de nuevo sobre la cuestión, analizando la sentencia del TJUE de 16 de julio de 20290, estableciendo en el apartado 8 del fundamento de derecho tercero de la sentencia de 24 de julio de 2020, que se reitera en su doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia de 23 de enero de 2019 resolviendo al respecto que “En conclusión, la jurisprudencia de esta sala distinguió, en cuanto a los gastos que son objeto de este procedimiento, entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, y condenó al banco a pagar estos últimos al consumidor. Doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por la STJUE de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19”.

No obstante, el TS en su sentencia de 26 de octubre de 2020 (Roj: STS 3453/2020), matiza la doctrina respecto de los gastos derivados de los servicios de un gestor, ya que había establecido que debía ser sufragado por mitad, y a fin de adecuar ese criterio a la doctrina contenida en la sentencia del TS de 16 de julio de 2020 (en base a que con anterioridad a la Ley 5/2019 de CCI no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos de gestoría), resuelve que procede la devolución al prestatario de las cantidades abonadas por dicho concepto.

Y ahora en la sentencia dictada de 27 de enero de 2021, se reitera en la doctrina fijada en las sentencias de 24 de julio de 2020 y 26 de octubre de 2020 y matiza su doctrina respecto de los gastos de tasación, a fin de ajustarse a la doctrina fijada por el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2020.

En los apartados 7 y 8 del fundamento de derecho segundo de la sentencia de 27 de enero de 2021, el TS nos dice que los gastos de tasación son el coste de la tasación de la finca sobre la que se pretende constituir la hipoteca y aunque la tasación no constituye propiamente un requisito de validez de la hipoteca, si es un requisito procesal previsto en el artículo 682, 2-1 de la LECivil para la ejecución directa de la hipoteca, además de ser un requisito previo para la emisión de valores garantizados. Si bien ni el RD 775/1997 de 30 de mayo sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, ni la orden ECO/805/2003 de 27 de mayo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles, contienen disposición normativa alguna, por lo que de acuerdo con la STJUE de 16 de julio de 2016, el TS resuelve que ante la falta de una norma aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o una parte de esos gastos, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.

No obstante, el TS nos aclara que cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, conforme lo previsto en el apartado 1) de su artículo 14.1.e), los gastos de tasación corresponderán al prestatario.

Por último, la sentencia de 27 de enero de 2021 impone las costas de primera instancia a la entidad bancaria. Recordemos que en los apartados 98 y 99 de la sentencia de 16 de julio de 2020, el TJUE nos recuerda que condicionar el resultado del ejercicio de una acción declarativa del carácter abusivo de una cláusula contractual predispuesta en un procedimiento de esta índole, únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena, puede disuadir al consumidor de ejercer el derecho que le ampara, debido a los costes que implica una acción judicial de este tipo, siendo contrario al principio de efectividad y a los artículos 6,1 y 7,1 de la Directiva 93/13, un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales, en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas, a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, ya que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho conferido por la Directiva 93/13, a un control efectivo del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contractuales.

De esa declaración del TJUE ya se ha había eco la Sala 1ª del TS en sus sentencias de 15 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2852/2020), 17 de septiembre de 2020 (Roj: STS 2838/2020) y 6 de octubre de 2020 (Roj: STS 3130/2020), estableciendo la sentencia de 15 de septiembre de 2020, en su fundamento de derecho segundo, apartado 6º: “La tesis de la sala sobre las costas viene avalada por la reciente STJUE de 16 de julio de 2020, que declara que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales”.

Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario

Una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores. Así, el alto tribunal dictamina que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

En una nota hecha pública ayer por el Tribunal Supremo, la Sala Tercera considera que “con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario”.

Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores

Las relaciones vecinales y la convivencia en una comunidad de propietarios son siempre caldo de cultivo de problemas y conflictos en condiciones normales, de manera que si a los problemas habituales le añadimos los derivados de confinamientos domiciliarios y restricciones que afectan al ámbito privado, la situación se agrava todavía más. Es lo que ha ocurrido desde que en marzo del año pasado se decretara el primer estado de alarma, que en sus diferentes fases ha tenido un gran impacto en cuestiones de comunidades de vecinos. Del “Resistiré” y los “DJ´s caseros” que intentaban animar a los vecinos durante el confinamiento pero que al final causaban molestias a muchos y los “policías de balcón” de los primeros meses, se ha pasado a problemas más serios como infracciones de normativas anti-Covid o impagos de cuotas.

Uno de los principales problemas es la imposibilidad de celebrar juntas de vecinos debido a las restricciones para realizar reuniones numerosas. Esto “hace que la llevanza de la comunidad sea muy problemática”, a juicio de Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que además apunta a que “la Ley de Propiedad Horizontal, aunque ha sufrido reformas, está muy obsoleta y en la pandemia se ha hecho evidente con la imposibilidad de celebrar juntas telemáticas, con la forma de realización de comunicaciones, etc. Actualmente la Ley está muy matizada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en muchos aspectos, por lo que “sin duda es absolutamente necesario una nueva ley que se adecúe a la realidad social”. Por su parte, Antonio Salas Carceller, ex magistrado del Tribunal Supremo, señala que la imposibilidad de celebrar juntas de vecinos “ha obligado a que en determinados casos deba asumir el presidente la responsabilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones o bien, en casos extremos, a someter por escrito la votación sobre determinados asuntos”, tensando en muchos casos las relaciones vecinales, que ya de por si suelen ser complicadas.

Tanto Antonio Navarro como Antonio Salas participarán en las próximas “Conferencias de los lunes” que se celebrarán los días 1 y 8 de febrero, dedicadas a la incidencia de la pandemia del Covid-19 en las comunidades de vecinos, un tema de especial interés y que además abordará cómo se aplica actualmente la Ley de Propiedad Horizontal, que el año pasado cumplió 60 años y que, como señalaba Navarro, en la situación actual se ha demostrado obsoleta.

MISMAS QUEJAS, DIFERENTE ESCENARIO

¿Han cambiado los motivos principales de queja de las comunidades de vecinos? En realidad siguen siendo los mismos, solo que en distinto escenario. Es decir: ahora las molestias están más influidas por la situación sanitaria. “La mayor parte de las quejas de los vecinos se centran en una mala utilización de las zonas comunes en la situación sanitaria actual, como ascensores o escaleras. También han aumentado las quejas por actividades molestas por ruidos y una nueva situación creada en las relaciones vecinales como es la de quejas por la celebración en las viviendas de reuniones privadas que no respetan las medidas sanitarias”, explica Navarro Selfa. En este último caso, el comportamiento va más allá de la simple molestia por ruidos excesivos o a deshoras, sino que se está incumpliendo con una normativa. Por ello, Salas Carceller es tajante: “desde el momento en que se pueda estar incumpliendo en determinadas viviendas o locales la normativa vigente anti-Covid en la zona de que se trate, cualquier vecino no solo puede, sino que debe, denunciarlo así a las autoridades para que procedan contra los infractores”.

MAYOR MOROSIDAD Y MÁS IMPAGOS DE CUOTAS

Los efectos del Covid-19 en la economía están empezando a hacer crecer la morosidad y esto hace que aumenten también los impagos de cuotas de comunidad. En este sentido, el decano del Colegio de Cartagena señala que normalmente “se aplazan las deudas cuando existe buena voluntad por ambas partes. En caso contrario hay que acudir a la vía judicial, pero la imposibilidad de celebrar juntas complica esta cuestión”.

