Un juzgado de Vigo ha dado la razón a un matrimonio víctima de phising en el año 2015 y condena al Banco Santander a devolverles los más de 47.000 euros estafados.

El matrimonio, que reside en Venezuela – él es gallego y emigró allí-, tenía una cuenta bancaria abierta en dólares. Los ciberestafadores se pusieron en contacto con el banco a través de un correo electrónico muy similar al del cliente, cambiando una letra. A través de mensajería los ciberdelincuentes confirmaron la transferencia con la sucursal y llamaron a la oficina suplantando la identidad de la víctima usando acento venezolano.

El abogado que ha llevado el caso, Carlos Pérez Parga, CEO de Cum Laude, critica la actuación de la directora y subdirectora del banco al creer firmemente de que se trataba del cliente: “estaban convencidas de que hablaban con la persona correcta, a pesar de que viene a España una vez al año en verano, ¿cómo pueden asegurar que hablaban con él por tener acento venezolano?”.

Este tipo de estafas, que tienen como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios, son cada vez más comunes. Los clientes que son víctimas de estos delitos suelen ganar los litigios contra las sucursales bancarias.

“Es muy difícil que esto salga mal a un cliente porque el banco tiene que probar que han actuado con todas las medidas de seguridad”, afirma Carlos Pérez, quien considera que se trata de un error de los proveedores de los servicios al no cumplir con los protocolos de seguridad. El juez ha dictaminado la sentencia responsabilizando a la entidad bancaria apoyándose en la ‘Ley de Servicios de Pago’.

Una vez que se ejecutaron las tres transferencias y se materializó la estafa en un periodo de 7 a 10 días, el cliente recibió una llamada de la directora para confirmarlas. El abogado considera que el caso es muy llamativo debido a que “en 7-10 días se transfieren los 50.000 dólares. Además, con transferencias muy sospechosas a Panamá, a Chile”.

El matrimonio creyó que la razón de la llamada era una operación reciente de 150 euros que sí habían realizado. Debido a la imposibilidad de realizar los trámites desde Venezuela, una tía del cliente, que tiene un poder para gestiones varias, fue quién se dirigió a la oficina para confirmar el gasto.

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