Las disputas vecinales suelen ser un tipo de conflictos que se intentan resolver mayoritariamente de manera extrajudicial, pero no siempre es así. Antonio Navarro destaca que “la solución extrajudicial del conflicto es fundamental en esta materia; y por ello la labor de los administradores de fincas también resulta muy importante a la hora de llegar a este tipo de soluciones”. Pero el acuerdo no es siempre posible, por lo que muchos casos sí que llegan a juicio. Antonio Salas apunta que “singularmente suelen judicializarse los que se refieren a la fijación y distribución de cuotas, la realización de obras no consentidas y, últimamente, por las consecuencias de los cambios de destino realizados unilateralmente por los propietarios convirtiendo una vivienda en bajo en local de negocio o viceversa”.

Algunas cuestiones incluso llegan al Tribunal Supremo, “fundamentalmente los procesos sobre impugnación de acuerdos de la comunidad por parte de algún propietario, por disconformidad con la imputación de determinados gastos por obras que no se consideran necesarias, desacuerdo en cuanto a la convocatoria de la junta, acuerdos sobre asuntos que no figuran en el orden del día, autorización o no a los propietarios a realizar determinadas obras…”, explica Salas.

OCUPACIÓN ILEGAL EN TIEMPOS DE COVID

Otro de los problemas asociados a las comunidades de vecinos y que se ha agravado desde el inicio de la pandemia es la ocupación ilegal de viviendas. Según Antonio Navarro, “por lo que se percibe en el ejercicio diario de la abogacía y por lo que se extrae de los medios de comunicación, es evidente que sí ha habido un aumento de este fenómeno, derivado de la crisis económica”. Y ante una ocupación en la comunidad, ¿cómo pueden actuar los vecinos? “Las comunidades de propietarios se ven desamparadas ante esta situación ya que les está vetado el ejercicio de la mayoría de las acciones judiciales contra la ocupación, quedando a su alcance únicamente el procedimiento civil ordinario por actividades molestas del artículo 7 con medidas cautelares”, denuncia. “En dicho sentido se hace nuevamente patente la obsolescencia de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 y la necesidad de una nueva legislación adecuada a la realidad social del momento”.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia de la Covid19.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

ACUERDOS DE MEJORA

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto “mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19” y que impliquen “alteraciones de la normalidad” y también “especial vulnerabilidad” de las víctimas.

Junto a los ‘populares’, PSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las muejeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

MUJERES DOBLEMENTE DISCRIMINADAS

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació “en la primera ola de la pandemia” y con el objetivo de ser “una mano tendida hacia las miles de mujeres” que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora “de forma permanente”; y por otro el “clima de colaboración” vivido estos meses para sacar el texto adelante.

EL “ESPÍRITU” DEL PACTO DE ESTADO

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PP, Margarita Prohéns, que lo ha calificado como el “espíritu del Pacto de Estado” aprobado en 2017. La ‘popular’ ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en “lo importante”, y dejar los debates que manienen entre ellos sobre “quién presenta qué iniciativa” que, a su juicio, “desvían el foco”.

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en “todas las violencias” que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes “quieren dar pasos hacia atrás” en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son “de otro mundo” y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley “atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley” y busca “blindar” económicamente los “chiringuitos” del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de protección de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.

En los últimos días varios políticos han pedido que “por higiene democrática”, los Ministerios de Sanidad y Defensa deberían publicar la lista íntegra de los cargos públicos que se han “beneficiado” de su puesto para acceder a la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 “saltándose el protocolo” e incluso algunos han solicitado a la Agencia de Protección de Datos que les autoricen a publicar la lista de vacunados, alegando que lo consideran un “ejercicio de transparencia”. ¿Es legal publicar la lista de los vacunados? ¿En qué casos específicos se podrían hacer públicos? En caso negativo, ¿qué reformas habría que llevar a cabo para hacerlo? ¿Dónde está el límite entre la protección de datos y la libertad de información? Varios expertos en la materia nos dan las respuestas sobre este tema de actualidad, en la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos.

Publicar una lista de personas implica un tratamiento de datos relativos a la salud para una finalidad distinta para la que fueron recabados y por lo tanto, no está dentro de la legalidad. Para Verónica Alarcón, abogada especializada en Derecho de las Nuevas Tecnologías y protección de datos, “la publicación de los datos de los vacunados es un tratamiento de datos personales, y como tal debe respetar la normativa de protección de datos, que en este caso es doble: por un lado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y por otro la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”. Además, aclara que “la normativa europea de protección de datos parte de una prohibición del tratamiento de los datos relativos a la salud (artículo 9.1 del RGPD), con la única excepción del consentimiento del interesado”.

Tampoco cabe invocar el derecho a la transparencia derivado de la Ley 19/2013, de acceso a la información pública y buen gobierno, “primero por una cuestión formal, se debe acudir al procedimiento legalmente establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, y segundo porque esta eventual solicitud de acceso vendrá limitada por el artículo 15 de esta Ley, donde se establece que el acceso a este tipo de datos solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso”, puntualiza.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA Y SANITARIA

Alarcón aclara que si no tenemos el consentimiento, habría que modificar la normativa de protección de datos, pero no solo la nacional, sino la europea y sanitaria “para poder comunicar esos datos con fines de inspección sobre el uso y destino de los recursos o bien crear una Ley Orgánica nueva que permita la publicación de estos datos, si es que dicha Ley es capaz de superar los cánones de constitucionalidad, ya que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental”.

De la misma opinión es Leandro Núñez, socio de Audens y abogado especializado en Derecho Digital. “Para que una Administración Pública pueda tratar datos o publicarlos necesita una habilitación legal y debe ser una norma con rango de ley y específica. Esta ley, para aprobarse, tendría que pasar por los principios de ponderación que marca el Tribunal Constitucional, con los juicios de idoneidad y equilibrio necesarios para cumplir los fines que se persiguen. De cara, es un tratamiento que se antoja difícil”, añade.

“La ley de transparencia no te permita acceder a datos tan sensibles como pueden ser la vacunación de una persona, y que –denuncia- puede dar lugar a una discriminación de la misma, que pueda perder su trabajo o no entrar a una entrevista personal por estar vacunada”.

PROTECCIÓN DE DATOS/ LIBERTAD DE INFORMACIÓN

En el caso de que se haya publicado en medios algunos nombres, explica que aquí se ha ponderado la libertad de información frente a la protección de datos. “Cuando se produce una colisión entre derechos, lo que se trata es de establecer un equilibrio entre ambos y si se trata de una noticia que puede ser de interés público, por mucho que sea personal, puede ser publicada. Eso no significa que se publique una lista de todos los altos cargos que se han vacunado”.

Ignacio Suárez, abogado experto en Protección de Datos, Derecho Internet y Nuevas Tecnologías, expone que “se podría alegar interés público esencial (artículo 9.2 RGPD) de los ciudadanos en conocer ese listado de personas vacunadas o el derecho a la información- artículo 20 Constitución- sobre el derecho a la protección de datos- artículo 18.4 Constitución-, pero es una decisión que debería decidir el Tribunal Constitucional al chocar dos derechos constitucionales”. Y va más allá, aclarando que “lo que habría que cambiar sería la Constitución Española, ya que existe un conflicto legal al colisionar esos dos derechos”.

Con el marco normativo actual, si se hacen públicos los datos de los vacunados, los afectados podrán iniciar acciones legales por vulneración de su derecho a la protección de datos y de intimidad. En el caso que se publicaran con el riesgo legal expuesto, los ciudadanos se pueden defender con el principio de legalidad. “Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD) y podrían interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por su parte, el futuro titular de la lista de vacunación puede acudir a la vía judicial -Tribunal Constitucional- para que decidiera sobre el conflicto entre dos derechos aquí planteados”, expone Suárez. .

Todos inciden asimismo en que entre las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos no está autorizar la publicación de esos datos, como así lo han entendido algunos políticos. “En caso de duda sobre si esa divulgación es ajustada o no al Derecho, el ciudadano podrá elevar consulta previa, con base en el artículo 36 del RGPD, a la Agencia, que emitirá únicamente un informe jurídico, pero nunca una autorización”, señalan.